Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la presidencia de Mauricio Macri, fueron procesados hoy como presuntos coautores de "acciones de inteligencia prohibidas" y "abuso de autoridad" por espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires entre 2016 y 2017. Así lo dispuso el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en un extenso fallo de 979 páginas difundido este miércoles 16 de diciembre, en el que también les trabó un embargo de 20 millones de pesos a cada uno de los exfuncionarios.
En su presentación, el magistrado concluyó que "existía una directiva de carácter general" que ordenaba a los agentes de la AFI "realizar inteligencia ilegal emanada de la máxima autoridad del organismo". Y afirmó que hubo "órdenes concretas para investigar ilegalmente a las agrupaciones, movimientos y actividades contrarias a los intereses políticos o electorales de la entonces gestión de gobierno, que fijaba los parámetros específicos de producción de información que era de interés recopilar".
Ramos Padilla sostuvo además que los hechos que investigó constituyeron "una suerte de gran panóptico dirigido a observar o espiar todas las actividades políticas de la provincia de Buenos Aires". El magistrado falló así en la llamada causa "AMBA", en la que también procesó a otros 9 exagentes de la AFI durante el macrismo. Arribas y Majdalani, por su parte, ya están procesados en otra causa por espionaje ilegal, la que tramita el juez federal Juan Pablo Augé en Lomas de Zamora.
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Las acusaciones
En el caso de Gustavo Arribas, el magistrado señaló que fue "quien ordenó expresamente la realización de tareas de inteligencia con orientación política al momento de disponer las funciones específicas de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires". "Sin embargo, su responsabilidad no se circunscribe a aquella orden ilegal, sino que, en su rol de máxima autoridad del organismo estatal de inteligencia, también comprende las actividades ilegales que se efectuaron a través de las delegaciones provinciales para dar cumplimiento efectivo a aquella manda y las realizadas con las mismas características desde por lo menos nueve meses antes".
En cuanto a Silvia Majdalani "fue la funcionaria que se nutría diariamente de la información de inteligencia reunida por las nueve delegaciones provinciales y que, de acuerdo con sus funciones específicas, fijaba los objetivos de inteligencia específicos y adoptaba las decisiones en base a la información recopilada por sus dependientes", escribió Ramos Padilla. "Ambos, el Director y Subdirector, además, eran quienes determinaban 'los objetivos' programáticos de las acciones de inteligencia llevadas adelante o coordinadas también por sus subordinados", agregó.
El juez federal argumentó que "está claro que la inteligencia ilegal desplegada tuvo un especial interés en las elecciones de medio término y en todo aquello que pudiera afectar la imagen del gobierno y que dentro del 'ciclo de la inteligencia' la información no fue unidireccional".
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Al apuntar a la cúpula del espionaje, Ramos Padilla planteó: "Ninguna acción de inteligencia parte de la nada. Las máximas autoridades de la AFI dispusieron los objetivos, a veces de manera general y otras de manera más puntual y, en base a esas directivas, las bases de inteligencia reunieron la información y la elevaron a sus superiores hasta llegar a las máximas jerarquías orgánicas. Este ciclo fue mantenido y desplegado durante más de un año y en su dirección, coordinación, planificación y realización material intervinieron cada uno de los imputados. No se tratan éstas de consideraciones meramente teóricas. Existieron directivas generales específicas".
Ramos Padilla también procesó a Vicente Antonio Melito, Daniel Alejandro Salcedo, Pedro Oscar García, Alicia Susana Nocquet, Andrés Máximo Maisano, Gustavo Emilio Carreras, José Luis Fiorentino, Roberto Hugo Bianchi y Nicolás Iuspa Benítez. Se los acusa de "realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautores", en virtud de "haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias".
FF
