La precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio Patricia Bullrich presentó una denuncia penal contra el ministro de Justicia, Martín Soria, luego que este anunciara públicamente la intervención del Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad (IEES), ligado a la ex titular del PRO, por irregularidades en términos de financiamiento.
La denuncia fue luego de que el funcionario del Gobierno interviniera por 180 días la entidad. Allí lo acusó de "correr la atención de su gestión desastrosa" y de "haber ejercido abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público". La denuncia fue patrocinada por la abogada Silvina Martínez.
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La denuncia salió sorteada y recayó en el Juzgado federal que encabeza el juez Ariel Lijo, en los tribunales de Comodoro Py. De acuerdo a lo que manifestó la abogada patrocinante, "se busca controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que no sean afines al gobierno kirchnerista".
Qué dice la denuncia
La denuncia es similar a la que se presentó días atrás contra el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, el autor de la investigación preliminar que detectó las supuestas irregularidades que motivaron la intervención dictada esta semana por el Ministerio de Justicia por 180 días.
"No solo se difunden supuestas irregularidades en el funcionamiento de una entidad civil que preside Patricia Bullrich, sino que se persigue a las personas jurídicas y humanas que resultaron donantes de la entidad o bien asistieron a las distintas actividades que la entidad realizó", señaló la abogada en declaraciones replicadas por NA.
A su vez, la abogada relató que desde hace 9 años el Ministerio de Justicia no interviene una asociación civil. Ello porque, dijo, "la ley orgánica de la IGJ establece que el organismo no puede solicitar al Ministerio de Justicia de la Nación la intervención en los siguientes casos".
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A continuación enumeró que no se puede dictar la intervención si verifica actos graves que importen violación de la ley, del estatuto o del reglamento; si la medida resulta necesaria en resguardo del interés público; si existen irregularidades no subsanables; si no pueden cumplir su objeto. "Nada de esto ocurre en el caso", dijo la letrada.
El resultado de la inspección de la IGJ
A principios de abril pasado, la IGJ publicó un dictamen en el que estableció que la dirigente usó al IEES que preside para financiar su campaña electoral, algo no previsto en el objeto de su estatuto, autorizado por el Estado.
"Estamos en presencia de una asociación sin fines lucrativos a través de la cual, desplegándose una actividad pretensamente lícita en origen, pero que deviene ilícita por su real desarrollo y finalidad", determinó.
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El organismo dependiente del Ministerio de Justicia comenzó a investigar la asociación civil presidida por Bullrich a partir de la publicación en PERFIL y otros medios de artículos que hacían referencia a que la titular del PRO y candidata a presidenta cobraba 50 mil pesos por almorzar con ella.
“Detectamos que tuvieron ejercicios deficitarios y no podían pagar gastos corrientes y de repente, sobre todo desde 2021, los ingresos se incrementan exponencialmente con base en el rubro seminarios, almuerzos, explicados en forma difusa, y llegan a casi 90 millones de pesos”, dijo a PERFIL Manuel Cuiñas Rodríguez, subinspector de la IGJ.
LT
