En 2008, La Plata ya había sido abatida por el agua y el entonces director de Saneamiento y Obras Hidráulicas bonaerense, Daniel Coroli, tuvo una frase desafortunada: “Muchas veces es mejor pagar indemnizaciones que hacer obras tan costosas para episodios que se repiten cada cien años”, dijo entonces. Ante el nuevo desastre, a sólo cinco años, cabe preguntarse por qué no se hicieron las obras –pese a las advertencias de la UNLP–, y si la frase de Coroli todavía sigue vigente.
“En el contexto de una economía exclusivamente racional, cuando la suma del costo de las posibles indemnizaciones por eventos que producen daños es inferior al costo de las inversiones necesarias para su prevención, la preferencia sería pagar las indemnizaciones”, explica el abogado José María Avila. Por eso, algunos países optaron por un tipo de legislación denominado “gasto punitivo” o “multa civil”, que sirve para contrarrestar estas diferencias sustanciales. “El daño punitivo es un tipo de indemnización que no se limita a reconocer el daño directo, sino que cuando se encuentra con alguien que adoptó la decisión racional de no invertir en prevención por ser más barato pagar, a ese alguien se lo condena a algo mucho más gravoso, con el fin de desalentar conductas tan antisociales”, afirma Avila, quien advierte también del bajo costo que suponen las indemnizaciones en el país.
Por su parte, Marcos Rebasa –especialista en enegía y servicios públicos– sostiene que “el diseño de una obra de infraestructura tiene que ver con la periodicidad de ocurrencia de los eventos dañinos extraordinarios”. Frente a este panorama, si las obras del arroyo El Gato hubieran supuesto un costo imposible, debería haberse planeado al menos un plan ordenador territorial que permitiera pensar una obra a largo plazo, algo que tampoco se hizo en La Plata. “Decir que las indemnizaciones son menos costosas que las obras es perverso”, agrega.
