Si bien los cambios sociales y culturales suelen ser procesos lentos y paulatinos, en el caso de la Ley del Aborto en Argentina –que en estos días cumple dos años desde su sanción– la modificación social parece ser muy significativa. Eso se desprende de diversos informes presentados por las autoridades de Salud de Nación y de la provincia de Buenos Aires que muestra avances concretos en estas temática: según afirmó Ayelén Mazzina, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, “Los números son claros: en estos dos años, disminuyeron las complicaciones y muertes por abortos”. Y la ministra de Salud Carla Vizzotti, dio un ejemplo del crecimiento en esta política: “Ya tenemos en el país 1.437 centros de salud que garantizan ILE e IVE (interrupción voluntaria e interrupción legal del embarazo). Cuando comenzamos había 903 centros. Crecimos un 60% el primer año y un 7,5% en 2021”.
Obviamente, el número más sólido de esta temática es la cantidad de intervenciones. Según le dijo a PERFIL Valeria Isla, Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, “entre enero y septiembre de 2022 las provincias informaron haber realizado 59.267 interrupciones en condiciones seguras en el sistema público. En los doce meses del 2021, fueron 73.487”. Además, se hicieron 187 asistencias técnicas para poder resolver situaciones complejas. Otro dato significativo es que la línea telefónica dedicada (08002223444) recibió –entre enero y octubre del año pasado– 13.752 consultas mientras que en todo 2021 las llamadas fueron 17.943.
Reversión
Un ejemplo significativo de este rotundo cambio de política se verifica en la provincia de Buenos Aires. Según le recordó a PERFIL Carlota Ramírez, a cargo de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva en el Ministerio de Salud de PBA, “es la provincia que tiene el 40% de la población del país”. Según la funcionaria, cuando asumieron hace ya casi tres años, la temática prácticamente no existía en el organigrama, en cuanto a falta de insumos, recursos, y “peso” en la estructura administrativa. Tampoco el protocolo estaba alineado al de Nación. Eso se fue revirtiendo y sumaron centros de salud integrales y capacitación para atender y acompañar en estas temáticas. “Hoy tenemos una Red de Acceso al Aborto con 539 establecimientos distribuidos en 132 de los 135 municipios de PBA. En diciembre de 2019 sólo el 38% de los municipios tenía efectores que garantizaran el acceso. Hoy el 98% de los distritos tiene, al menos, un centro especializado en la temática y solo quedan tres municipios en PBA sin establecimientos asistenciales que la garanticen (San Miguel, Capitán Sarmiento y Lezama).
El 90% de las intervenciones se hace antes de las 12 semanas.
Ese tipo de cambios no fueron los únicos. Ramirez recordó que desarrollaron un sistema de registro epidemiológico estadístico ya que “ni siquiera se sabía cuántos casos debíamos atender por año o cuánto misoprostol (la droga básica usada para esta intervención) debíamos adquirir y así poder satisfacer la demanda”. Además, en una apuesta por el desarrollo farmacéutico nacional, firmaron convenios de compra con un laboratorio público santafesino, que produce esta molécula en forma local.
En cuanto al número, las estadísticas de PBA indican que desde marzo de 2020 se registraron 72.192 situaciones de aborto, de los cuales el 95% se corresponden con abortos intencionales (ILE/IVE).
En términos porcentuales, entre 2020 y 2021 hubo un aumento en el acceso de 131%. “Lo cual”, aclara Ramírez, “no significa que haya habido un aumento en el número total de abortos, sino que lo que crecieron fueron los abortos seguros y registrados, que antes eran clandestinos e inseguros”. Y esto redundó en “una baja contundente en las cifras de mortalidad y morbilidad materna por aborto”, datos que están consolidando antes de publicarlos.
Otro punto de impacto social causado por la aprobación de Ley es que cada vez más mujeres recurren a la consulta apenas saben de su embarazo no deseado: “el 90% de las intervenciones se hace antes de las 12 semanas. Eso mejora mucho la seguridad del procedimiento de esta práctica ambulatoria”, dijo.
Si bien la situación es positiva, a futuro quedan algunos ejes por trabajar. Según Isla, “tenemos que seguir ampliando, en el país el número de equipos de profesionales capacitados, para estas situaciones. Con una mejor distribución territorial podemos mejorar más el acceso. Eso implica también “eficientizar el circuito administrativo, lograr que no se exijan los estudios excesivos para la práctica y sumar nuevos métodos –como el de aspiración manual intrauterina para quienes la necesitan–, y sumar las drogas más nuevas y efectivas, con menores efectos secundarios. También incorporar figuras como el acompañante o socorrista”.
Una nueva droga para la IVE
Hace pocos meses, la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó sus recomendaciones sobre las mejores políticas de salud en esta temática. Y si bien Argentina está alineada, las autoridades de Salud de Nación y la provincia de Buenos Aires están diseñando algunas actualizaciones. Según Valeria Isla, “en los próximos meses planeamos facilitar el acceso a la nueva droga recomendada para la IVE (mifepristona), tanto en el sistema público como privado. Y queremos sumar más profesionales capacitados a los equipos interdisciplinarios que atienden y acompañan estas situaciones, dando la mejor consejería posible. Capacitaremos médicos de diversas especialidades y también nuevos profesionales como las obstétricas y enfermeras”.
Otro punto que tienen en carpeta las autoridades es llevar esta temática hacia los centros de atención primaria y también lograr mejorar la atención y controles médicos postaborto en un contexto propiciado por la OMS para dejar definitivamente atrás la criminalización que, durante décadas, predominó en este campo.
