Más de cuarenta diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para otorgar un bono compensatorio extraordinario equivalente a tres haberes mínimos para quienes sufrieron demoras en sus trámites jubilatorios por la atención de ANSeS durante la pandemia, y por lo cual estiman que el Estado tuvo un ahorro fiscal de 21.000 millones de pesos.
La iniciativa fue presentada por Carla Carrizo (UCR), Alejandro Cacace (UCR), Graciela Ocaña (Juntos por el Cambio) y Martín Berhongaray (UCR), junto a otros cuarenta legisladores de la oposición, según publicó Parlamentario.
Quienes impulsan el bono sostienen que las restricciones por la pandemia de Covid-19 durante 2020 tuvieron repercusiones también en la obligación que tiene el Estado de garantizar un derecho elemental como es el acceso a la seguridad social. Esto perjudicó a los jubilados en la percepción de sus beneficios previsionales a más de 100 mil personas en todo el país.
“Debido a la atención irregular de ANSeS desde el inicio de la pandemia, 110 mil personas que podrían haber tramitado exitosamente su jubilación (casi la mitad de las altas anuales) no han podido hacerlo durante el 2020”, indicó el diputado Alejandro Cacace, vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
El retraso del inicio de la solicitud de la prestación se vio afectado desde el 16 de marzo de 2020 cuando se suspendió la actividad. Las personas mayores tuvieron múltiples problemas en la comprensión de la atención virtual.
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Cuello de botella
Las personas que iniciaban el trámite jubilatorio padecieron la adaptación a la digitalización del ANSES, mientras recibían respuestas deficientes, dilación para la obtención de turnos y los conflictos con el cobro del importe de los retroactivos. Los inconvenientes continúan hasta la fecha. El perjuicio tuvo como consecuencia la drástica disminución de altas en las jubilaciones durante 2020.
De acuerdo con el último Boletín de la Seguridad Social disponible: en 2020 se jubilaron 120.629 personas, la menor cifra en 10 años. En 2019 la cantidad de altas de beneficios jubilatorios fue de 231.445 y en 2018 de 224.171. Mientras tanto, el número de altas de pensiones también registró su menor cantidad de los últimos 10 años (BESS).
“Las demoras o inconvenientes para iniciar el trámite jubilatorio, no demuestran solo un incumplimiento en el acceso al derecho a la seguridad social, sino también un ahorro fiscal por parte del Estado, un ajuste encubierto que se hace de manera administrativa y que afecta a miles de personas mayores en el país”, dijo la vicepresidente del bloque de diputados UCR, Carla Carrizo.
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Resarcimiento
Debido a estas demoras, los diputados de Juntos por el Cambio proponen resarcir a las personas que se han visto perjudicadas por la atención irregular de ANSeS, ya que afecta el pleno acceso a la seguridad social a un grupo tan vulnerable como el de las personas mayores, cuya situación se ha visto agravada en este contexto.
Se prevé un bono compensatorio extraordinario equivalente a tres haberes mínimos para los damnificados ($61.714,32). De aprobarse ahora, tendría un costo fiscal de solo una tercera parte de todo lo que se ahorró ANSeS al demorar la fecha inicial de pago de los solicitantes.
“Los jubilados vienen siendo perjudicados desde que asumió el gobierno, a pesar de que prometieron mejorar su situación. Primero suspendieron la movilidad de los haberes y se ahorraron 100 mil millones de pesos, luego modificaron la fórmula para otorgar aumentos inferiores al aumento de la inflación, y resulta que con su atención ineficiente también perjudican a las personas solicitantes”, apuntó la diputada Graciela Ocaña, coautora del proyecto al criticar al organismo que conduce Fernanda Raverta.
Los legisladores presentaron también una iniciativa para que la ANSeS garantice la transparencia en las comunicaciones diarias sobre resoluciones, comunicaciones, circulares, normativas y manuales que emita, ya que en la actualidad no se encuentran publicadas ni en el Boletín Oficial ni en su página web, incumpliendo lo que exige la Ley de Acceso a la Información Pública.
CI/FF
