El Ministerio de Seguridad de la Nación relevó, a lo largo del primer mes de cuarentena, 12 episodios de violencia institucional en los que se vieron involucradas fuerzas federales a cargo de implementar el decreto presidencial de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Gendarmería encabeza esa cuenta como la rama que más implicados tiene entre los 25 funcionarios afectados.
Hasta el momento, solo cuatro de los responsables fueron pasados a disponibilidad por la existencia de evidencia contundente contra ellos, específicamente grabaciones, o la admisión de responsabilidad. El resto fue removido de
sus tareas de vigilancia mientras sigue el proceso de investigación.
Buenos Aires y Conurbano. La mayor parte de los casos tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, en los barrios populares, bajo custodia de la Gendarmería y Prefectura. La lista incluye hechos ocurridos en Isidro Casanova, partido de La Matanza, y en La Cava, San Isidro, así como en los barrios 1.11.14, Fátima y 21-24. Esta última barriada fue la que más casos concentró a nivel territorial.
También hubo un episodio que involucró a la Policía Federal en Cipolletti, provincia de Neuquén. Ocurrió el 26 de marzo cuando una pareja gay acudía a comprar alimentos y la abordaron oficiales. Los jóvenes aseguraron haber sido tratados como “delincuentes”.
La Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional es la que se ocupa, dentro del Ministerio, de relevar las denuncias y requerir a la fuerza involucrada la información relativa al caso.
Discriminación, xenofobia y racismo. En ocasiones, la denuncia es presentada desde algún organismo, tal como ocurrió con el caso de la Federal en Cipolletti, donde intervino el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). También la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación intervino frente a otra de las denuncias. Otras veces se relevan cuando cobran estado público vía redes sociales o en los medios –La Poderosa ha presentado varias acusaciones– y hubo una, incluso, que llegó al Ministerio a través de la línea 134, la misma que se utiliza para denunciar las condiciones de aislamiento
El 25 de marzo pasado, el funcionario a cargo de la Subsecretaría de Control y Transparencia Institucional, Esteban Rosa Alves, envió una nota a las cabezas de cada una de las fuerzas federales con un protocolo que debe regir el accionar del personal destinado a tareas de calle en base a la “legalidad, necesidad, proporcionalidad y progresividad”.
A lo largo de las poco más de dos páginas, instaba al personal a que prime “el buen trato y respeto, propiciando el diálogo” al momento de abordar un presunto infractor y prohíbe cualquier tipo de dispersión a bordo de vehículos. Por último, ante la decisión de avanzar en una detención, remarca que se deben respetar las garantías y los derechos del ciudadano o ciudadana al que se priva de su libertad. El mismo protocolo fue replicado, la semana pasada, por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).
Evitar el maltrato. Por fuera de estos casos, hay una multiplicidad de denuncias contra las fuerzas provinciales cuya responsabilidad radica en las gobernaciones. Fue uno de los temas que surgió en la última reunión virtual del Consejo de Seguridad Interior , hace dos semanas, de la que participaron la ministra Sabina Frederic y parte de su equipo junto a los responsables de seguridad de cada una de las provincias.
“Si bien estamos en una situación excepcional, esto no debe dar lugar a atropellos de las fuerzas. La conducción de estas implica instruir a la policía para que tenga cuidado de no avanzar sobre derechos y garantías constitucionales. Se debe evitar todo tipo de maltrato, violencia u hostigamiento a las personas”, señaló la titular de la conducción política de las fuerzas federales a nivel nacional.
