El juez federal Sebastián Casanello procesó y citó a indagatorias a ex funcionarios y empresarios, en el expediente que investiga el supuesto pago de coimas para adjudicar la licitación de dos plantas de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Se trata de una de las tres causas que involucran a Odebrecht en Argentina. Los procesamientos del magistrado, dictados por presunta defraudación en perjuicio de la administración pública, alcanzaron a 19 personas, entre ellas los empresarios Carlos Wagner y Aldo Benito Roggio.
Casanello llegó a esa decisión luego de analizar las “irregularidades detectadas en el marco de los procesos de licitación” donde “se observaron ventajas ilegítimas a las empresas que resultaron ganadoras”. También citó a indagatoria a los empresarios Jorge “Corcho” Rodríguez y Marcelo Odebrecht y al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, entre otros, por el presunto pago de sobornos.
El juez además trabó embargos de hasta de 790 millones de pesos y les prohibió, a las empresas involucradas, alterar su estatus jurídico, para que “no se puedan transferir paquetes accionarios, escisiones, fusiones, etc”.
La causa investiga los manejos entorno de la construcción de dos plantas potabilizadoras de Aysa: una de Paraná de las Palmas, en Tigre; y otra, la planta depuradora del Bicentenario, en Berazategui, al sur del conurbano bonaerense. La licitación de la primera fue ganada por la UTE integrada por Odebrecht, Benito Roddio e Hijos, José Cartellone Construcciones Civiles y Supercemento SAUC, y la segunda fue por la compuesta por Camargo Corra junto Esuco de Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.
El juez entendió que hubo “a través de cartelización un reparto irregular de la obra pública”. Y detectó “incrementos presupuestarios injustificados desde el inicio de los procesos licitatorios y modificaciones a los proyectos realizados por la propia AySA que incorporaban obra nueva por fuera de los originales, aumentando ilícitamente sus ventajas”.
Entre los procesados también están el ex titular de Aysa Carlos Ben, y los ex directores de la empresa publica, Raúl Biancuzzo, Antonio Caucino, Carlos Donnoli, y Carlos Di Somma. Del sector privado, fueron afectados —junto a Wagner y Roggio— a Carlos Biaggini y a los representantes legales de las UTE y de las empresas locales.
En el escrito, al que accedió Perfil, se detalla que la obra de Paraná de las Palmas “preveía un valor estimado en $ 1.800.000.000, los incrementos, la financiación del BNDES, las prórrogas sistemáticas y la aplicación de redeterminación de precios, llevó el valor del contrato a casi $ 6.500.000.000”. En tanto que en el caso de la Planta de Berazategui “se había estimado un presupuesto de $ 324.000.000 y el valor del contrato se elevó hasta hoy a casi $ 860.000.000”. Por lo que, en total, el juzgado advirtió que el “Estado pagó muy por encima de lo previsto y se demoró injustificadamente su entrega”.
Llamados a indagatoria por sospechas de sobornos:
Casanello también ordenó recibir declaración indagatoria “en orden a una hipótesis de sobornos vinculados a esas contrataciones públicas” a los ex funcionarios Julio De Vido, José Francisco López y Roberto Baratta. A Rodríguez, Osvaldo Gandini, Marcos Sankowicz, los abogados uruguayos: Carlos Dentone Loinaz, Martín Molinolo y Pablo Correa Calcagno. Y ampliar indagatoria a Carlos Ben, Raúl Biancuzzo, Fabián López, Edgardo Bortolozzi, y los empresarios Aldo Roggio y Tito Biagini.
