El Gobierno limitó en diciembre los alcances de la tarifa social en el gas. Antes, las familias que tenían ese beneficio sólo debían pagar por los servicios de transporte, de distribución y los impuestos de cada factura, mientras que el consumo del gas en sí mismo estaba enteramente subsidiado por el Estado.
En cambio, ahora el Gobierno subsidiará el equivalente de consumo correspondiente a la categoría de usuario R1 distribuido mensualmente en metros cúbicos (m3) por mes. Se trata de un esquema parecido al de la tarifa social de electricidad: habrá un cupo de gas 100% subsidiado, luego otro cupo con un subsidio del 75% y el resto se pagará a precio "pleno", similar al de los usuarios sin beneficio social.
Con el aumento en sl servicio, esta modificación genera polémica. Dado que si bien los cupos de gas subsidiado varían en función de la zona geográfica y la época del año, en invierno las familias con tarifa social pagarán más al gastar una mayor cantidad del que tienen subsidiado.
Los requisitos para acceder a este beneficio son: ser jubilado o pensionado por un monto menor o igual a dos veces el haber mínimo nacional; personas con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a DOS (2) Salarios Mínimos Vital y Móvil; ser titular de programas sociales; estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social; estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (Artículo 21 de la Ley N° 25.239).; estar percibiendo el seguro de desempleo; o contar con certificado de discapacidad.
El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, se mostró contrario en marzo pasado a los cambios que el Gobierno nacional aplicó a la tarifa social del gas, al sostener que “desvirtúan el beneficio, volviéndolo prácticamente nulo, y perjudican una vez más a los sectores más vulnerables”. No es el único que mostró su rechazo al nuevo esquema.
El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, también criticó la modificación: "No se entiende con qué sentido aplicaron una medida que es muy injusta y brutal para un sector de la sociedad que la está pasando muy mal". En declaraciones a las radios Continental y Milenium, el jefe comunal advirtió que "en la resolución que regula el nuevo cuadro tarifario del gas se hizo una modificación que para nosotros es muy grave: la reducción de la bonificación que el precio de gas tenía hasta el momento y que ahora aplica hasta un consumo de 175 metros cúbicos y, a partir de esa línea de consumo, cualquier hogar pobre comienza a pagar la tarifa" regular.
"Es injusto que una familia de bajos ingresos tenga que pagar el mismo costo que una familia de altos ingresos. Un consumo promedio para una familia de estas condiciones es 350-400 metros cúbicos utilizando de manera muy modesta", precisó. Además, Katopodis subrayó que "quienes acceden a la tarifa social son solo el 30% de las familias que podrían hacerlo".
Por ello, Katopodis y la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores de San Martín presentaron un recurso de amparo ante la Justicia para que suspenda el nuevo esquema de incremento tarifario de gas que "prácticamente elimina la Tarifa Social a partir del 1 de abril de 2018". La medida se realizó en representación de los vecinos que acceden al beneficio conforme a la Resolución N° 28/2016 del Ministerio de Energía y Minería y que lo perderán ahora que se encuentra limitado por un consumo "arbitrariamente bajo", según la presentación.
La negociación entre el Gobierno y las provincias
El Gobierno acordó la semana pasada con sus alidados de la coalición Cambiemos empezar a discutir cambios en la tarifa social del gas para matizar el impacto de los últimos aumentos. Con ese propósito, esta tarde tiene lugar la reunión del Consejo Federal de Energía (CFE) que en un principio estaba prevista para mayo, pero que la polémica por la suba del servicio forzó a adelantarla.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, anticipó esta mañana que el Ejecutivo pedirá un "esfuerzo" a las provincias y municipios: "Hasta el 25 por ciento de la tarifa eléctrica, muchas veces son impuestos provinciales o tasas municipales", afirmó el funcionario quien, además consideró que "este es un esfuerzo que nos vendría bien si las provincia y los municipios, nos ayuden para bajar casi una cuarta parte del costo de la tarifa".
"Las restricciones aplicadas desde el 1° de diciembre de 2017 a la tarifa social del gas se suspenden por dos meses a partir del 1° de mayo en las provincias que acepten compartir los costos. Esta medida pretende dar lugar a una campaña sobre el uso racional del gas", se informó.
Las provincias estiman que no pueden hacer frente a ese "esfuerzo compartido" por las restricciones presupuestarias. Varias de ellas, como las del norte, consideran que se trata de una "discriminación", dado que solo los territorios más ricos podrían garantizar mejores condiciones.
