Los abogados defensores de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentaron un pedido a los jueces del Tribunal Oral Federal N°5 para que dicten su sobreseimiento junto con el de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y otros acusados. Entre los argumentos del planteo, alegaron la "inexistencia del delito" respecto de las maniobras de supuesto lavado de dinero que se investigan.
La presentación lleva la firma de Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, y a lo largo de 65 carillas sostienen que la vicepresidenta y sus hijos deben ser sobreseídos del proceso junto con Romina Mercado, hija de la gobernadora Alicia Kirchner, y de su pareja, Patricio Pereyra Arandía.
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"Por estricta aplicación del principio de la ley penal más benigna, las conductas atribuidas a nuestros asistidos no se encontraban sancionadas penalmente a la fecha de su supuesta comisión", escribieron los defensores en el documento enviado al Tribunal. A su vez, consideraron que fueron "injustamente acusados" al expresar que en el caso hubo una "falta de afectación al bien jurídico tutelado por el artículo 303 del Código Penal".
Vale recordar que la presentación se da en un panorama que parece favorable para la situación judicial de la vicepresidenta en ese expediente. Es que en abril de este año los jueces del TOF N°5 decidieron hacer lugar a un pedido de la defensa y le devolvieron a la familia Kirchner el control de los hoteles Los Sauces, Hotesur y la administración de la sucesión de bienes del ex presidente Néstor Kirchner. Fue luego de cuatro años bajo control judicial en el marco de la investigación por lavado de dinero.
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La causa se inició tras una denuncia que apuntaba hacia la supuesta existencia del delito de lavado de activos en más de 100 millones de pesos entre 2009 y 2013. Entre los episodios investigados por la Justicia está la presunta contratación de habitaciones por parte de empresas del Grupo Austral, de Lázaro Báez, que nunca se utilizaron.
Los argumentos para pedir el sobreseimiento de Cristina Kirchner
De acuerdo a la resolución a la que accedió PERFIL, los abogados consideraron que las conductas por las que se acusa a la vicepresidenta y al resto de las personas involucradas presentan "manifiesta atipicidad". En otras palabras, argumentan que no hay ningún artículo del Código Penal que las sancione.
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"Si se tiene en cuenta que todo el dinero correspondiente a los contratos de locación investigados siempre se movió dentro del circuito financiero e institucional, que dichos fondos fueron debidamente contabilizados, que los balances de las sociedades involucradas fueron auditados por empresas de prestigio internacional y, además, que se tributaron todos los impuestos pertinentes, es jurídicamente insostenible la hipótesis de lavado de activos", explicaron.
Por otro lado, indicaron que "la justicia competente ya ha establecido, con carácter de cosa juzgada, la legalidad de los mismos hechos que aquí se califican como los ilícitos previos de una maniobra de lavado de activos".
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Ahora, la atención está puesta en la determinación que tomen los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg, que ya le pidieron opinión al fiscal Diego Velasco y a la querella. Lo que ocurra, en caso de ser apelado, deberá entrar a revisión de la Cámara Federal de Casación, a menos de dos semanas de las elecciones.
AS cp
