Pese a que son mayoría en el Poder Judicial, las mujeres solo representan el 28% de los cargos jerárquicos y de toma de decisión. Y pese a las iniciativas por alcanzar la paridad, lo concreto es que todavía les cuesta llegar a más. El dato se desprende del mapa de género que elabora la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema desde 2010, para dar cuenta de qué lugares ocupan mujeres y varones.
Para romper con esa desigualdad, existen iniciativas tanto a nivel legislativo como judicial que buscan alcanzar la paridad, con proyectos que apuntan a modificiar la composición del Consejo de la Magistratura –que recién con los nuevos nombramientos alcanzó el cupo del 30%–, a cargo de la designación de jueces; de la Corte Suprema –donde de cinco representantes solo hay una mujer–, y campañas de concientización como “Más mujeres, más justicia”, que impulsa la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), que busca la igualdad en el acceso a los cargos. “En el Consejo de la Magistratura recién ahora se llega al cupo, cuando el país va a la paridad. Eso nos da una idea de cuál es la mirada del Poder Judicial sobre equidad de género. No se vive como naturalidad, sino como excepción”, dice Carla Carrizo, diputada de Evolución y autora de los proyectos.
Las empresas y la perspectiva de género
“Contra la Justicia patriarcal” fue una de las consignas de la marcha de mujeres de esta semana, tras conocerse el fallo que determinó que la muerte de Lucía Pérez no fue femicidio. Por eso, incorporar la perspectiva de género en las sentencias es otro reclamo urgente, para romper con los prejuicios y estereotipos de género que todavía operan, y muchas veces terminan despojando a la víctima de todo tipo de protección.
“Cualquier sociedad democrática tiene que tener indicadores de paridad. La equidad de género mejora las instituciones, y las mujeres somos la mitad de población y no ocupamos mitad de puestos de decisión. Hay que tener en claro que ser mujer u hombre no es equivalente a tener perspectiva de género, pero por otro lado las mujeres son quienes lideran los movimientos por que se incorpore la perspectiva de género a la hora de dictar sentencia, que debería ser una política pública”, opina Soledad Gennari, titular del Tribunal Superior de Neuquén.
“Ser mujer no habilita una perspectiva de género, así como ser varón no la impide. Sin embargo, la experiencia es que cuando hay más mujeres, por la experiencia que portan en su modo de vida y socialización, terminan realizando cambios institucionales. En el Congreso, las leyes que afectan los cuerpos de mujeres de los últimos años se votaron en la vigencia del cupo”, aporta Diana Maffía, doctora en Filosofía y directora del Observatorio de Género en la Justicia porteña.
La creación de la Oficina de Violenica Doméstica (2006) y la Oficina de la Mujer (2009) de la Corte Suprema son dos ejemplos concretos de iniciativas impulsadas por mujeres en el máximo tribunal, que son únicas en el mundo. Desde allí se elaboran políticas con impacto directo en la vida de las mujeres: realizan registro de femicidios, el mapa de género, además de capacitaciones para todos los operadores del sistema judicial en lo que refiere a perspectica de género en sentencias y trata de personas, entre otras.
“Todas nuestras acciones están encaminadas hacia la transformación de una cultura patriarcal en una cultura de la igualdad. Somos juezas que decidimos y aplicamos la ley y podemos transformar la vida de las personas. Nuestro desafío es hacer valer los derechos de otras mujeres. Algunas no tienen más que su vida, y la ponen en nuestras manos”, analiza Susana Medina, presidenta de AMJA, que va a lanzar una escuela de género para sumar capacitación.
Forman abogados en violencia de género. La Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación busca crear el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género; para integrarlo, se anotaron 1.600 abogados y abogadas de todo el país.
Los profesionales empezaron a cursar capacitaciones en la materia en octubre, y se espera que el cuerpo entre en funciones el primer semestre de 2019.
Violencia doméstica y trata de personas, abuso sexual contra niñas y niños, y evidencia digital, son algunos de los focos de la capacitación, que propone modificar la forma en que los abogados se vinculan con sus casos.
Las provincias del NOA, priorizadas por el plan ENIA (de prevención de embarazo adolescente), serán también prioridad en el patrocinio de ciertos casos de niñas abusadas sexualmente.
