La misma causa Vialidad que mantiene presa en su domicilio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner le costará al Estado casi 10 millones de dólares en honorarios de asesoramiento legal.
Los abogados Luis Goldín y Fernando Muriel, que representaron a la exmandataria en la rama civil de la causa, están reclamando que el Estado les pague sus honorarios profesionales. Esto es así porque entienden que ganaron el juicio civil, ya que Vialidad Nacional dejó caer la causa, iniciada durante el gobierno de Alberto Fernández, al no continuar el reclamo. Por eso, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal dio la instancia por caducada, y se calcularon los honorarios de asesoramiento, que quedan a cargo de la parte que pierde el juicio.
En total, se reclaman unos 13.614 millones de pesos para doce letrados, que representaron a distintos exfuncionarios acusados. Vialidad Nacional presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, quien ahora debe
En un último intento por evitar el pago, desde Vialidad Nacional se presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, que deberá resolver sobre el caso. La Cámara Civil y Comercial Federal congeló el pago hasta que la Corte se expida. Por eso, Goldín y Muriel denunciaron ante la Corte "privación de justicia" y solicitaron la anulación de la decisión de la Cámara, para destrabar el cobro de sus honorarios.
Si logran su objetivo, resultaría en un desembolso oneroso para el Estado. En tanto, la Justicia aún no logró decomisar nada de los 587 millones de dólares que debe pagar la exmandataria por su condena.
El abogado Luis Goldin es autor de un libro sobre la "ineficiencia" de la Corte Suprema
Luis Joel Goldin, cabeza del reclamo, tiene 37 años y lidera el estudio de abogados que lleva sus iniciales: LG Lawyers Consulting. Según se publica en el sitio institucional, se especializa en "asuntos civiles y comerciales" y en "litigios complejos".
Goldin se graduó en la Universidad Nacional de Buenos Aires, se especializó en Cuantificación de daños y Finanzas ejecutivas en la Universidad de Barcelona Pompeu Fabra, y cursó una maestría en Derecho y economía en la Universidad Torcuato Di Tella. Es docente en la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, donde dirge la Cátedra de Contratos Civiles y Comerciales. En 2023, publicó el libro Corte Suprema de Justicia de la Nación: Estructura e ineficiencias a través de la editorial Dunken, en base a una tesis realizada en 2020.
También es dueño parcial de la empresa Zhilong S.A., recién constituida. Según se publicó en el Boletín Oficial el 13 de julio de 2026, la compañía abarca muchas actividades, desde comercialización de vehículos, maquinaria, repuestos, autopartes, insumos de electromovilidad, explotación de talleres mecánicos de reparación y posventa, fabricación, desarme y ensamblaje de vehículos hasta gestión integral de flotas y verificación técnica vehicular. Pero también puede ofrecer servicios de publicidad, representación, marketing, así como servicios financieros, gestoría y trámites de registro.
El letrado Fernando Muriel es parte del Frente de Abogados Populares
Por su parte, el otro impulsor del reclamo por honorarios ante la Corte Suprema de Justicia es el abogado Fernando Muriel, quien forma parte del Frente de Abogados Populares, una organización política, gremial y universitaria que nuclea a letrados identificados con el campo nacional, popular y la justicia social.
Fue vicepresidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) durante el gobierno de Alberto Fernández.
