Desde que escaparon, la madrugada del domingo pasado del penal de máxima seguridad en General Alvear, los hermano Martín y Cristian Lanatta y su socio Víctor Schillaci buscaron refugio donde siempre estuvieron protegidos: la zona sur del conurbano bonaerense. Ayer, la búsqueda de los tres prófugos condenados por el triple crimen de General Rodríguez seguía enfocada en las localidades de Berazategui, Quilmes, Florencio Varela y alrededores. Los últimos datos de la investigación demuestran que el radio de protección de los reos es tal que, a pesar del intenso operativo policial para localizarlos, los hombres más buscados del país están en el lugar más obvio.
Pero además, PERFIL pudo corroborar que el Servicio Penitenciario y la Justicia bonaerenses recibieron en agosto una alerta del Ministerio Público Fiscal que habría evitado la fuga, y la desoyeron.
Este medio accedió a información judicial que potencia las sospechas sobre el Servicio Penitenciario Bonaerense. La Policía de la provincia de Buenos Aires tampoco es ajena al escándalo. De hecho, el Ministerio de Seguridad resolvió ayer sumar a las fuerzas federales a la investigación. Y el gobierno nacional aceptó la condición de trasladarlos a un penal federal si se entregan. Para los investigadores la fuga comenzó a planearse hace meses. Eso descartaría un mensaje político hacia el gobierno de María Eugenia Vidal. Algunos de los familiares de los Schillaci habrían sido los encargados de recolectar el dinero para financiar la logística y liberar la zona.
La denuncia pública de Martín Lanatta contra Aníbal Fernández también estaría relacionada con el plan. El 6 de agosto, un día después de su denuncia contra Aníbal Fernández –con quien se lo vinculó desde el inicio del caso–, Lanatta pidió ser alojado junto a su hermano y a Víctor Schillaci dentro del penal de General Alvear, pero aislado de otros reclusos y en una misma celda.
Entonces, el Ministerio Público Fiscal de la provincia, que investiga el triple crimen desde 2008, se opuso por escrito a la posibilidad de que los tres detenidos estuvieran alojados juntos y recordó el intento de fuga de los reclusos en diciembre de 2013, días antes de la Navidad. La jueza de Ejecución Penal de Mercedes, Marcela Otermín, prefirió resguardar la integridad física de los reclusos, desoyó la alarma de los fiscales y dio vía libre al pedido de Martín Lanatta.
Un dato llamativo de la investigación es que Víctor Schillaci estaba entonces alojado en una celda de castigo porque durante una requisa encontraron teléfonos en su celda. Se enteró de que iba a ser alojado en la enfermería del penal junto a los Lanatta. Schillaci se negó, según las fuentes de la causa. Pero el Servicio Penitenciario lo alojó en el lugar que luego posibilitaría su escape. El Ministerio Público Fiscal también se había opuesto a que estuvieran en el área de Sanidad. Hicieron caso omiso. Otro dato que la Justicia no pasa por alto: cuando fueron a buscar las grabaciones de la cámara de seguridad de la enfermería, no encontraron registros.
“Los tenemos localizados”, había dicho el jueves el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. Pero esa misma tarde, mientras los buscaban con perros y helicópteros en la localidad de Rancho y en los domicilios de sus familiares, Cristian Lanatta se habría presentado en la casa de su ex suegra para robarle $ 3 mil y una camioneta. Fue a las 17, en Berazategui, según la denunciante.
Los familiares están en la mira. Los Lanatta ya demostraron en el caso de los homicidios de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina que plantan pistas falsas. Las autoridades no confían en la denuncia de la ex suegra. Sin embargo, confirmaron que hay pruebas fácticas de que los prófugos se encuentran en la zona sur del Gran Buenos Aires.
