Marzo será “el día D” para la Policía Bonaerense. La gobernadora, María Eugenia Vidal, y el ministro de Seguridad, Cristián Ritondo, tienen planeado iniciar la reforma de la fuerza de seguridad en ese mes. El plan, pensando en dos planos temporales de uno y cuatro años, incluye un cambio estructural que implica la reducción de más de la mitad de los jefes.
En la actualidad, existen 44 superintendencias que atribuyen a la atomización de la información de inteligencia criminal y, a la vez, concentran el poder en pocos nombres vinculados al ex jefe de la Policía, Hugo Matzkin. Fuentes del entorno del actual gobierno indicaron a PERFIL que en marzo ese número bajará a veinte debido a que se unificarán las dependencias creadas en la gestión de Daniel Scioli.
Otro cambio importante será el traspaso de las policías locales a la órbita municipal. Serán los intendentes quienes comanden las fuerzas comunales y ya no dependerán de la cartera de Seguridad. Esta medida busca reforzar la presencia de efectivos en las calles y continuar una política de proximidad.
En su edición del 27 de diciembre, este diario adelantó que Vidal y Ritondo avanzaban en la reforma, pero el plan tuvo algunos tropiezos. Ese mismo día, los hermanos Martín y Christian Lanatta y Víctor Schillaci escaparon de prisión y se sospecha que contaron con algún tipo de cobertura policial para mantenerse prófugos durante 13 días. El 12 de enero, el ministro anunció que pasaba a retiro a siete comisarios generales y los cambios continuaron desde entonces.
Según indica el sitio web del ministerio, las autoridades están “en adecuación” y fuentes policiales detallaron que los responsables de las principales dependencias pueden variar de un día a otro. Ningún nombre está confirmado para su continuidad, a excepción del actual jefe y subjefe de la bonaerense, Pablo Bressi y Fabián Perrone, respectivamente, y el comisario general Claudio Fuentes, al frente de la división de Drogas.
Las fuentes indicaron que la reestructuración prestará especial atención al narcotráfico y estará basada en cuatro ejes: el primero, estructural; el segundo tiene que ver con una fuerte capacitación de la fuerza; el tercero con la incorporación de tecnología que requerirá una fuerte inversión y será implementada de forma gradual; y el último punto se abocará al resguardo de la vida del personal policial.
En este último punto, Ritondo se aseguró de dotar con un chaleco antibalas a cada uno de los 11 mil efectivos que participan del Operativo Sol. La carencia de recursos es uno de los mayores problemas que afronta la Bonaerense.
El nuevo modelo, que toma algunas ideas y fórmulas de los anteriores, también recalará en la transparencia de los jefes. Desde la jerarquía de subcomisario en adelante, los uniformados deberán presentar sus declaraciones juradas de forma pública, a las que la ciudadanía podrá tener acceso por internet.
Consultado por este diario, Ritondo se limitó a indicar que trabaja según las directivas de Vidal para que la reforma en seguridad, una de las prioridades del actual gobierno, “trascienda en el tiempo, tenga consenso político” y se consolide como “política de Estado”. Sin embargo, según pudo averiguar PERFIL, la reconfiguración implica medidas que serán implementadas en forma de resoluciones y otras, en forma de leyes, es decir, que deberán pasar por la Legislatura bonaerense.
Vidal y Ritondo buscan el respaldo de los principales espacios políticos.
Para conseguirlo, durante toda la semana pasada hubo reuniones entre Ritondo y los principales referentes de la Provincia: se reunió con ocho intendentes del peronismo en la casa de Martín Insaurralde; tuvo un encuentro con legisladores que responden a Sergio Massa y una charla con líderes del PRO en la provincia de Buenos Aires.
Este lunes el titular de Seguridad enviará una invitación al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Sarghini, y a su par del Senado provincial, Daniel Salvador, para que los espacios de mayor representación aporten sugerencias a la comisión que llevará adelante la reforma.
