La jueza federal María Servini rechazó hoy un pedido de nulidad presentado por la defensa de Mauricio Macri y ratificó así el pedido de entrecruzamiento de llamados entre teléfonos del ex presidente y otros investigados en una causa por supuestas maniobras ilegales contra el grupo Indalo, propietario del canal C5N.
La magistrada también rechazó pedidos de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, Mario Quintana y José Torello, parte de los involucrados en el expediente. Con esta decisión de Servini, la DAJUDECO está en condiciones de comenzar con el análisis del entrecruzamiento de llamados.
La causa comenzó el año pasado, tras una denuncia de Fabián De Sousa, uno de los titulares del Grupo Indalo. En su declaración, De Sousa acusó a Macri y funcionarios de su gestión por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta. En el marco de ese expediente declaró como testigo Cristóbal López, socio de De Sousa, que avaló los dichos de De Sousa y se refirió a charlas que había tenido con el ex presidente.
En su escrito, de 28 páginas, al que tuvo acceso PERFIL, Servini consideró que el entrecruzamiento "cumple con todos los requisitos necesarios para su dictado; el conocimiento de todo el universo de llamados resulta necesario a efectos de poder determinar si eventualmente hubo variaciones en los flujos de comunicaciones en las cercanía a los hitos individualizados".
Servini había ordenado a comienzos de este mes el entrecruzamiento que involucra los cruces entre los teléfonos de Macri, Rodríguez Simón, Quintana, Torello y los ex titulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli, entre otras personas. La pericia es con el objetivo de determinar si comunicaron en las fechas en que De Sousa y López declararon haber recibido presiones o advertencias de dictado de medidas contra el grupo Indalo.
De Sousa denunció a la AFIP por persecución al Grupo Indalo
Puntualmente, Servini ordenó determinar "los registros de comunicaciones con activación de celdas" en el período comprendido entre el 01 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2019 y también confeccionar "un detalle de interlocutores comunes y frecuentes, y un entrecruzamiento de llamadas".
El primero en pedir la nulidad del entrecruzamiento fue Rodríguez Simón, quien a través de su defensa sostuvo que el pedido era "innecesario, inadecuado y absolutamente desproporcionado a sus fines, y violentaba el derecho a la intimidad y privacidad".
A esa presentación se sumó la defensa de Macri, encabezada por Pablo Lanusse, quien sostuvo que la medida "aplicaba estereotipada y mecánicamente un medio de prueba sin la debida fundamentación, ni el análisis sensible que los derechos y garantías comprometidos exigían, como tampoco la función que ejerció Mauricio Macri durante el período de tiempo del cual quería obtenerse el registro de todas sus actividades telefónicas y su ubicación". Al tiempo que hizo referencia a la "indiferencia por las consecuencias que ello podría generar en cuestiones de seguridad nacional y de Estado que todo ello podría comprometer".
En su resolución, Servini consideró que “el planteo de nulidad interpuesto por la defensa de Fabián Rodríguez Simón, al que se adhirieran las defensas de Mauricio Macri, José María Torello y Mario Eugenio Quintana, no es más que un recurso para pretender cuestionar una medida de prueba que, por regla general, es irrecurrible”. En tanto que consideró que no se encontraba "fundado el argumento que la medida de prueba violaría la seguridad nacional, ya que no se expusieron las razones que motivarían tal afirmación, más allá de la mera enunciación de las atribuciones constitucionales que tiene el presidente de la Nación".
