La Justicia en lo Penal Económico rechazó el pedido del empresario y dirigente peronista Juan Ricardo Mussa para cobrar el 40 por ciento de los 800 mil dólares secuestrados al venezolano Guido Antonini Wilson cuando intentó ingresarlos al país sin declararlos.
Mussa pidió ser recompensado con 320 mil dólares por haber sido quien denunció el caso y solicitó que se equipare a los civiles en una ley que recompensa a los integrantes de las fuerzas de seguridad que denuncien ilícitos que permitan ser descubiertos.
Sin embargo, el juez en lo Penal Económico Gustavo Meirovich rechazó el planteo al considerar que "carece de todo sustento fáctico y jurídico" y que la causa se inició por las actuaciones de la Fiscalía y no por la denuncia de Mussa, según el fallo al que accedió DyN.
El abogado de Mussa, Alejandro Sánchez Kalbermatten, apeló hoy la resolución e insistió para que la Cámara en lo Penal Económico recompense al empresario.
Mussa pidió cobrar el 40 por ciento del dinero que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le incautó a Antonini el 4 de agosto de 2007 cuando arribó al Aeroparque Metropolitano, procedente de Venezuela, en un vuelo de la empresa estatal ENARSA junto a funcionarios nacionales.
Alegó que fue él quien denunció el caso, lo que permitió evitar el ingreso ilegal de dinero al país, y reclamó que la ley que le otorga recompensas a funcionarios públicos por denunciar delitos sea declarada inconstitucional y se aplique también a civiles.
Sin embargo, el juez Meirovich explicó que la causa se inició el 7 de agosto cuando la fiscal María Luz Rivas Diez "labró actuaciones para investigar estos sucesos" y dijo que Mussa presentó la denuncia al día siguiente.
"Juan Ricardo Mussa no sería parte de la estructura del organismo cuya estructura y diferentes funciones se encuentran reguladas en la normativa citada", explicó el magistrado sobre la ley que se aplica para estos casos.
Además, rechazó a Mussa como querellante en la causa y para que se declare la indisponibilidad de los fondos incautados.
Junto con Antonini viajaron y arribaron al país el entonces titular del OCCOVI (Organo de Control de Concesiones Viales) Claudio Uberti, el presidente de petrolera venezolana PDVSA, Diego Uzcátegui Matheus; su hijo, Daniel Uzcátegui Specht, y otros funcionarios de ambos países. La Cámara en lo Penal Económico sobreseyó por prescripción a Uberti y dejó la causa al borde del archivo porque nunca se concretaron las extradiciones al país de Antonini y de los Uzcátegui Matheus para que declaren en la causa.
