El procesamiento del vicepresidente Amado Boudou dejó un mensaje que al mundo de los negocios le cuesta digerir. El juez Ariel Lijo incluyó a la familia Ciccone como quienes entregaron el 70% de las acciones –una forma de cohecho o coima– para forzar el salvataje de la compañía y puso el foco sobre la participación de los empresarios en hechos de corrupción. Varios altos ejecutivos consultados por PERFIL celebran la decisión del juez, pero advierten que hay un contexto institucional que propicia los ilícitos. “Para bailar el tango siempre hacen falta dos”, reconoció el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez. “Me parece bien que no haya privilegios, que se investigue tanto a los funcionarios como a los empresarios, y por eso considero que fue una decisión ecuánime del juez”, ahondó Méndez. El empresario del plástico fue uno de los líderes corporativos que asistió esta semana a un almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), que preside Eduardo Eurnekian, dueño de la Corporación América. Entre el Mundial y la pelea buitre, se colaron comentarios sobre coleccionismo de autos –Méndez tiene la Ferrari que fue de Carlos Menem– y aprovecharon para escuchar a otro procesado, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. El Cicyp, además, presentó dos nuevos socios: el Banco Finansur, de Cristóbal López, y el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, ex accionista de YPF. Adrián Werthein, presidente de La Caja de Ahorro Holding y hombre fuerte en Telecom, puntualizó que la corrupción es un “problema mundial”. “El poco apego a la ley que tenemos todos como ciudadanos no es un freno para que ocurran este tipo de hechos que involucren empresarios”, especificó. Desde su mirada, que haya un gobierno con facultades extraordinarias, que gobierne siempre bajo emergencia económica y sin independencia entre los poderes genera un marco que alimenta el pago de sobornos. “Está bien que la Justicia investigue, pero cuando hay tanta burocracia muchas veces los propios funcionarios te ofrecen atajos para agilizar aprobaciones de las que muchas veces dependen inversiones y puestos de trabajo”, reveló, más descarnado, un empresario que pidió el anonimato. En el sector de la construcción, donde hay denuncias por el pago de sobreprecios en la obra pública, el titular de la cámara Gustavo Weiss afirma que “aquellos empresarios que estén imputados como individuos en hechos ilegales deben ser investigados” y señala que “su institución, defiende la legalidad de los actos”. El actual vicepresidente de la Camarco, Carlos Wagner, hoy está siendo investigado en Uruguay y Argentina por realizar una operación inmobiliaria con Helvetic, investigada a su vez por presunto lavado de dinero. “Todos somos iguales ante la ley y el que cometió un acto ilícito se debe atener a la condena”, aportó Luis Etchevehere, de la Sociedad Rural y uno de los impulsores del Foro de Convergencia Empresaria, flamante conglomerado de cámaras que se arroga representación de un amplio universo de empresarios.
