Pero el expediente no es el único en el que se investiga el que se investiga espionaje ilegal durante el macrismo. Desde la causa que también tramita en Lomas de Zamora y por la que desfilan víctimas como la vicepresidenta, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la familia de sindicalistas Moyano, hasta el caso de espionaje a periodistas, adónde y qué se investiga cada una, quiénes están bajo la lupa y quiénes fueron espiados.
La causa con víctimas de la política, sindicalismo y hasta la iglesia católica. Estaba a cargo de Federico Villena, quien fue apartado por la Cámara de Apelaciones de La Plata. Se inicio en febrero pasado y se investiga espionaje ilegal a políticos, sindicalistas, periodista, miembros de la iglesia y de organizaciones sociales, entre otros. La hipótesis de la justicia en la causa es la de que, en los últimos años, funcionó una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, en la que sus integrantes cumplieron diferentes roles estratégicos, valiéndose de su calidad de empleados públicos y agentes o dependientes de las Fuerzas de Seguridad o AFI.
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El caso tiene más de 50 víctimas y 20 imputados. Entre los afectados están desde CFK y Horacio Rodríguez Larreta, pasando por Diego Santilli, Emilio Monzó, Nicolás Massot y los sindicalistas Luis Barrionuevo y Hugo Moyano. Hasta ahora, todos los que se presentaron para conocer el material sobre ellos se convirtieron en querellantes en el caso.
La causa se inició luego de la detención de un narco, Sergio “verdura” Rodríguez, quien declaró el vínculo con Facundo Melo, un abogado de la AFI, lo que se convirtió en el puntapié inicial del caso. Hace dos semanas, tras el apartamiento de Villena, pasó a manos de Augé, quien la delegó en la fiscal Cecilia Incardona. Mientras aún estaba bajo la órbita de Villena se produjeron 22 detenciones.
Espionaje al Patria. En el juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, en el despacho a cargo de Juan Pablo Auge es dónde se investiga espionaje ilegal sobre el Instituto Patria y al propio domicilio de CFK, en Recoleta, en 2018. En el marco de ese caso fue detenido, el sábado 20 de junio, uno de los ex directores de la AFI macrista, Alan Ruíz, quien luego fue procesado sin prisión preventiva. En indagatoria aseguró que las maniobras que realizó fueron legales. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es también querellante en esta causa. Ruíz está comprometido también en la investigación que tramita en paralelo a esta.
Por elespionaje al Patria y al domicilio de Cristina Kirchner fueron indagados esta semana Arribas y Majdalani. Ambos insistieron en que todo lo realizado fue en el marco de una investigación judicial, ante la sospecha de posibles ataques. Se negaron a responder preguntas hasta tanto no se resuelvan la serie de planteos que realizaron y que buscan tanto demostrar que el tema ya fue investigado en Comodoro Py así como que la competencia de Lomas de Zamora no es la que corresponde en el caso.
Los mails pinchados. En el despacho de Marcelo Martínez de Giorgi recayó en mayo pasado la denuncia presentada por la actual titular de la AFI, Cristina Caamaño, por presunto espionaje ilegal a personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes y policías durante el gobierno de Cambiemos. Fue tras el hallazgo de información recuperada de un disco rígido que había sido borrado, y requirió la indagatoria del ex presidente Mauricio Macri. En el caso ya se ordenaron medidas. Junto a Martínez de Giorgi interviene el fiscal Jorge Di Lello.
Espionaje a periodistas. En el Juzgado Federal 11 de Comodoro Py. Allí tramita otra de las denuncias por espionaje realizadas por Caamaño. Es la que involucra el espionaje sobre 403 periodistas, 28 académicos, 58 empresarios y personalidades de la sociedad civil, y distintos dirigentes del Partido de los Trabajadores Socialistas. Los nombres surgen del seguimiento realizado a partir dos eventos que se llevaron a cabo en nuestro país como la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio de 2017 y la Cumbre del G20 de 2018. También está a cargo de Martínez de Giorgi, quien subroga el juzgado que fue de Claudio Bonadio. La fiscal es Paloma Ochoa, quien ya pidió varias medidas en el expediente.
Venta de armas. Presentada la semana pasada por la actual dirección de la Inteligencia local. La presentación de Caamaño volvió a apuntar a Arribas y Majdalani para que se investigue el accionar de su gestión en cuanto, de acuerdo a la denuncia, “autorizó y procedió a la venta de armamento de fuego de distinto calibre que integraba el patrimonio de la Agencia, a funcionarios y agentes en actividad, a un precio irrisorio y con ínfimos requisitos en cuanto a las condiciones necesarias para acceder a dicho negocio jurídico”. La denuncia recayó en la fiscalía a cargo de Ramiro González, quien la impulsó, por lo que desde esta semana hay una nueva investigación.
