Una jueza federal de Tierra del Fuego suspendió las indagatorias de 18 exmilitares acusados de actos de tortura durante la guerra de Malvinas tras denunciar que su juzgado no cuenta con la cantidad de personal necesario para llevar adelante el proceso.
Se trata de Mariel Borruto, jueza federal de primera Instancia de la ciudad de Río Grande. Los ex integrantes de las Fuerzas Armadas debían declarar entre el 27 de junio y el 4 de julio próximos, según había dispuesto el 2 de mayo el juez subrogante de Ushuaia Federico Calvete, antes de que Borruto asumiera el cargo.
Torturas en Malvinas: el entramado oculto de antisemitismo, estaqueos y hambre
La causa 1777/07, caratulada "Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública", surgió a partir de los testimonios de soldados tras el regreso de la guerra de 1982, quienes revelaron haber sido víctimas de "estaqueamientos" y "enterramientos", entre otros maltratos físicos perpetrados por oficiales y suboficiales contra integrantes de la propia tropa.
La denuncia fue radicada en 2007 con la presentación de las primeras 25 denuncias por parte de Pablo Vassel, entonces Secretario de Derechos Humanos de Corrientes, y tomó impulso a raíz de acciones promovidas por el Centro Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim).
Sin embargo, Borruto, que juró en el cargo unos veinte días atrás, dictó una resolución en la que manifiesta la imposibilidad de realizar ese acto procesal debido a la falta de recursos humanos para destinar a la investigación.
Por primera vez, citan a declarar a 18 militares acusados de torturas en Malvinas
"No puede desconocerse que este juzgado no cuenta con una asignación de personal específico para la actividad que demanda la instrucción de estas actuaciones, máxime tomando en consideración el incremento de tareas que ha traído consigo la convocatoria de los imputados a prestar declaración indagatoria", fundamentó Borruto en un escrito oficial al que accedió Télam.
En ese sentido, mencionó que "no puede desconocerse que los hechos que nos ocupan son de una trascendencia y complejidad que requieren de una especial atención" e incluso recordó que sus antecesores en el cargo requirieron la creación de una secretaría específica para esta causa.
Ante ello, el secretario de Relaciones Institucionales del Cecim, Ernesto Alonso, que interviene como querellante en la causa, calificó de "inadmisible" la decisión de la magistrada, cuando se cumplen 12 años de iniciado el expediente y 37 años de la guerra.
Marcelo Rapoport: “En Malvinas, hubo muertes a raíz de las torturas”
"Es una nueva dilación para un proceso donde las víctimas siguen esperando verdad, memoria y justicia. Es algo que nos sorprende porque los funcionarios judiciales no pueden excusarse en falta de recursos para brindar el servicio de justicia", señaló Alonso en dialogo con Télam.
Por su parte, el abogado del equipo jurídico del Cecim, Jerónimo Guerrero Iraola, consideró que el Estado "tiene la obligación y no puede poner excusas de este tipo para desarrollar una investigación de tamaña magnitud".
"Esta suspensión vuelve a poner a las víctimas como moneda de cambio, vulnerando nuevamente el derecho de acceso a la justicia. Es otra muestra de revictimización y la responsable es la jueza Borruto", aseveró el letrado a Télam.
MS/
