Con el 2016 se fue un año intenso en materia legislativa. A pesar de que el Gobierno supo manejar la necesidad de buscar consensos para aprobar distintas leyes buscadas por el presidente Mauricio Macri, los tiempos le jugaron en contra y hay algunos proyectos oficialistas que por falta de tiempo quedaron sin tratarse.

Fondo del Conurbano. La gobernadora María Eugenia Vidal reclamó a principios del año pasado actualizar el famoso Fondo implementado por Carlos Menem. Creado en 1992 y alimentado con el 10% de la recaudación del impuesto a las ganancias, el objetivo original de esta medida era solucionar las falencias habitacionales de la zona, ya que la densidad demográfica, superó la planificación urbana de muchos partidos que carecen de infraestructura tanto física como social para atender las necesidades básicas de la gente.

En el Congreso Nacional fueron presentados tres proyectos. Uno oficial impulsado por Federico Pinedo, otro del Frente Para la Victoria con la firma de Juan Manuel Abal Medina y María Laura Leguizamón y otro de Jaime Linares, senador del GEN que responde a Margarita Stolbizer. 

La polémica en torno a este conflicto es clara. A pesar de ser “un reclamo inobjetable”, como lo definió el propio Abal Medina, los legisladores de las otras provincias no ven con buenos ojos votar un proyecto que implica resignar fondos de sus cuentas para que los tenga Buenos Aires, uno de los distritos más ricos del país.

“La principal diferencia entre el proyecto oficial y el nuestro (que también es apoyado por Vidal) es que en el primero las provincias resignan mucho más de la coparticipación. En el nuestro el monto es compartido y los perjudica menos“, explicó el ex Jefe de Gabinete aunque reconoció que “cualquier iniciativa de este tipo genera la oposición de todos los senadores”.

Desde 1972 la coparticipación que recibe la provincia de Buenos Aires disminuye cada vez más (inició en 34,4% y hoy no llega al 20%). En palabras del senador, “pareciera que los bonaerenses trabajan y producen para mantener a otras provincias”. 

Obligatoriedad de la sala de 3. Una de las iniciativas con las que el gobierno logró un buen apoyo opositor y que quería sancionar el año pasado es una de las banderas del ministro de Educación, Esteban Bullrich: la sala de 3 obligatoria. Él mismo se presentó en la comisiones de ambas cámaras del Congreso para defenderla pero las demoras parlamentarias, los retrasos causados por el debate sobre ganancias, y la ida y vuelta entre lo que decían los ministros de Educación provinciales (que firmaron rápidamente el acuerdo de reciprocidad con Nación para desarrollar todas las obras) y lo que hacían los diputados de cada distrito, le jugaron en contra. 

El 16 de noviembre, con amplio respaldo opositor, obtuvo la media sanción con 206 votos a favor en Diputados, hecho que destacó el Presidente de la comisión de Educación de la Cámara Baja, José Luis Riccardo. El radical de San Luis que fue el encargado de promover el debate y arreglar todo para que la iniciativa salga sin problemas, algo que, como él dice, “no costó mucho porque por suerte nadie se opone a tener más educación; sería una locura”. 

El recibimiento de este proyecto, según el diputado, radica “en que los beneficios de una sala de tres obligatoria están científicamente comprobados. Por ejemplo, beneficia a mejorar la comprensión lectora que, actualmente, es un punto débil en todos los años escolares”. 

Así y todo, tuvo cinco votos en contra (tres fueron del Bloque Compromiso Federal, que responde a Adolfo Rodríguez Saá). “El proceso de redacción fue importante no solo por el hecho político en sí, sino por el compromiso de los gobernadores y sus ministros. Se planean tres mil nuevos proyectos de obras para jardines en todo el país y se espera generar 20 mil puestos de trabajos nuevos, solo en el sector público”, sostuvo Riccardo. 

Según cifras oficiales, se estima que más de 400 mil niños, contando la sala de tres, cuatro (actualmente es la edad obligatoria) y cinco años están fuera del sistema educativo inicial.

Ley de comunicaciones. Esta ley que reemplazará a la Servicios de Comunicación Audiovisual (bandera insignia del kirchnerismo), fue una de las primeras polémicas del gobierno de Cambiemos que ni bien asumió sus obligaciones disolvió, a través de un decreto, la AFSCA y la AFTIC para crear el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que preside Miguel Ángel De Godoy, ex secretario de comunicaciones de Macri cuando era Jefe de Gobierno Porteño.

Durante todo un año, una comisión redactora se encargó de recoger las opiniones de todos los bloques para elaborar el proyecto que finalmente sería enviado al Congreso. En paralelo, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, impulsa su propia propuesta de ley, presentada hace 10 años.

Primer empleo. Cuando fue a defender la iniciativa el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, a la comisión de la Cámara Baja lo que más encontró fue críticas y oposición a la iniciativa. Desde diputados que sugerían modificar algunos puntos a otros que lo rechazaban de plano, en sintonía con lo expuesto por la CGT. 

Uno de los más duros fue Abel Furlán, diputado del Frente para la Victoria y dirigente de la UOM. En su momento cuando comenzó el debate en comisión dijo que el proyecto “precariza porque le da la posibilidad a las grandes empresas de deshacerse de un trabajador antiguo, con experiencia, para cambiarlo por uno nuevo ya que no se exige un listado de trabajadores que sigan siendo parte de la empresa cuando incorpore el empleado joven”. “Es una herramienta de los empresarios para reemplazar trabajadores de mayor categoría y costo laboral, por uno dócil, para poder formarlo de acuerdo a sus necesidades”, disparó en un intenso cruce con la bancada oficialista. Cambiemos nunca consiguió acuerdo y la iniciativa no pasó por el recinto.

La “puerta giratoria”. El tema lo usó Sergio Massa en la campaña del 2015 y a lo largo del año legislativo. Luego de acordar la redacción del proyecto sobre régimen de ejecución de la pena, que prohíbe las salidas transitorias y la libertad condicional a los autores de delitos graves con el radical Luis Petri (Presidente de la Comisión de Seguridad Interior), la votación en Diputados fue de 134 a favor y 69 en contra. El Senado pospuso el debate para 2017.