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SOCIEDAD / el estado pago $ 182 millones
sábado 23 junio, 2018

A más de un año de la compra de El Molino, no empezaron las obras

Los trabajos de recuperación de la confitería debían estar listos a fin de año, pero el Ejecutivo aún no define cuándo comenzarán. Vecinos denuncian vandalismo y robos.

por Claudio Corsalini

Cerrado. El emblemático edificio, vallado desde hace un lustro. Foto: cedoc

Un año y medio después de que el Estado nacional de-sembolsara $ 182 millones para expropiar el edificio y confitería Del Molino, la realidad del emblemático edificio frente al Congreso se encuentra en un “limbo” hasta tanto se defina su situación.

Si bien el Ejecutivo nacional expropió la propiedad para luego cederla sin cargo al Congreso de la Nación, aún falta determinar cuál de estos dos poderes se haría cargo de los gastos que representan al erario público las obras de remodelación y puesta en valor del edificio estilo Art Nouveau diseñado y construido por Francisco Gianotti e inaugurado en 1916, y que –según había adelantado PERFIL– iban a estar listas a fines de este año.

Con servicios de luz y agua cortados en algunos sectores del edificio, la confitería clausurada desde hace más de 20 años, sin portero, ascensores ni mantenimiento, y con quienes viven en el lugar sin tener un interlocutor válido que defina su situación habitacional, la incertidumbre y el abandono dominan la escenografía de la emblemática esquina de Callao y Rivadavia.     

La circunstancia, además, se torna más compleja si se tiene en cuenta que a través de los andamios que cubren todo el frente del inmueble desde 2015, es utilizado por personas ajenas al edificio para ingresar a su interior y vandalizarlo. Según cuentan quienes viven allí (ver recuadro) algunas de las puertas y ventanas que dan sobre la avenida Callao fueron violentadas, en especial las que conectan con el gran salón de baile del primer piso.

Vandalismo. En este sentido, Carlos Antolín, vecino con más de 30 años en ese inmueble, denunció que “un grupo de diez personas ingresó el 1º de junio con intenciones no solo de vandalizar sino también de tomar el lugar. Ese día, la Policía de la Ciudad detuvo a tres personas que habían ingresado y dejó una consigna en la esquina”, agregó el vecino. “Queremos seguir viviendo acá, pero hasta tanto no se defina un referente con quién arreglar nuestra situación estamos desprotegidos”, señaló sin ocultar su preocupación Antolín.  

La Confitería El Molino fue declarada de utilidad pública y sujeto de expropiación en 2014 a través de la ley 27.009 promulgada el 1º de diciembre de ese mismo año. Mucho antes, en 1992, fue declarada como Area de Protección Histórica (APH).

Indefiniciones. Tras la expropiación, el inmueble pasó a formar parte de la denominada Manzana Legislativa, con la intención de abrir en los amplios salones de la confitería un centro cultural y un museo. Desde el Palacio Legislativo, en tanto, señalaron a PERFIL que “se mantienen la mismas condiciones desde que se realizó la expropiación en 2015. Estamos a la espera de poder ingresar y hacernos cargo de los trabajos de revalorarización del lugar”.

‘Ocupan’ el edificio pero dicen que están “desprotegidos”

Patricio Alvarado y Juan Ignacio Lobo forman parte de la docena de habitantes del edificio de El Molino, con entrada sobre Rivadavia al 1800 y viven allí desde hace más de una década. Pagaban alquiler pero hoy, dicen, no tienen cómo hacerlo y tienen los servicios básicos cortados. Con el acceso casi bloqueado por la instalación de los andamios, al igual que Carlos Antolín, Alvarado y Lobo expresan su preocupación por la situación que viven en el lugar.

“Estamos pendientes de la posibilidad de ser intrusados por gente en situación de calle. Vivimos una situación de desamparo e incertidumbre que nos preocupa ya que no sabemos cuándo se va a resolver la situación del inmueble.Desde que la anterior propietaria dejó la propiedad, la situación aquí dentro se tornó muy complicada. Las últimas intrusiones fueron muy violentas”, señaló Alvarado, mientras mostraba uno de los refuerzos de aluminio que tuvieron que colocar en las puertas que dan al primer piso de la confitería. “Estamos desprotegidos y nadie, ni la Nación ni el Congreso se hacen cargo del edificio”, agregó.


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