La Corte Suprema debe tomar una decisión central para los casos de corrupción, según pudo corroborar PERFIL en las últimas semanas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) mantiene desde hace más de una década una disputa legal con la AFIP por el acceso a información que el fisco guarda bajo el secreto fiscal y que es clave a la hora de investigar a funcionarios públicos sospechados de cometer delitos.
En la Argentina, donde todavía rige un sistema centrado en el poder de los jueces, los fiscales no pueden acceder a las declaraciones juradas ante la AFIP de los funcionarios que investigan (tampoco de empresas o ciudadanos) salvo que intervenga un magistrado ante el organismo o en los casos excepcionales en los que el juez delega la investigación en el fiscal. Las procuradurías, dedicadas a investigar de manera preliminar y denunciar ante la Justicia, ni siquiera cuentan con esa posibilidad.
La PIA depende del Ministerio Público Fiscal pero funciona como un órgano de control externo al Poder Ejecutivo. Investiga delitos y faltas disciplinarias cometidas por funcionarios públicos y luego denuncia ante la Justicia. Actualmente, está a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez. Un fallo de la Corte podría abrir la puerta a información sensible sobre el patrimonio, gastos, nivel de vida y negocios de los funcionarios.
A principios de diciembre, el caso ingresó a la vocalía de Carlos Rosenkrantz, presidente de los cortesanos. Será el primer juez del tribunal en analizar el expediente. Se espera que los magistrados fallen durante el primer semestre de 2019, confiaron fuentes del tribunal.
Una demanda que lleva doce años y ya enfrentó varias instancias
Precedente. En abril de 2017, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó a la AFIP entregar a la PIA la información con secreto fiscal. La AFIP apeló esa decisión y se presentó ante la Corte.
La Corte sentará un precedente para el poder político, conveniente o no. El máximo tribunal debe determinar si la AFIP puede ampararse en el secreto fiscal para negar la información que le requirió la PIA en tres casos puntuales, pero el fallo cortesano marcará la cancha para futuros y presentes casos. Eso incluye a las investigaciones preliminares que esta fiscalía especial encare contra miembros del gobierno de Mauricio Macri y de sus sucesores.
La definición del máximo tribunal también podría activar el reclamo de otras procuradurías que están en la misma situación de la PIA, como la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La fiscalía especial antilavado tampoco puede acceder a las declaraciones de impuestos y bienes bajo secreto fiscal de las entidades y personas que investiga. El sistema limita como un torniquete su capacidad de acceso a información.
Para estos organismos clave, un fallo favorable de la Corte permitirá obtener información secreta que la AFIP tiene en su poder sobre funcionarios, empresas y entidades y personas sospechosas antes de que la denuncia llegue a un juez, poniendo más cartas sobre la mesa de quien quede eventualmente al mando de la investigación (jueces y fiscales).
Expedientes. Una de las últimas denuncias de la PIA en la Justicia apuntó justamente contra la obra pública durante la era Macri. En diciembre, se acusó de presunta cartelización, precios indebidos y direccionamiento de la licitación del Paseo del Bajo.
De acuerdo a la PIA, la postura de la AFIP es inconstitucional y limita sus facultades para investigar. El fisco, en cambio, sostiene que “solo se cede el secreto fiscal a los jueces por casos específicos ante el pedido del magistrado. Al fiscal (se le entrega información secreta) solamente si el juez le delega la investigación”, explicaron fuentes del organismo recaudador. Además, la AFIP argumentó en los tribunales que debía proteger la privacidad de los datos de los contribuyentes que están bajo secreto fiscal. Sin embargo, la Justicia viene sosteniendo lo contrario.
