Ex ministro. Luciani y Mola pidieron 10 años de prisión. |
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Alfredo Izaguirre
Mañana inicia la segunda semana de alegatos de las defensas en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz a favor de Lázaro Báez. El turno será del de los abogados de Julio De Vido quienes adelantaron lo cerrarán esta misma semana.
La defensa técnica del ex ministro de planificación estará a cargo de los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro. Los letrados apuntan con finiquitar su alegato, pedir la absolución y la nulidad de todo lo actuado entre el lunes y el martes.
La exposición de Rusconi y Palmeiro promete ser contundente puesto a que sobre De Vido pesa el tercer mayor pedido de pena detrás del de Cristina Fernandez de Kirchner y el de Lázaro Baez.
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En su acusación, el fiscal Diego Luciani le pidió al Tribunal Oral número 2 condenarlo a 10 años de prisión por considerarlo “autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita agravado por su calidad de organizador y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública en concurso real”.
A esto se suma el requerimiento de inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos que, de ser hallado culpable y quedar firme la condena, no solo podría volver a cumplir prisión (domiciliaria en este caso por su edad) sino que se le prohibiría ostentar cargo alguno en cualquier administración.
El alegato de De Vido será remoto los dos días. Si bien, la sala B de audiencias de la planta baja de los tribunales de Comodoro Py está presta para el juicio, sus abogados prefirieron hacerlo de forma virtual. Hasta ahora se desconoce si Rusconi y Palmeiro estarán junto a su defendido en un mismo lugar al momento de la exposición.
En una semana, más de una cuarta parte de los acusados cumplió con el trámite procesal. Previo a De Vido le antecedieron las defensas en primer lugar del ex presidente de la administración general de vialidad de la provincia de Santa Cruz Hector Garro, que sostuvo que los fiscales violaron la constitución puesto a que el expediente ya se juzgó en un tribunal local de Santa Cruz donde se evaluaron las mismas obras.
Posteriormente siguió la del ex funcionario del organismo vial santacruceño Mauricio Collareda que dijo que “ni Báez ni nadie de su empresa tenía injerencia en Vialidad”. El último alegato de la primera semana lo complementó la del ex responsable del Distrito 23 “Santa Cruz” de Vialidad Nacional, Raúl Daruich, quien advirtió que “la peor forma de corrupción” es “condenar a un inocente”. En ese marco, las tres defensas pidieron las absoluciones de sus representados.
En las últimas semanas el otrora Ministro de Planificación de Nestor y Cristina Kirchner sumó un durísimo revés judicial y es que la Corte Suprema rechazó un planteo donde buscaba para apartar a los jueces de la Sala III de la Cámara de Casación tras recurrir a la confirmación de condena de 5 años y 8 meses por la tragedia de Once. Sin embargo, el máximo tribunal tiene pendiente un recurso de De Vido contra dicha condena.
Finalizado el alegato de Rusconi y Palmeiro vendrá el turno del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, cuya audiencia será el próximo viernes presencial y de quien los fiscales pidieron 4 años de prisión.
Con esto, todo apunta que la defensa de Cristina Kirchner exponga su alegato a partir del lunes 19 de septiembre. Al tener la vicepresidenta el mayor pedido de condena, no se descarta que sus abogados insuman las tres audiencias habilitadas por el tribunal 2 como tope para refutar y sustanciar los dichos y el pedido de condena de 12 años formulado por los fiscales.
En caso de así desearlo, Cristina también tendrá la posibilidad a través de su defensa técnica de dirigirse al tribunal. Sin embargo, todavía persiste la incógnita de si la ex mandataria pedirá ir a los tribunales de Comodoro Py y hacerlo junto a su defensa.
En ese marco y mientras transcurre la investigación por el intento de homicidio en su contra. Cristina insiste con apartar al fiscal Diego Luciani y a los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Gimenez Uriburu.
