La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados dio este miércoles dictamen favorable a un proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2072 un impuesto que tiene como destino las industrias e instituciones ligadas a la cultura y el cine previstas en la ley 27.432.
El texto impulsado por el diputado del Frente de Todos Pablo Carro llamó la atención de la oposición no solo porque extiende por medio siglo un impuesto, sino porque no está próximo a vencerse sino que estará fuera de vigencia recién en diciembre de 2022.
"Estamos en contra de lo absurdo de este proyecto, es mentira que venza ahora, nada va a quedar desfinanciado, recién en diciembre del año que viene, quieren discutir como si estuviéramos en Finlandia, es de una distancia respecto a los problemas de la gente enorme", advirtió el diputado del PRO Luciano Laspina, vicepresidente de la Comisión.
El proyecto impone un gravamen a los premios de juegos de sorteo y concursos deportivos, a las entradas de espectáculos cinematográficos y a los servicios de comunicación audiovisual, entre otros puntos, al mismo tiempo que pretende garantizar fondos de fomento para proyectos emprendidos por artistas, técnicos y entornos creativos y financiar el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, las Bibliotecas Populares, las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos, el ENACOM y el funcionamiento de la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
Si bien el apuro de la aprobación de la prórroga es justificado con el efecto adverso de la pandemia sobre este sector, lo cierto es que la aplicación del impuesto se encuentra garantizada durante todo 2022.
Carro fue quien justificó la importancia de la normativa y detalló que "estamos proponiendo que no se queden sin asignación específica las industrias culturales en un sentido amplio, estamos hablando de la industria del cine, televisión, radio, bibliotecas populares”.
Según explicó Laspina, "hace tiempo que han proliferado los impuestos de asignación específica, impuestos que son creados ad hoc que no son coparticipados a las provincias y que se destinan a alguna asignación, como puede ser la cultura o el cine".
Pero "después acumulan recursos que nadie controla sobre la eficiencia, sobre la priorización. El Incaa tiene centenares de empleados, más de los que emplea la industria cinematográfica en un año, y en lugar de promover películas y filmaciones promovemos burocracia, se prorroga algo por 50 años, que vencen en 2022, es de una irracionalidad fiscal absoluta", se quejó.
En la misma línea, el interbloque de Juntos por el Cambio cuestionó el proyecto que propone otorgar pensiones no contributivas y jubilación anticipada para personas con VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, así como la iniciativa para imponer un nuevo impuesto a través de la nueva ley de envases.
OTRO IMPUESTAZO. El oficialismo impulsa una ley de reciclado de envases que crea una “tasa” (un impuesto) de hasta 3% sobre el precio mayorista de los productos envasados. Curioso: dos productos con igual envase pagarán distinto según el valor de su contenido y no por su envase!
— Luciano Laspina (@LaspinaL) November 17, 2021
