La niña de 11 años violada por la pareja de su abuela y embarazada en Tucumán a quien se le negó la interrupción legal del embarazo –ILE- es un ejemplo de cómo el Estado viola los derechos y re victimiza a estas niñas.
Recientemente otra niña en Jujuy y otra en Misiones vivieron esto. Es evidente que ahora se conocen casos que antes quedaban ignorados por la naturalización del abuso de poder de los profesionales de la salud, las instituciones y las autoridades sanitaria. Las niñas, sus madres y la sociedad no percibían este derecho y por eso no denunciaban ni hablaban. ¿Cuántas niñas incluso ahora viven esta tortura y no nos enteramos? Muchas en todo el país. Son torturadas, así lo califica el Relator sobre la tortura de Naciones Unidas. Esta nena lo decía claro “sáquenme esto que me puso el Viejo”.
Las contradicciones en el protocolo del caso de la nena violada que pidió abortar
En estos casi dos meses hizo dos intentos de suicidio y ni así consiguió que las autoridades, desde el gobernador hasta los últimos funcionarios de salud y justicia respetaran su derecho. No escatimaron esfuerzos para evitar la ILE, dilataron la atención para que continuara el embarazo, sin importarles la vida y la salud integral de la niña ni la del feto. Intervinieron juezas, aunque no les correspondía e incluso amenazaron a los profesionales de la salud si atendían la solicitud de la niña. Así lograron llegar a la semana 23 y ante la presión social se aplique la ley y no se violen más los derechos de la niña, decidieron hacerle una cesárea poniendo en riesgo la vida y desde ya, el futuro reproductivo de esa nena.
Nació un bebe de 600 gr que difícilmente sobreviva y si lo logra quedara con secuelas importantes. Además de las consecuencias físicas de la salud de esta nena, queda con un grave daño psicológico por la tortura a que fue sometida. Pero esto no parece importarle a la mayoría de los actores de esta tragedia. Incumplen la ley amparándose en sus propios ideas y prejuicios.
¿Qué aprendizaje nos deben dejar esto? El primero es que las leyes deben cumplirse, algo obvio pero que no ocurre. Lo segundo es que la violación es un delito y como tal se debe castigar al que lo comete y no re victimizar a quien la padeció. Otro es atender a estas niñas violadas y embarazadas sin demoras sin no torturarlas ni imponerles una maternidad que nunca quisieron ni saben que es.
Aceptar la decisión de las niñas, son sujetos de derecho y por encima de todo respetar su privacidad y confidencialidad. No se puede dejar pasar que a todas las violaciones de sus derechos se agregó la del Arzobispo de Tucumán, que difundió un mensaje dando el nombre de la niña, violando el derecho a su privacidad, exigido por la Convención de los derechos del niños, niñas y adolescentes. Por último se debe sancionar el abandono en que dejaron funcionarios de salud y justicia a esta niña, así como el incumplimiento de la ley. Los funcionarios públicos deben cumplir las leyes, sino deben ser sancionados. No pueden quedar impunes porque así se perpetúan esos atropellos y estas torturas. Es deber de toda la sociedad velar por el buen desempeño de los funcionarios públicos y del respeto de los derechos de toda la ciudadanía.
(*) Medica ,MPH, Presidente de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer.
