Cuando los funcionarios se quedan sin poder, las causas que tienen en la Justicia suelen avanzar más rápido. Es casi una regla tácita. El ex presidente Carlos Menem, por ejemplo, estuvo preso seis meses durante la presidencia de su sucesor, Fernando de la Rúa. De la Rúa fue investigado en profundidad por los sobornos en el Senado durante la era K. Ahora, en los tribunales federales hay causas que complican a la presidenta Cristina Kirchner y a varios miembros de su equipo, que podrían avanzar a paso más rápido una vez que se termine el gobierno kirchnerista.
La que más inquieta a la jefa de Estado es Hotesur. Se trata de una investigación que inició Claudio Bonadio, juez que fue apartado de la causa cuando avanzaba sobre un posible delito de lavado de dinero. Ese expediente involucra a Máximo Kirchner, a su madre y a la familia presidencial. Hotesur es la sociedad anónima que administra el hotel Alto Calafate. Ahora, la causa está en manos del juez Daniel Rafecas. La investigación comenzó por supuestas irregularidades societarias en los balances. Pero se amplió. Es que, como publicó el diario La Nación, el empresario oficialista Lázaro Báez alquiló habitaciones de Alto Calafate aun sin ocuparlas para el personal de su empresa. El juez Bonadio sospechaba que detrás había presunto lavado de dinero de sobornos del empresario de la obra pública a los Kirchner.
Amado Boudou dejará de ser vicepresidente de la Nación el 10 de diciembre. Perderá sus fueros. Es uno de los más complicados del gobierno kirchnerista en los tribunales federales. La causa que más acorralado lo tiene es la de Ciccone. Al titular del Senado se lo acusa de haberse apropiado de manera ilegal de la imprenta que fabrica billetes para hacer negocios con el Estado. Hay otros procesados junto a él. Todavía falta que el juez Ariel Lijo le ponga la frutilla al postre y envíe el caso a juicio oral. El juez que lleva adelante el expediente también investiga a Boudou por presunto enriquecimiento ilícito.
En agosto del año pasado, Boudou sumó otro procesamiento por la transferencia de un auto –que se suponía era un bien ganancial– con papeles falsos, que según el juez Bonadio, no podía justificar. El caso fue elevado a juicio oral y podría ser el primer proceso oral y público contra el funcionario.
El fiscal Carlos Rívolo pidió hace una semana que el vicepresidente solicite permiso para salir del país después del 10 de diciembre, por la causa en la que se investiga si recibió dádivas de empresarios en la campaña de 2011. Pero el abogado de Boudou, Eduardo Durañona, explicó a PERFIL que en esa causa “no hay nada”.
Otro complicado en la Justicia es el ministro de Planificación, Julio De Vido. Junto a su esposa, Alessandra Minnicelli, es nuevamente investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Había sido sobreseído por Octavio Aráoz de Lamadrid, pero la Sala IV de la Cámara de Casación consideró que la investigación debía reabrirse.
