Un logro de Javier Milei no pasa por si baja la inflación o si el dólar está quieto, sino por conseguir que cada día las discusiones sobre su gobierno sean en sus términos. Es lo que la guardia de hierro libertaria suele llamar la “batalla cultural”, que sintetizando se trata de una serie de elementos simbólicos y narrativos para confrontar con el “comunismo” (léase opositores). Dentro de este marco conceptual artificialmente impuesto, en términos futbolísticos, se llevan la marca los gritos e improperios que el Presidente suele derramar a sus opositores y en general a todos los que no comulguen con sus estrictas ideas.
Desenfocados. Por supuesto, que el Presidente dedique sus horas a despotricar contra sus críticos es preocupante en un país que ha conocido censuras y prohibiciones; sin embargo, estos debates de colectora muchas veces hacen perder la profundidad de los cambios que propone su gobierno y los intereses con los que se articula. Cuando se observa el panorama a través de una óptica diferente, ya no se trata de un outsider que llega al poder casi por obra del azar y de los errores de sus competidores sino de un proyecto bastante delineado y que apunta a cambiar la matriz económica del país.
La ley Bases se discutió abiertamente en su primera versión en febrero, incluso con la presencia en el Plenario de Comisiones de decenas de representantes de cámaras empresariales, sindicatos, personalidades la cultura y expertos en diferentes áreas como la educación y la salud. En cambio la segunda versión –recortada– se negoció a puertas cerradas y en estos días ni se conocía su texto. La idea que parecía primar en el Gobierno es que exponía que se estaba negociando y esto dañaría la figura de Milei –hoy abanderado del dogmatismo más radical–.
Una cosa curiosa es que la primera ley tenía incorporado su capítulo fiscal, y que el Gobierno lo retira con un anuncio de Luis Caputo un viernes a la noche. En cambio, esta semana fueron dos leyes diferentes, pero con un tratamiento casi conjunto –Martín Menem dio diez minutos de descanso entre una y otra– para mantener la sensación de que se trataba de la misma ley, incluso en la cobertura de algunos medios se confundían ambos proyectos.
La ley asegura en su texto que seguiría vigente aun derogada, algo que nadie logró en los 214 años de historia
La hora de los grandes. Más allá de las habilidades comunicacionales del Gobierno, vale la pena observar que de los 238 artículos, 64 son dedicados a tratar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un régimen especial para inversiones de más de 200 millones de dólares a aplicarse durante los próximos dos años.
Nadie duda de que Argentina necesita aumentar el flujo de inversiones y que en las actuales condiciones los propios argentinos piensan mil veces incluso a la hora de abrir un humilde comercio, y para eso viene el RIGI. Pero las empresas –nacionales o extranjeras– que inviertan mediante los llamados Vehículos de Proyecto Único (VPU) tendrán una serie de beneficios por el lapso de treinta años, por ejemplo pagarían el 25% de impuesto a las ganancias, pero solo el 7% para ganancias acumuladas en forma de dividendos (art. 182). También las importaciones que realicen los VPU estarán exentas de pagar derechos de importación, el impuesto PAIS y todo otro régimen impositivo también estarán libres de pagar retenciones.
Si bien se supone que la norma apunta principalmente a la generación de proyectos de inversión de minería y de explotación petrolera y gasífera, su texto no especifica qué sectores están incluidos en el régimen. No obstante, habría una “autoridad de aplicación” que apruebe los proyectos presentados, lo cual también abre una posible cuota de arbitrariedad. Lo más cercano a la incubación de nuevas industrias se refiere a “los proyectos que puedan resultar en el posicionamiento de la República Argentina como nuevo proveedor de largo plazo en mercados globales en los que aún no cuenta con participación relevante”(art. 170). Además, resulta inquietante que el Estado nacional asegure por ley el acceso al mercado libre de cambios cuando el país sufre de restricciones cambiarias prácticamente desde 1952. Tampoco las provincias o municipios podrán aplicar impuestos por fuera de lo estipulado, por lo cual las VPU –habrá que familiarizarse con este término– no pagarían ingresos brutos o tasas municipales.
El lado oculto de la Luna. Resulta una tarea muy técnica y tediosa para no especialistas seguir el articulado del nuevo régimen para las grandes inversiones, que casi no fue debatido en Diputados, frente a problemas que parecen más urgentes o prioritarios. Pero esta ley, así como está, sin cambios en el Senado o en la reglamentación, rápidamente va a cambiar la estructura económica argentina. No parecieran existir trabas para que las grandes empresas argentinas que aún perduran sean compradas por los grandes fondos de inversión que, como se sabe, 200 millones de dólares no les mueven el amperímetro. De esta forma, la economía dará el paso final en la transnacionalización total. Además, como señalaron muy silenciosamente algunas cámaras, estas nuevas disposiciones colocan las semillas para una economía dual donde las empresas más grandes volcadas al mercado mundial paguen menos impuestos que las que ofrezcan sus productos en el mercado local y donde los proveedores de la cadena de las corporaciones mundializadas –por ejemplo la automotriz– queden afuera, ya que a las VPU les convendrá siempre importar.
Irreversible. Finalmente, una cosa muy interesante es que la ley en su propio texto asegura que seguiría vigente aún derogada. En el art. 198° se asegura que el Estado nacional garantiza “la plena disponibilidad de sus activos e inversiones, que no serán objeto de actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho por parte de ninguna autoridad argentina”. Dicho de otra forma, todo el entramado normativo que plantea el gobierno libertario busca la irreversibilidad de sus políticas hacia el riesgoso futuro argentino, una apuesta que nadie logró en dos siglos y catorce años de existencia nacional.
*Sociólogo.
