El juez federal Daniel Rafecas procesó a 17 exfuncionarios de Vialidad Nacional y a proveedores del Estado, investigados por "cartelización de obra pública" durante los últimos dos años del kirchnerismo (2013-2015). Además, les trabó un embargo por un total de 36 millones de pesos.
El juez consideró, en un fallo de 400 fojas, que se había establecido un circuito para distribuir las obras públicas siempre a los mismos oferentes, mediante "engaños", falsificación de documentación y sobornos. El magistrado se focalizó en la provincia de Buenos Aires.
Entre los procesados, están el ex jefe de la división de administración, Luis Daniel Lozano; la ex jefa de licitaciones y compras, Gladys Pedernera, el ex jefe de la sección servicios de apoyo y el ex supervisor de la sección equipos. Todos ellos fueron procesados por haber integrado una "asociación ilícita" junto al matrimonio de Cristian Fizzani y Paola Oviedo, proveedores del distrito.
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También hubo otros diez procesamientos a supuestos proveedores del Estado, acusados de fraude. Rafecas descubrió irregularidades y licitaciones presuntamente armadas en 167 casos. En la provincia de Buenos Aires, había, según el juez, una asociación ilícita "permanente" entre funcionarios públicos de Vialidad y proveedores de esa repartición.
Muchos de los adjudicatarios eran parientes de los que tenían que otorgar la licitación, según escribió el magistrado en el fallo de 400 fojas. En allanamientos y en una auditoría interna se detectaron, de acuerdo a lo que detalló el juez, sobornos y dádivas de los proveedores a los funcionarios.
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En otros casos, las licitaciones se "cartelizaban" con documentación falsa para apoyar a los proveedores que los funcionarios en cuestión querían beneficiar. De acuerdo al fallo, al que accedió PERFIL, el dictamen fue realizado este miércoles.
MC
