Estos días se habló mucho de “la guerra contra el narcotráfico”. Más allá de los títulos, los números dicen que en Argentina, cada 50 minutos se detiene a una persona por tenencia de drogas, en su amplia mayoría con cantidades ínfimas. A su vez, son personas de muy bajos recursos las que engrosan las estadísticas de los momentos “exitosos” de esta guerra.
Es que todavía se sigue dando una falsa discusión en la que se apunta al consumidor como a quien comete un delito cuando en realidad a quien tiene un consumo, el Estado no lo debe perseguir sino todo lo contrario, lo debe cuidar. Esto trae aparejado el problema de que los consumidores (recreativos o problemáticos) no saben lo que consumen y si se sienten mal, en muchos casos, no piden ayuda a un médico ni concurren a un hospital por riesgo de ser penalizados.
Entre tanta hipocresía generalizada alrededor de este tema –incluyo aquí el comentario de que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en la villa 1-11-14 de la ex gobernadora María Eugenia Vidal– es imprescindible transmitir la idea de que penalizar al consumidor (pobre) es la excusa perfecta para no ocuparse del narcotraficante.
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En sólo tres años, de diciembre de 2015 a diciembre de 2018 (Bullrich – Ritondo), 64.063 personas fueron presas por delitos vinculados al narcotráfico en nuestro país. Esto representó un aumento del 145 % en relación a períodos anteriores. El asunto es que cuatro de cada 10 causas que se iniciaron fueron solamente por tenencia para consumo y prácticamente todas estuvieron lejísimos de alcanzar a un “capo narco”.
Luchar contra el narcotráfico no es meter preso al pibe que vende en una esquina de la villa porque no está ese pibe pero viene otro y luego otro y así. Dar pelea al narcotráfico es en cambio ir a buscar en los paraísos fiscales la trazabilidad de movimientos bancarios que mueven millones y necesitan ser blanqueados. De hecho, en Santa Fe hay financistas, policías y empresarios presos con líderes de “Los monos” pero el negocio es tan millonario y complejo que muta sobre sí mismo y sobrevive.
Por supuesto que hay que desarticular la cadena que se desprende del gran negocio y que, luego de varios eslabones, llega a la esquina de ese barrio humilde. Pero ahí se debe ir con propuestas articuladas de salud, educación y posibilidad laboral, es decir, ayudar a construir un proyecto de vida. “Meter preso” al pibe que vende en la esquina como única solución no sólo no frena el circuito porque viene otro a ocupar su lugar, sino también porque en muchos casos, esa situación deja desamparadas a las familias.
El narcotráfico se fortalece con una prensa amarillista
Muchas chicas jóvenes, generalmente con hijos chicos, se vuelcan a vender porque lo pueden hacer desde su misma casa o a transportar (mulas) porque están en una situación de emergencia absoluta. Las estadísticas carcelarias dicen que hoy de cada diez hombres presos, uno está por infracción a la ley de drogas, mientras que el número asciende a cinco de cada diez, si hablamos de mujeres. También las personas trans son “carne” para este negocio, siete de cada diez, según los informes.
Así es que esos operativos en los que se allana un búnker de una villa frente a las cámaras de televisión, además de tratarse de actos más bien teatrales, no resuelven el problema del consumo ni del narco sino que dan lugar a que se den casos terribles de violencia institucional, como por ejemplo el asesinato del adolescente Lucas González (cometido por miembros de una Brigada de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, sin patente ni signos de ser policial) que en diciembre pasado nos conmovió a todos.
Retomo aquí las palabras del otro día de Cristina Fernández, cuando en la asunción de Xiomara Castro como presidenta de Honduras, dijo: “Cuando el Estado no puede generar trabajo que permita a los ciudadanos acceder a una vivienda, cuando no puede generar condiciones de educación y salud, quién aparece? El narco.” y completó “es curioso que quienes impulsan en la región el achique del Estado y programas de ajuste, después vengan a decir que hay que combatir al narco. Como si el narco se pudiera combatir solo desde el ministerio de Seguridad y no desde donde hay que combatirlo, que es de desde la salud y la educación, desde el acceso al progreso”.
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Es por esto que es tan necesario hoy replantear el paradigma desde el que se habla de las drogas de consumo ilegal porque tal como viene funcionando no modifica los patrones de consumo de nadie, gasta fortunas en recursos judiciales que en su mayoría, no conducen a nada y además encarcela a los eslabones últimos que encuentran en el narcomenudeo la única forma de subsistencia.
La política de reducción de riesgos y daños que lleva adelante la Provincia de Buenos Aires y que se hizo más visible en este caso de la partida de cocaína adulterada nada tiene que ver con promover el consumo, como salieron a decir rápidamente desde la oposición, sino todo lo contrario, son dispositivos que salvan vidas.
Urge modificar la Ley 23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes, que no incorpora los Tratados de Derechos Humanos a los que adhiere nuestra Constitución Nacional, que reprime con pena de prisión la tenencia para consumo personal y que ni en su redacción ni en su práctica colaboró a modificar los patrones de consumo.
Así es que para la política hay dos opciones: podemos seguir avalando escenas de operativos para la televisión cual serie que miramos entretenidos desde el sillón de casa. O podemos decidir que es tiempo de dejar de lado el show para las cámaras y abrirnos a un debate serio y honesto.
* Mara Brawer. Diputada Nacional por el Frente de Todos. Vicepresidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico.
