Las distintas organizaciones sociales implicadas en los allanamientos que ordenó la Justicia federal esta semana, en el marco de una causa que indaga posible extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales, comenzaron a defenderse con ejes concretos. Y prometen continuar con las movilizaciones y reclamos pese a las acusaciones, tratando de encapsular el conflicto.
Hay una idea que circuló entre los referentes de agrupaciones como la UEP, Barrios de Pie, el Polo Obrero y el Frente de Organizaciones en Lucha y que tratarán de instalar: existe una “persecución política” por parte del Gobierno. Y colocan a modo de ejemplo, tal como le señalan a PERFIL referentes sociales, que a cada acción de protesta que encararon en el último año lo que siguió fue la aparición de denuncias de distinto tipo contra los movimientos.
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Por caso, mencionan que en febrero pasado, cuando se presentó un amparo realizado por el dirigente de Unión por la Patria Juan Grabois ante la interrupción de asistencia alimentaria a los comedores por parte del Ministerio de Capital Humano, la respuesta no se hizo esperar, con una demanda contra uno de los máximos referentes de las organizaciones, Emilio Pérsico, la cara del Movimiento Evita. Dicha demanda fue impulsada por la cartera que conduce Sandra Pettovello y apuntó contra la entrega de subsidios a cooperativas que habría encarado el exfuncionario de Alberto Fernández.
Y tras las protestas que encararon todas las organizaciones el pasado 7 de mayo en el Puente Pueyrredón y en la quinta de Olivos, vieron la luz una serie de allanamientos, 27, que son calificados como “ilegales” por parte de los dirigentes, “sin ningún sustento”, que se generaron por la línea 134 que habilitó el Ministerio de Justicia de Patricia Bullrich. Desde la cartera, ante el contacto de PERFIL, prometen trabajar a fondo en todas las líneas de investigación que ya se trazaron y destacan el canal por el cual se recibieron las delaciones.
Sobre la línea 134 del oficialismo, Daniel Menéndez, en su última aparición pública, remarcó un dato: se realizaron 100 mil denuncias en el último mes y solo el 0,3% tuvo una canalización judicial. Por lo cual, comentó que por ciertos errores individuales no pueden quedar “pegadas” todas las organizaciones. Es más: en la UTEP recuerdan que siempre condenaron cualquier tipo de manejo clientelar de asistencias sociales y subrayan que desde 2017 ofrecen líneas de comunicación de denuncias. En una publicación del 16 de agosto de dicho año, se menciona que es ilegal la exigencia de cualquier cuota o aporte al colectivo social, como también el pedido de “contraprestaciones”.
Bajo este escenario, ya anticipan que continuarán en las calles, con reclamos contra la política alimentaria que está llevando el oficialismo, sin descarte de acciones de envergadura como cortes en la avenida 9 de Julio del centro porteño o piquetes en rutas. “Ante tamaña provocación, no pensamos bajar los brazos y nos mantendremos firmes en la calle luchando por los derechos que se nos quieren arrebatar”, expresaron desde el FOL, uno de los colectivos más golpeados por la ola de allanamientos.
En Casa Rosada, responden que no piensan entablar ningún diálogo con los referentes sociales. “Son todos zurdos”, dice un asesor presidencial.
