Javier Milei es economista. Como tal siguió desde el lunes de esta semana el minuto a minuto el tratamiento de Bases II que se terminó aprobando el martes en Diputados, y que ahora tendrá un errático destino en el Senado. El Presidente, con entusiasmo, no deja de pensar desde hace tiempo sobre el impacto fiscal que el mega paquete tendría en las cuentas públicas, especialmente en los potenciales nuevos ingresos para el fisco. En pesos contantes y sonantes. Y más allá de las reformas económicas que el jefe de Estado considera fundamentales para los cambios estructurales que siempre soñó (motosierras y licuadoras en la administración pública nacional, reformas laborales con décadas de retrasos, privatizaciones con confusos interesados); el avance final del proyecto le permitiría por diferentes capítulos combinados mejorar una performance donde se viene patinando desde enero 2024: la recaudación impositiva.
Según la medición que Milei tiene sobre la mesa, elaborada sobre la base de mediciones privadas que habitualmente colaboran con el Ejecutivo, la mejora en los ingresos en moneda local podría llegar a superar un punto del PBI. Unos 5.000 millones de dólares. O 5.000 billones de pesos. En ambos casos, mucho dinero. Serían ingresos en pesos que le permitirían al Gobierno morigerar el ritmo del feroz ajuste que los libertarios vienen aplicando desde el 10 de diciembre del año pasado. Ese punto del PBI podría determinar una disminución en el ajuste de la clase media, en sintonía a lo que se decidió el martes pasado en la Casa Rosada: una suspensión porcentual en los aumentos de las naftas, electricidad y gas; mutando la velocidad de la luz con la que se aplicaban los incrementos, a una visión más gradualista al “Macri style” del 2016. La apuesta, claramente, es mejorar en el segundo semestre el clima poco festivo en que vive la clase media, esperando la tan ansiada recuperación de la economía real. Y, luego, la visión sobre la marcha del gobierno de parte de los propios votantes del libertario.
¿De dónde saldrá el dinero? En términos descendientes en cuanto a los montos, lo que más dinero le aportará al fisco, de aprobarse Bases II, es la restitución de Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. Serían aproximadamente algo menos de 800.000 personas las que volverían a pagar el impuesto, con la salvedad que no será retroactivo. Una buena, que habrá que atribuirle a la oposición dialoguista que obligó al oficialismo legislativo a entregar el cobro del impuesto hacia atrás. Sigue en la escalera ascendente de ingresos el eventual resultado que aporte la moratoria impositiva, que incluye todo tipo de deudas.
También el polémico “Aporte Solidario y Extraordinario” o, popularmente conocido, impuesto a la riqueza que en algún momento impulsó el kirchnerismo y que generó una trifulca legal que aún navega sin destino en Tribunales. Sigue en el ranking de potenciales aportes de pesos incluídos en Bases II, los cambios en Bienes Personales desde el ejercicio 2023, fundamentalmente en el capítulo que permitirá liquidar cinco ejercicios a la vez, con una tasa preferencial de 0,45%. Como último capítulo fundamental, no se tiene en cuenta en esta suma de ingresos que podría aportar el blanqueo, una aventura que para Milei tiene características de epopeya.
Sumando dinero adeudado, el principal problema /amenaza que tiene el país es el vergonzante y evitable juicio que se mantiene en Nueva York por la manera en que el gobierno de Cristina Fnández de Kirchner renacionalizó YPF en 2012. Según el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska perdidoso para el país, Argentina debería pagarle a dos fondos buitre (Burford Capital y Eton Park) unos 16.000 millones de dólares. Y como la causa pasó a segunda instancia luego de la apelación obligatoria que armó el estudio Cromwell y Sullivan (C&S), ya corren intereses; los que sumarían unos U$S 600 millones. Luego de los U$S 44.800 millones que se le deben al FMI, esta causa representa el segundo pasivo más importante que mantiene Argentina. Con la salvedad que del otro lado no hay un organismo financiero internacional dispuesto a negociar algún acuerdo de largo plazo. La contrapartida de la causa YPF son dos fondos buitres (fundamentalmente Burford) que quieren cobrar dinero contante y sonante. O con un bono serio y prolijo. Argentina,simplemente, no tiene ese dinero ni lo tendrá, dato que es tomado a rajatabla por Burford. Y también por Preska, que debe resolver mientras se define la causa en la segunda instancia de Nueva York, si acepta o no un peligroso reclamo de Burford, de hacerse del 51% de las acciones que el estado mantiene en la petrolera luego de la nacionalización del 2012, como garantía de pago hacia el país; argumentando (quizá con razón) que Argentina tiene el peor curriculum y cumplimiento en Wall Street. Burford Capital le reclama a Preska que active el esquema de garantías de cobro, ante lo que considera falta de voluntad negociadora por parte del país. Y ante la inexistencia de bienes reales o financieros de potencial embargable ya no existe hoy una Fragata Libertad disponible, el fondo vencedor en la causa le pide a Preska que avance sobre las acciones del estado en YPF. El argumento tiene solidez. Si bien la empresa quedó fuera de las responsabilidades penales por la manera en que se renacionalizó, Burfod afirma que la mayoría accionaria sí es un bien con el que cuenta el Estado argentino; y que debería estar disponible como activo embargable al ser papeles que en parte cotizan en la bolsa de Comercio de Nueva York. Preska tiene, teóricamente, hasta la primera semana de junio para resolver la cuestión. Poco tiempo. Para peor, y mientras resuelve el caso, aparece la amenaza real de que Preska acelere los tiempos.
La lluvia no ayuda. Los paros de los sectores agropecuarios tampoco. Mucho menos el retraso cambiario con cuyas consecuencias bombardean los economistas ortodoxos en sus informes privados. Lo cierto es que el ritmo de liquidación sojera no muestra en estas semanas el ritmo esperado por el gobierno y los mercados, en tiempos donde ambos deberían estar contabilizando ganancias y dólares de refuerzo a las reservas del Banco Central. Hacia adelante la información es contradictoria.
En el oficialismo financiero se habla de un lento convencimiento de parte de los liquidadores sojeros, sobre que no habrá cambios rápidos en la política cambiaria; traducidas en alguna devaluación más o menos importante. Mucho menos un régimen de dólar que favorezca a los exportadores de la oleaginosa. Luis “Toto” Caputo directamente habló de especulación.
Los productores le contestaron con ironía. Pero un dato cruza como un rayo algunas oficinas que tratan el tema: las órdenes de compra de silobolsas son récord, al punto de compararse con épocas de alta especulación o peleas políticas con el kirchnerismo. Para saber dónde está la verdad, esta semana que comienza el lunes será fundamental.
