Mientras el Gobierno parece que tiene cada vez más dificultades para dar una respuesta convincente para explicar por qué no se llegó a un acuerdo con Pfizer para la provisión de vacunas contra el covid-19, el Ministerio de Salud rechaza responder pedidos de acceso a la información pública al respecto bajo el argumento de que nunca se firmó el contrato y que por ende no es algo alcanzado por la ley.
La ONG Bases Republicanas presentó en abril un pedido de acceso a la información pública (un derecho regulado por la ley 27.275) preguntando sobre diferentes cuestiones vinculadas con la adquisición de las vacunas y con la estrategia de vacunación. Una de las consultas indagaba: “Cuál fue el motivo por el que no se ha firmado contrato con laboratorios Pfizer, a pesar de que Argentina formó parte de los países que aportó voluntarios en el proceso de la Fase 3 de investigación de la vacuna desarrollada por ese laboratorio”.
La respuesta que provino desde Salud, firmada por Sonia Tarragona, sostiene que esos motivos “no constituyen información pública”, según lo que marca la ley, “toda vez que los mismos no se encuentran en poder de este Ministerio como sujeto obligado a brindar información pública en ninguno de los soportes previstos por la ley”.
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Y además, insiste en que “no es tarea de esta área, conocer e informar los MOTIVOS (la mayúscula es del original) por los cuales no ocurrió un hecho, no estando obligado el sujeto a entregar información que no se encuentre producida dentro de la administración, ni de generar información que no se tiene en tanto no exista obligación legal de hacerlo”.
Después de recibir las respuestas, desde la ONG, que preside Jimena de la Torre (ex número dos de AFIP), anticiparon que van a presentar un recurso de amparo para exigir que se de respuesta al pedido de acceso a la información sobre los contratos con el laboratorio Pfizer. También pedirán que aporten el listado completo de vacunados, otro punto que el Gobierno se negó a responder alegando que viola la confidencialidad de los datos personales.
Por otra parte, la ONG se presentó ayer ante el Ministerio de Salud para exigir que se deje sin efecto la categoría de “personal estratégico” en el plan de vacunación. De la Torre afirmó que “el derecho a la vida está por encima del funcionamiento del Estado, y debe ser defendido por sobre todas las cosas”.
