En un polémico fallo, el ex jefe del Ejército durante el kirchnerismo César Milani fue absuelto ayer en el marco del juicio que se le seguía por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar. Milani estaba detenido desde febrero de 2017 y el Tribunal Oral Federal de La Rioja ordenó su inmediata liberación, que se concretó en horas de la noche.
La fiscalía y las dos querellas –la de una de las víctimas y la de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación– habían solicitado entre 18 y 20 años de prisión. Ayer, tras conocerse la decisión de los jueces Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci y Enrique Lilljedahl, adelantaron que apelarán la decisión ante la Cámara de Casación Federal para revertir la escandalosa situación. En breve, Milani también será juzgado en Tucumán por el caso de Alberto Ledo, que estaba bajo el mando de Milani y que está desaparecido desde la dictadura.
Vestido con traje militar y acompañado de su familia –que festejó la decisión a los gritos, cerca del público, entre los que había sobrevivientes y familiares de víctimas de los hechos denunciados–,
Milani fue absuelto por los secuestros y torturas contra Pedro y Ramón Olivera, padre e hijo, ocurridos en 1977. Por entonces él era subteniente y cumplía servicios en el Batallón 141. Pedro falleció en 1999 pero su hijo Ramón estuvo en la sala y fue testigo, además de querellante, en el juicio.
Poco antes de conocerse la sentencia, Milani había hecho uso de sus últimas palabras y sostuvo que había una “campaña inédita en contra de un jefe del Ejército” y que con la acusación en su contra se le “infigió” un daño al Ejército. Al tiempo que agregó que eso demoraba la “reconciliación con el pueblo”. Luego agregó: “Sigo de pie. No me van a quebrar”.
“Simplemente voy a utilizar estas últimas palabras para reafirmar mi firme convicción de que con mi injusta y arbitraria detención y las falsas acusaciones que vengo sufriendo hace seis años, más que hacerme un daño a mí se le ha infligido un castigo al Ejército argentino, privándolo de la posibilidad de una reconciliación definitiva con el pueblo del que se nutre”, sostuvo Milani.
En mayo pasado, cuando declaró en indagatoria, afirmó: “Nunca en mi vida torturé, secuestré ni maté”. Al tiempo que sostuvo que si él no hubiera aceptado el ascenso que le dio en 2013 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no estaría siendo juzgado. Entonces, en otro de sus polémicos dichos, sostuvo: “Todo ese sufrimiento de la familia Olivera termina donde empieza el sufrimiento de la familia Milani, que injusta y arbitrariamente es acusado”.
Por su parte, Ramón Olivera, una de las víctimas, había sostenido que existián sobradas pruebas para llegar a la condena de Milani. “Hay elementos para lograr una condena que son contundentes. Hay testimonios y pruebas documentales que fueron refrendadas por mí en
diversas oportunidades. Tenemos un abundante cúmulo de pruebas en esta causa contra Milani”, aseguró tras el alegato de su querella hace apenas algunos días. Luego agregó: “Se llevó a mi padre en un allanamiento ilegal y tuvo intervención para que me apresaran a mí. A mi entender, no hay posibilidades de que no sea condenado”.
“Quedó acreditado que Milani formó parte del grupo de inteligencia que se movía con autonomía, no sujeto a los controles de rutina, que participaba en allanamientos, detenciones, torturas y detención de personas”, aseguró en su alegato la abogada Adriana Mercado Luna, encargada de la querella de la familia Olivera.
Los otros frentes judiciales
El ex jefe del Ejército de CFK César Milani tiene un juicio por posible enriquecimiento ilícito y una posible indagatoria ante la sospecha de que armó a medida una licitación en la compra de puentes por cerca de 1,5 millones de dólares para beneficiar a la firma Acrow. En la mira de la Justicia, la casa de casi medio millón de dólares en La Horqueta, que Milani no pudo justificar cómo compró. A eso debe sumarse el que ahora se abre ante Casación por la apelación a la decisión judicial de ayer. Para septiembre está previsto, además, que comience en Tucumán el juicio oral y público por la desaparición del conscripto Alberto Ledo, que prestaba servicio bajo las órdenes de Milani durante el Operativo Independencia. Fue el propio Milani quien firmó el acta de deserción con la que se intentó fraguar la desaparición del joven soldado en ese momento.
