El Gobierno Nacional envió este jueves 13 a la Cámara de Diputados el proyecto de Consenso Fiscal, que establece un compromiso entre el Poder Ejecutivo Nacional y las provincias sobre la estructura impositiva provincial para el próximo año.
El entendimiento fue firmado el 27 de diciembre de 2021 por 21 de los 24 gobernadores, a excepción de los mandatarios de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, de La Pampa Sergio Ziliotto y del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.
Ahora, es el turno de la ratificación por parte del Congreso y el envío del proyecto en pleno receso estival permite anticipar la inminente convocatoria de sesiones extraordinarias para tratar una lista de temas, en su mayoría ligados a la recuperación económica, antes del comienzo de período ordinario el 1 de marzo.
Se trata del segundo Consenso Fiscal firmado durante la gestión de Alberto Fernández, y es un acuerdo que se viene firmando desde 2017, cuando el entonces presidente Mauricio Macri convocó a los gobernadores para encarar un proceso de baja de impuestos, que quedó en stand by ante la llegada de la pandemia de coronavirus.
Entre los puntos claves de la iniciativa figura el trabajo para un programa integral de simplificación y de coordinación tributaria federal, mejorar la valuación de los inmuebles que son susceptibles del cobro de impuestos, y como punto central promover la abstención de las provincias de iniciar procesos judiciales contra el Estado Nacional por el período de un año.
Es este el motivo por el cual no participó de la firma Horacio Rodríguez Larreta, que mantiene un litigio con el Gobierno Nacional por la quita de poco más de un punto de coparticipación durante 2020, lo que lo dejó afuera del entendimiento. También propone suspender por igual término los procesos ya iniciados, aunque la Ciudad de Buenos Aires no estuvo dispuesta a tener en cuenta esta cláusula.
El texto también se enfoca en la estructura del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, uno de los pilares de la recaudación de las provincias, y allí se acordó considerar como gravada la comercialización de bienes o servicios a través de medios o tecnología que permitan la realización de las transacciones en forma remota, como por ejemplo las plataformas de streaming y de contenido pago televisivo.
En el caso del Impuesto de Sellos, se estableció una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia de automotores y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo en general. En tanto, no estarán sujetos a alícuota máxima los actos, contratos y operaciones relacionados con las actividades de loterías y los juegos de azar.
Las provincias se comprometieron además a aplicar el criterio de Endeudamiento Responsable, por el cual solo podrán incrementar la deuda en moneda extranjera en líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, por desembolsos pendientes originados en convenios firmados con anterioridad al 31 de diciembre de 2021, y por las operaciones de reestructuración de deuda.
¿Sin plan plurianual?
El envío al Congreso de este proyecto, así como el de Compre Argentino y el de reforma del régimen de monotributo anticipa la voluntad del Poder Ejecutivo por sesionar al menos una vez en ambas cámaras durante el mes de febrero para tratar iniciativas ligadas a la reactivación económica.
Junto con estos temas se encuentra el proyecto de Ley de Hidrocarburos, Electromovilidad, Desarrollo Agroindustrial y para el incentivo de la industria automotriz, aunque por ahora está fuera de carrera el Plan Plurianual, que el oficialismo viene prometiendo desde mediados de diciembre, sujeto a un entendimiento con el FMI.
Quedan además otros proyectos que no fueron tratados sobre el final de 2021 como la Ley de HIV, la Ley de Humedales, Cannabis y Ley de Envases, que no lo lograron llegar al recinto en buena parte por las diferencias surgidas en el propio Frente de Todos, sobre todo en el último caso.
cp
