El Ejecutivo buscó este lunes avanzar en la lucha contra el narcotráfico. Lo hizo bajo el lema “Argentina sin narcotráfico” y para el anuncio convocó a jueces federales, gobernadores, la candidata a la Procuración, Inés Weinberg de Roca, y al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, el Procurador Interino, Eduardo Casal, y hasta el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas.
El discurso de apertura de la jornada del presidente Mauricio Macri fue brevísimo. Quien más dialogó con los magistrados presentes y trabajó en los objetivos a cumplir fue el ministro de Justicia, Germán Garavano.
Tras la inauguración, que no se extendió más de quince minutos, varios de los magistrados presentes y distintos representantes del Ejecutivo y de la Corte pasaron a trabajar en tres mesas por regiones. Una de ellas representó al área Metropolitana de Buenos Aires y la Capital, y estuvo coordinada por el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, el secretario de Justicia Nacional, Santiago Otamendi y un representante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La segunda, sobre el centro del país, la zona de Cuyo y el sur, fue encabezada por el ministro de Mendoza, Dalmiro Garay Cuelli y Juan Bautista Mahiques, subsecretario de Justicia y hombre fuerte del Consejo de la Magistratura. Y por último, la que incluyó la zona del noroeste del país, coordinada por el senador Rodolfo Urtubey.
Según pudo saber Perfil, Garavano reconoció frente a los jueces el esfuerzo que están haciendo y se solidarizó con aquellos que sufrieron amenazas, como Ismael Manfrín, uno de los que condenó a la banda Los Monos, en Santa Fe, y cuya casa fue baleada a fines de mayo.
El ministro también se refirió a la reforma del Código Penal, que se anunciará el próximo 21: en materia de narcotráfico, incluirá la figura de las organizaciones delictivas transnacionales y endurecerá las penas contra las organizaciones. Por otro lado, es más “amigable” con las penas de consumo o tenencia, mientras que agrava la venta y comercialización de paco.
Algunas conclusiones recogidas de las mesas fueron: avanzar en diálogos institucionales entre Ministerios de Justicia de todo el país y la Procuración, generar leyes para la inclusión de métodos tecnológicos, mejorar la cooperación internacional y normativa para facultar decomiso anticipado, algo que prevé el nuevo Código, junto con la destrucción inmediata de la droga.
Por otro lado se consensuó la idea de realizar una reunión (similar a la de este lunes) a fin de mes, junto con los Ministerios Públicos, para coordinar mejor con las fuerzas de seguridad, un punto celebrado por los magistrados que son quienes trabajan palmo a palmo con los fiscales. Junto a Casal, estuvieron el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, y Carlos Rívolo, fiscal de Comodoro Py y presidente de la Asociación de Fiscales, pero no hubo otros representantes de ese área.
De los tribunales de Retiro estuvieron todos los jueces federales de primera instancia, a excepción de María Romilda Servini, quien se encuentra de viaje, fuera del país. También hubo varios de los representantes de la Cámara de Casación Penal y del Consejo de la Magistratura.
Según recogió este medio, en el Ejecutivo cayó muy bien que dos de los magistrados de Comodoro Py, Sebastián Ramos y Sebastián Casanello, se hayan quedado a participar de las reuniones en las mesas de trabajo con sus pares de otros puntos del país. Ambos, además, son bien vistos por el oficialismo por el trabajo de sus juzgados, que arrojaron buenos datos en la auditoría en causas de corrupción, realizada por el Consejo de la Magistratura.
En el caso de Casanello, además, varios coincidieron en destacar, entre otras cosas, la forma en que elevó a juicio el expediente por lavado de dinero que involucra a Lázaro Báez. También, de acuerdo a lo que pudo reconstruir Perfil, el Ejecutivo valoró las exposiciones de varios magistrados entre ellas las de dos mujeres: la de la jueza federal de El Dorado y la de Mariana Catalano de Salta.
