La Corte Suprema de Justicia aceptó, este martes 29, el pedido del per saltum que solicitaron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos traslados habían sido revocados por el Senado.
En este contexto los periodistas, María O'Donnell y Edi Zunino, tuvieron un enérgico debate en RePerfilAr sobre el rol del máximo tribunal de justicia y la pelea de poder con el Gobierno de Alberto Fernández.
M.O.: La Corte no tomó una decisión de fondo, sí tomó una decisión totalmente excepcional que muy rara vez en la historia ha tomado la Corte, que es aceptar un per saltum. Quiere decir, tomar un planteo sin que tenga que hacer todas las instancias previas y acelerar de esta manera el proceso. Este per saltum, en el cual la Corte acepta discutir si el traslado de estos tres jueces, si deben o no permanecer al lugar en donde lo mando en la época de (Mauricio) Macri, el Consejo de la Magistratura. Ahora tiene que tener una cuestión de fondo, mientras tanto y en primera instancia es una derrota para el Poder Ejecutivo con Alberto Fernández, que había criticado al Presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Entendiendo que Rosenkrantz era el único que estaba detrás de la movida de aceptar un per santum, cosa que el fallo de hoy demuestra que no es así y había dicho incluso el Gobierno que sería un disparate que la Corte acepte el per santum. No está todo dicho. Pero esta primera decisión es una derrota para Alberto Fernández y abre un foco de conflicto con la Corte.
E.Z.: Lo primero que habría que ver es cuál es la verdadera cuestión de fondo, porque me parece que a lo que se le llama popularmente cuestión de fondo es si Cristina Fernández de Kirchner va a ir presa o no va a ir presa y de qué manera va a ir presa o no va a ir presa. Eso es lo que la opinión pública está planteando como cuestión de fondo. Técnicamente no es la cuestión de fondo que se está discutiendo, lo que se está discutiendo es quién elige y quién mueve a los jueces según la Constitución Nacional. Si es el Presidente de la Nación pero con acuerdo del Senado y asistencia del Consejo de la Magistratura, tal cual marca la Constitución o es el Presidente eventualmente cuando se le parezca porque la Argentina siempre está en emergencia. La movilidad de los jueces ya se hizo anteriormente, lo hicieron prácticamente todos los gobiernos. El tema es que acá se plantea una cuestión institucional donde termina tomando decisiones que no le corresponden a la Corte Suprema de Justicia. Constitucionalmente la elección y selección y movilidad de los jueces depende del Poder Ejecutivo, que como no se ha dado ahora es la Corte la que tiene que resolver.
E.Z.: Tiene que resolver la Corte temas políticos y temas económicos de distribución de fondos. La Corte Suprema es el poder menos político de todos, porque nadie vota a los jueces de la Corte Suprema pero es un poder de la Constitución. Tienen que terminar definiendo cómo se manejan las principales cajas del país: Los fondos coparticipables y los fondos del Anses, que siempre están en litigio. El problema institucional en serio es este, lo que se quiera interpretar de fondo corre por el lado de quien lo quiere interpretar.
E.Z.: Lo que me gustaría hablar con María es cómo evalúa este 4 - 1 de Rosenkrantz solo por un lado y Lorenzetti, Rosatti, Highton de Nolasco y Maqueda por el otro.
M.O.: Me parece que el voto de Rosenkrantz ya anticipa la cuestión de fondo. Rosenkrantz dice cuestiones que acá hay gravedad institucional, que están en juego principios fundamentales que hacen a la independencia al Poder Judicial, que es la inamovilidad de jueces a menos que hayan cometido cuestiones que ameritan su desplazamiento. Creo que si uno lee la decisión de Rosenkrantz, ya anticipa su decisión de fondo que es que va a pedir que los jueces permanezcan en dónde habían quedado. Si uno ve el fallo de los otros cuatro jueces, la cosa queda un poco más abierta. Esto es muy grave porque podría poner en juego un montón de causas. ¿Qué pasa, si se decidiera que esos traslados estuvieran mal hechos, con las decisiones que tomaron esos jueces mientras ocuparon esos cargos? ¿Podría Cristina Fernández de Kirchner decir: “Estos jueces nunca debieron haber intervenido en mis causas, porque estaban en un lugar al cual no tenían derecho constitucional para estar”?
M.O.: Fue considerado un escrache porque fue en su casa, quizás. Pero durante el Gobierno de CFK, en el segundo mandato, había manifestaciones permanentemente en los Tribunales para presionar o peticionar, porque el verbo cambia dependiendo del periodista, por el tema del reclamo de la ley de medios. El Gobierno salió a protegerlo a Lorenzetti, porque especulaban con que no iba a pedir el per saltum. ¿Te parece que Lorenzetti de ahora es un escrache y lo de antes eran protestas?
E.Z.: Yo creo que hay que reivindicar el derecho a que la gente proteste y proteste como le parece mientras sea pacíficamente. Todos acá terminamos siendo víctimas del fascismo del otro y me parece que los argumentos ya terminan siendo infantiles. El nivel de discusión política está al nivel del zócalo. Es cierto, se presiona a los jueces. No está mal que la Corte Suprema actúe en un caso como este que tiene derivaciones institucionales presionadas, el tema es que decida por presión. Si un tema genera conmoción y hace falta una última palabra, lo deseable es que esa última palabra se de rápido.
Úrsula Ures Poreda: ¿Quién asume el costo político de esta situación? ¿Lo absorbe el presidente, Alberto Fernández o Cristina Fernández de Kirchner?
M.O.: Cristina Fernández no tiene ningún costo en juego. Está claro que esta es la agenda de CFK. El problema es que esto le complica la agenda a Alberto Fernández porque queda tomado por una agenda que es más propia de CFK
E.Z.: Coincido con maría, porque la cuestión de fondo para la opinión pública es si Cristina va a ir en cana o no. Cuanto más dure esa discusión, cuanto más se polariza más la audiencia y arrancamos una vez más la campaña electoral con esta cuestión de fondo.
I. R. A CP
