Jimena Barón volvió a ser el centro de discusiones y polémicas. Siempre con un discurso feminista y empoderante, como muchos califican, promocionó su próximo single “Puta”. Pero esta vez no habla sobre hacerse más fuerte como cantaba en “La Cobra”, sino que hizo referencia a un tema sensible que divide al feminismo desde tiempos históricos: la prostitución.
La artista subió una foto a su Instagram posando junto a un afiche donde aparece en calzas de red, un pancho y un número telefónico, muy parecido a aquellos que clandestinamente se pegan en las calles con el fin de promocionar la venta de sexo. Luego publicó una foto junto a Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR, el sindicato de las trabajadoras sexuales, y una de las defensoras de la regulación de la prostitución en la Argentina.
Esas fotos hicieron estallar las redes y a las feministas “regulacionistas” y las “abolicionistas”. Las primeras son quienes apoyan que las trabajadoras sexuales puedan acceder a un trabajo regulado por el Estado y a derechos como cualquier otro trabajador. Por otro lado, las abolicionistas son quienes creen que la prostitución oprime a todas las trabajadoras sexuales en mayor o menor medida, y que se debe responsabilizar al cliente por la compra del sexo.
La discusión puso en vilo nuevamente el cuestionamiento sobre la situación en Argentina y lo establecido en el código penal. Según la última modificación, la prostitución en Argentina es una actividad lícita, siempre y cuando no haya trata ni explotación de personas y se ejerza voluntariamente. Es decir, no se condena a quien la ejerce, pero sí es un delito el proxenetismo y la trata de personas, y se pena con prisión de cuatro a seis años, aunque medie el consentimiento de la víctima.
Papel de prostitutas: la otra cara de la oferta sexual en la vía pública
Para distinguir a una trabajadora sexual de una explotada, la justicia hace hincapié en el ámbito en el que se realiza. Si se hace de forma privada, no es ilegal. En cambio, si se publica un anuncio, constituye un delito. A este último se lo conoce como “Rubro 59”, y se prohibió por decreto en 2011, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. A partir de esta reglamentación, las mujeres que deciden ser trabajadoras sexuales, comenzaron a ofrecerse en la vía pública con pequeños afiches, como al que hizo referencia Barón.
En 1994 se creó en la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), el primer sindicato de trabajadoras sexuales. Algunos de sus objetivos son: exigir derechos para las trabajadoras sexuales, luchar contra la violencia policial, derogar los artículos de los Códigos Contravencionales que criminalizan el trabajo sexual, y, sobre todo, sensibilizar sobre la diferencia entre Trabajo Sexual y Trata o Tráfico de personas. Este último punto fue uno de los que se puso en discusión estos últimos días.
Sin embargo, uno de los problemas más grandes respecto a la prostitución en Argentina es la falta de datos oficiales. No se sabe cuántas personas trabajan en la prostitución, cuáles son los principales problemas y necesidades, dónde hay prostíbulos ilegales. De este argumento se sirven las trabajadoras que luchan por la regulación: se necesitan datos y políticas públicas, y resaltan como prueba la situación de las prostitutas en aquellos países en donde se reguló.
La regulación de la prostitución en el mundo
En Sudamérica, la prostitución está legalizada en la mayoría de los países: Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Uruguay. En este último, la ley de Trabajo Sexual 17.515 (2002) dispone que “es lícito el trabajo sexual” y que se autoriza “el ejercicio del trabajo sexual a aquellas personas que estén inscriptas en el Registro Nacional del Trabajo Sexual y posean el carné sanitario con los controles al día”. En conjunto con la ley, se creó la Comisión Nacional Honoraria de Protección al Trabajo Sexual.
En Uruguay, las trabajadoras sexuales deben estar inscriptas en un registro y poseer carné sanitario al día
El modelo legalizador del que se sirven varias organizaciones, entre ellas la AMMAR, es el de Nueva Zelanda. La Ley de reforma de la prostitución del país despenalizó por completo el trabajo sexual en 2003. Es legal para cualquier ciudadano mayor de 18 años vender servicios sexuales. Es legal el trabajo sexual en la calle y la administración prostíbulos. Los derechos de las trabajadoras sexuales están garantizados a través de la legislación laboral y de derechos humanos.
Los casos de Alemania y Holanda también son relevantes. En Alemania se legalizó en 2002 y se reguló en 2016 mediante una ley que obliga a las trabajadoras a usar preservativos y a formar parte de sindicatos. También, los prostíbulos deben tener un certificado de calidad.
Por su parte, los Países Bajos legalizaron la prostitución en el 2000 con el fin de combatir la insalubridad, el tráfico y la explotación de personas. Las trabajadoras sexuales deben pagar impuestos y contar con seguro médico. Sin embargo, el modelo holandés es muy criticado ya que no hay datos que afirmen que ayudó a disminuir la trata, sino todo lo contrario.
En el lado opuesto se encuentra el modelo nórdico que nació en Suecia y luego se expandió a Islandia, Canadá, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Irlanda del Norte, Noruega y Francia. Este modelo es abolicionista, y se trata de penalizar a los clientes de la prostitución a través de multas o hasta años de cárcel. El foco está en perseguir a aquellos que pagan por sexo, es decir, los clientes, afirmando que sin demanda no hay prostitución.
El modelo nórdico es abolicionista. Nació en Suecia y penaliza a los clientes mediante multas y hasta la prisión.
El debate se prendió y seguirá vigente. A pesar de iniciarse de manera inesperada, es necesario establecer políticas públicas y llegar a un consenso entre ambos sectores del feminismo para garantizar los derechos de todas las personas y tener datos oficiales e información certera sobre un tema que sigue siendo tabú.
CP
