La despenalización del consumo personal de cannabis volvió a ponerse en agenda luego de los fallecimientos en la región metropolitana por el uso de cocaína adulterada y el tema llegó al Congreso a través de un proyecto de ley de la diputada entrerriana del Frente de Todos Carolina Gaillard, que viene trabajando en la cuestión de manera sostenida.
Tal como sucedió con el proyecto de interrupción legal del embarazo que se convirtió en ley a finales de 2020, se trata de una cuestión que atraviesa a los distintos partidos políticos de manera transversal y ya se hay sucesivas iniciativas presentadas, que vuelven a tomar fuerza de manera periódica.
Lo cierto es que todavía el Congreso no dio ningún paso en este aspecto e incluso se encuentra en un estadío anterior, ya que aguarda la aprobación definitiva del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para regular el cultivo de cannabis medicinal, que cuenta con media sanción del Senado y que fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias para lograr que se convierta en ley.
"La legalización del cultivo va a permitir que el consumidor no vaya al dealer y eso es fundamental para reducir los índices de violencia y la tasa de delito", explicó Gaillard en relación a su proyecto, que también tiene las firmas de Mónica Macha Blanca Osuna Verónica Caliva María Rosa Martínez Carolina Yutrovic Jimena López, Mabel Caparrós Lucila Masin Mara Brawer y de Itaí Hagman, el único hombre que suscribió la iniciativa.
La legisladora indicó además que "debemos abordar las adicciones sin tapujos. El adicto no es un delincuente sino una persona que sufre una enfermedad y debemos abordarlo cómo tal", indicó en declaraciones a la prensa.
En una nota de opinión publicada en PERFIL, la diputada Brawer citó que "los números dicen que en Argentina, cada 50 minutos se detiene a una persona por tenencia de drogas, en su amplia mayoría con cantidades ínfimas. A su vez, son personas de muy bajos recursos las que engrosan las estadísticas de los momentos “exitosos” de esta guerra".
"Es imprescindible transmitir la idea de que penalizar al consumidor (pobre) es la excusa perfecta para no ocuparse del narcotraficante", insistió la legisladora.
El propio ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, reconoció que la despenalización puede representar una alternativa frente al avance del narcotráfico y las adicciones.
"La marihuana será el reemplazo natural del tabaco", dijo Berni.
“Los argentinos tenemos que discutir nuevos paradigmas y buscar las mejores políticas públicas para luchar contra el narcotráfico, porque evidentemente las políticas de lucha contra el narcotráfico han fracasado en el mundo”, indicó Berni el pasado miércoles, en línea con un posible cambio en la mirada oficial.
Qué dice el proyecto
La tenencia de cannabis no será punible para aquellos casos de consumo personal que fue fijado en hasta "40 gramos de flores y el cultivo domiciliario de hasta 9 plantas de cannabis de efecto psicoactivo".
El texto además indica que aplica "cuando de las circunstancias surja que su destino es medicinal, terapéutico y/o paliativo, para consumo personal o de un tercero para quien se cultiva, almacena o produce solidariamente.
Otro de los ejes de la normativa es que establece que "en ningún caso será punible el médico u otro profesional autorizado para recetar, cuando las prescripciones, suministros o entregas recaigan sobre cannabis con destino medicinal, terapéutico y/o paliativo", al tiempo que elimina el artículo que impone tratamiento de desintoxicación y rehabilitación para quienes consuman.
El Gobierno confirma que prepara un proyecto de ley para despenalizar la marihuana
En los fundamentos del proyecto, que toma la experiencia de otros países del mundo, explica que "se propone eliminar y disminuir los efectos negativos de la criminalización cuando las conductas cuya dañosidad no trasciende la esfera de lo privado o no configura delitos violentos" y también marca que el avance "contempla la racionalidad y eficacia de los recursos estatales", es decir que no se dispone presupuesto ni recursos operativos para perseguir al consumidor.
También abarca el aspecto social al mencionar que "las personas detenidas que suelen ocupar las cárceles por infracción a la ley de estupefacientes, provienen de clases populares, carecen de empleos formales e instrucción básica", así como la verificación de un "aumento sostenido de mujeres y disidencias sexuales que son privadas de la libertad por este delito.
