Por primera vez, los abogados de la constructora Odebrecht se reunieron cara a cara con un representante de la Justicia argentina para acordar la entrega de los nombres y pruebas del pago de sobornos a funcionarios argentinos. Los defensores de Marcelo Odebrecht, dueño de la compañía, dijeron que la colaboración será a partir de marzo, tras la finalización de los carnavales en Brasil. Así lo confirmaron fuentes judiciales a PERFIL.
El encuentro fue en Brasilia, en el marco de la reunión de procuradores iberoamericanos, convocada por los fiscales del caso Lava Jato para acordar la entrega de información sensible a los once países donde la compañía cometió delitos de corrupción. Dos abogados de Odebrecht se reunieron con el fiscal Sergio Rodríguez, a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encargada de investigar casos de corrupción.
Los defensores comunicaron informalmente al fiscal que están estudiando la legislación argentina para evaluar hasta dónde llegará la colaboración de la empresa y qué beneficios pueden obtener los ejecutivos al confesar los delitos de cohecho.
La firma brasileña ya admitió que pagó coimas por US$ 35 millones entre 2008 y 2014 en Argentina. En Brasil, a cambio de reconocer los delitos que cometieron, la Justicia le permitirá a los ejecutivos de Odebrecht excarcelaciones y la posibilidad de seguir operando en el mercado de la construcción. Ahora, los abogados de Marcelo Odebrecht estudian qué podría ofrecer la Justicia argentina a cambio de la colaboración. Fuentes del caso explicaron a este medio que la nueva ley del arrepentido permite la morigeración de la pena y la excarcelación de los ejecutivos que confiesen.
El 1º de junio es la fecha límite para que la constructora presente ante la Justicia argentina las pruebas y testimonios del pago de coimas a funcionarios argentinos e intermediarios privados. Así lo estableció el acuerdo de colaboración firmado entre la empresa y los fiscales de Brasil que llevan adelante el caso.
La Justicia espera que los testimonios y documentos que los brasileños podrían entregar permitan esclarecer cómo funcionó la red de pago de sobornos de Odebrecht en la Argentina: quiénes son los funcionarios coimeados; quiénes operaron como sus intermediarios en los pagos; qué circuito financiero se utilizó; qué obras activaron la negociación de los sobornos; quiénes eran los operadores de la constructora en el país. El alcance de estas esperadas pruebas podrían comprometer directamente al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime; al ex ministro y actual diputado, Julio De Vido; a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner; y hasta al primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra; y al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas.
El jueves, los fiscales generales y procuradores de once países que llevan a cabo investigaciones relacionadas con el Lava Jato firmaron la Declaración de Brasilia sobre la Cooperación Jurídica Internacional Contra la Corrupción. El documento es el resultado de la reunión celebrada en el Memorial del Ministerio Público Federal, en Brasilia, en la que participaron los investigadores de de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela.
La delegación argentina fue encabezada por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. El fiscal Rodríguez es quien concentra la investigación del capítulo argentino del Lava Jato, un expediente preliminar en el que investiga si cinco de las empresas que pagaron coimas en Brasil para acceder a contratos de obra pública lo hicieron también con el mismo esquema en la Argentina. Además, el fiscal derivará a sus colegas y jueces toda la información que reciba de Brasil sobre el resto de las causas que la Justicia sigue en los tribunales por el supuesto pago de sobornos: el caso Arribas y el caso Jaime, entre otros.
