Finalmente, la Justicia accedió a abrir el concurso de acreedores solicitado por la mayor empresa agroexportadora de capitales nacionales, Vicentin. La decisión la tomó un juzgado de Reconquista, en Santa Fe, y de esta forma dará el marco legal para que la compañía renegocie una deuda estimada en casi $ 100 mil millones, con más de 2.600 acreedores contabilizados en la causa.
De acuerdo con el escrito judicial, se dieron por cumplidos los requisitos necesarios para negociar un pago a los acreedores en Tribunales, luego de infructuosas discusiones de la compañía de las familias Nardelli y Padoán para hallar un entendimiento para su deuda, que creció fuertemente en los últimos cuatro años, en especial también con el Banco Nación, banca internacional y corredores de granos.
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El auto de la Justicia incluye el detalle de quiénes quedaron afectados por el impago del gigante agroexportador: 1.895 acreedores por compra de granos, 586 proveedores de bienes y servicios, 19 acreedores fiscales, aduaneros y de la seguridad social, 98 acreedores accionistas y 3 sociedades vinculadas con créditos pendientes de percepción. En total, son 2.638 legajos de acreedores por una deuda total denunciada de $ 99.345 millones de pesos, cerca de US$ 1.500 millones.
Junto con la renegociación de la deuda de US$ 900 millones de Molino Cañuelas, productor top de trigo y harina, y el concurso del Banco Galicia que rondó los US$ 1.500 millones, el concurso de Vicentin es uno de los más importantes de los últimos años, y refleja el impacto de la devaluación y caída de la demanda y el crédito en el sector privado. Vicentin, además, está en la mira porque uno de sus principales acreedores es el Banco Nación, con quien llegó a tener créditos por US$ 300 millones, refinanciados aún por encima de las normas de liquidez mínimas de la entidad estatal, cuando estaba encabezada por Javier González Fraga.
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La compañía, con 1.287 empleados, “se explayó en el análisis de su estado de insolvencia actual, justificando la necesidad de acudir a este proceso concursal”. La compañía explicó que su modelo agroexportador “demandó grandes volúmenes de endeudamiento tanto en la plaza local como a nivel internacional” y atribuyó la crisis a la volatilidad de los mercados financieros, la necesidad de acudir a endeudamiento comercial, las malas condiciones climáticas, la importación de materias primas desde Brasil y Estados Unidos y “el abandono por parte del gobierno nacional en 2018 de políticas arancelarias que promovían una mayor rentabilidad del sector”. El 11 de marzo habrá un encuentro para definir los tres síndicos que se encargarán de verificar la deuda, un proceso que llevará hasta el 9 de junio.
