El vicegobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, salió a defender al gobierno provincial luego de que Juan Manzur y un nutrido grupo de altos funcionarios locales fueran denunciados ante la Justicia por organizar un asado mientras se mantiene en vigencia el distanciamiento social obligatorio en el marco de la pandemia del coronavirus.
"Lo primero que hay que aclarar es que ese sábado el gobernador, el vice y varios intendentes estábamos trabajando, fuimos al hospital que se construye en la Banda del Río Salí y en Alderetes. Y la verdad es que al mediodía nos invitó el intendente a su casa, únicamente los funcionarios que estábamos trabajando. Teníamos que almorzar, sí se hizo el almuerzo”, expresó.
“Quiero dejar algo claro, cuando hablan de que hemos violado la cuarentena, les digo que en el decreto nacional todas las autoridades nacionales, provinciales y municipales están exentos de la cuarentena y del aislamiento obligatorio. No nos contempla porque somos quienes debemos salir a gestionar", agregó el presidente de la Cámara en declaraciones al programa Los Primeros.
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En ese sentido, cuestionó: "¿Qué cuarentena hemos violado si no tenemos prohibición de salir? Sino el Presidente no podría venir hoy a la provincia. Ni el gobernador ni el vice, ni las 10 personas que estuvimos violamos la cuarentena. No estamos obligados al aislamiento. Como funcionarios tenemos la responsabilidad y la obligación de recorrer la provincia para velar por la seguridad sanitaria de todos los tucumanos. Fue un almuerzo de trabajo".
La presentación judicial fue efectuada el lunes 18 de mayo por la referente local de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Alejandra Martínez Romero y por el abogado Gustavo Morales. En el escrito, tomaron como fuente la columna publicada el sábado en el diario tucumano La Gaceta, específicamente la nota "Fraude al Octavo Mandamiento".
Según texto, el asado se habría realizado en la casa de la diputada Del Valle Medina y de su esposo, el intendente Monteros, en la localidad de Banda del Río Salí, 8 kilómetros al este de la capital tucumana, en medio de la cuarentena obligatoria por coronavirus. De acuerdo al planteo, los funcionarios "violaron lo ordenado por el Poder Ejecutivo Nacional en el decreto 297/2020, en particular el artículo 4, donde se establece que ante un supuesto de infracción al aislamiento social preventivo y obligatorio corresponde la inmediata intervención de la Justicia Penal".
El escrito especifica que los presentes incurrieron en un "delito doloso", contemplado en el artículo 205 del Código Penal. "La doctrina nacional califica el delito contemplado en el artículo 205 del Código Penal (al que hace referencia el decreto 297/20) como de peligro abstracto; es un delito doloso, y el autor debe conocer el deber impuesto por las medidas, la situación de riesgo de pandemia y la obligación de cumplir con dichas medidas en el caso concreto", indicaron Morales y Martínez en el escrito oficial.
La denuncia también involucra al vocal de la Corte Suprema local, Daniel Leiva; a los ministros del Interior, Miguel Acevedo, de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin y de Salud, Rossana Chahla. También se acusa a la diputada nacional del Frente de Todos Gladys del Valle Medina; al vicepresidente primero de la Legislatura provincial, Gerónimo Vargas Aignasse; a los intendentes peronistas Darío Monteros (Banda del Río Salí), Carlos Najar (Las Talitas), Javier Noguera (Tafí Viejo) y Aldo Salomón (Alderetes).
