El Senado logró ayer viernes 28 de febrero la sanción de la Ley de Góndolas. Con 56 votos afirmativos y 4 abstenciones, la Cámara Alta sancionó la norma que busca ordenar la distribución de los productos en los supermercados y favorecer a las pymes y a las economías regionales. Uno de los legisladores que no emitió su voto fue el vicepresidente del órgano, Martín Lousteau.
Los otros tres senadores que se abstuvieron de votar fueron Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino y Eduardo Costa y Esteban Bullrich, de Juntos por el Cambio. Después de ser cuestionado por su abstención, el ex embajador en los Estados Unidos usó la red social Twitter para justificar su decisión.
“Por qué me abstuve de votar la #LeyDeGondolas: Las PyMEs y los productores regionales no tienen quien los defienda frente a las grandes cadenas comerciales. Pero ¿por qué buscamos en una nueva Ley instrumentos que tienen leyes anteriores y que no usamos nunca?”, planteó el senador.
Tenemos mercados concentrados en muchos ámbitos. Nunca se conformó un Tribunal de Defensa de la Competencia, previsto por la Ley de Defensa a la Competencia. El poder político no quiere un órgano independiente que pueda mirar los mercados y establecer investigaciones o multas.
— Martín Lousteau (@GugaLusto) February 28, 2020
Asimismo, el legislador siguió el hilo para completar: “Tenemos mercados concentrados en muchos ámbitos. Nunca se conformó un Tribunal de Defensa de la Competencia, previsto por la Ley de Defensa a la Competencia. El poder político no quiere un órgano independiente que pueda mirar los mercados y establecer investigaciones o multas”.
El proyecto había sido impulsado por la diputada Elisa Carrió durante la gestión de Juntos por el Cambio pero el Frente de Todos lo recogió este año a pedido del Gobierno y avanzó con su aprobación en Diputados en noviembre del año pasado y luego ayer en el Senado.
La ley alcanzaría a trece empresas que facturan $1.700 millones al año y comprenden el 26 por ciento de la cadena comercial del país
Entre sus puntos principales, la normativa determina que los establecimientos deberán garantizar un 25 por ciento de la góndola para la exhibición de productos de micro y pequeñas empresas nacionales y un cinco por ciento adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina e indígena, y sectores de la economía popular.
La ley, que deberá implementarse en un plazo de 60 días, alcanzaría a trece empresas que facturan $1.700 millones al año y comprenden el 26 por ciento de la cadena comercial del país. Por su parte, quedarían excluidos de esa normativa los almacenes, autoservicios chinos y kioscos -canales de venta que concentran alrededor de 70 por ciento de las ventas minoristas.
B.D.N./HB
