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REPERFILAR / Opinión
viernes 31 julio, 2020

Una reforma ilegítima (en el mejor de los casos)

Se postergó la economía por la salud, pero hay espacio para meter mano en uno de los tres poderes del Estado. Urge una deliberación amplia y robusta.

DECISIÓN. Adoptaron las licencias extraordinarias para judiciales. Foto: CIj.

Hace no mucho tiempo, el presidente Alberto Fernández señaló que era necesario ocuparse de la economía, pero que la pandemia había colocado a la salud como prioridad. Llamaba la atención que un gabinete no tuviera la capacidad de atender dos temas críticos de modo simultáneo, pero la opinión presidencial parece haber cambiado. Ahora, el Gobierno no sólo puede ocuparse de los persistentes problemas sanitarios, sino también de dos reformas fundamentales para a estructura institucional de nuestro país: la de la justicia federal y la de la Corte Suprema.

Hay razones para preocuparse. Una es esa misma contradicción: no había capacidades para atender los problemas económicos, pero hay capacidad para reformar uno de los tres poderes del Estado. Y otra es que se trata de una reforma inquietante por sus antecedentes, por las decisiones judiciales que la anticipan, por la sospecha de que no se buscaría tanto mejorar la calidad de la Justicia en cuanto servicio a la ciudadanía, como satisfacer los intereses de algunos actores relevantes de la coalición gubernamental.

Pero dejemos de lado las sospechas, por más fundamentos que puedan tener. Asumamos que el Presidente impulsa esta reforma guiado por las mejores intenciones, como serían las de transformar un sistema de justicia sumamente insuficiente, ineficiente y corrupto. Aun así, la reforma va a carecer de legitimidad. La ciudadanía fue privada, en nombre de la emergencia sanitaria, de libertades básicas: trabajar, circular, reunirse o protestar. Una reforma judicial exige una participación intensa de la ciudadanía, una deliberación amplia, robusta y no sólo un tratamiento legislativo. Pienso en las universidades y en los colegios profesionales, pero también en espacios públicos, en las oficinas, en los cafés o los medios de comunicación, donde se debería discutir al igual que se discutieron la Ley de Medios o el aborto. No es ésta una reforma que se deba hacer a puertas cerradas para satisfacer eventuales intereses sectoriales.

Estas reformas nacen bajo la luz de la sospecha, pero sobre todo espurias: de espaldas a la deliberación que a democracia exige para producir las mejores herramientas institucionales con vistas al bien común.

*Editor y escritor. Esta columna fue tomada del formato audiovisual.

 


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