El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, manifestó los cambios que se esperan en el Poder Judicial en el marco del informe de Justicia 2020 que presentaron en el Centro Cultural Kirchner este lunes el propio magistrado junto al presidente Mauricio Macri, el ministro de Justicia Germán Garavano y el coordinador del programa Ricardo Gil Lavedra.
Rosenkrantz se refirió al proceso de modernización que encara el Poder Judicial, al objetivo de eficiencia que apunta a una digitalización total de la Justicia, y al cronograma de dictado de sentencias por parte del máximo tribunal.
“Mis colegas y yo estamos trabajando en varias iniciativas para mejorar la transparencia y eficiencia del Poder Judicial”, expresó, y agregó que esas medidas apuntan a renovar la cultura judicial. “La cultura judicial a la que aspiramos es una en la que no existen jueces poderosos, sino jueces con autoridad”, según consignó el Centro de Información Judicial.
En ese marco es que enfatizó que las decisiones de los jueces se tienen que respetar porque la comunidad nos reconozca como sus servidores. “Si no somos transparentes, si no nos modernizamos, si no somos eficientes, no se va a tener ese reconocimiento”, insistió.
Frente a diversos jueces, senadores y funcionarios públicos, Rosenkrantz manifestó que “el ejercicio de la magistratura nos pone a prueba. La independencia judicial no es fácil de lograr, pero la independencia judicial importa porque es la única manera de ser fiel a la ley y a la Constitución”.
A su vez, el presidente de la Corte argumentó que “la Constitución debe ser la carta de nuestra navegación, por más tormentosas que estén las aguas, y el único contrato social que debe guiarnos”.
En esa línea, remarcó que “necesitamos una cultura judicial que sea transparente, moderna y eficiente, pero que gire alrededor del valor de la independencia”.
Por otro lado, Macri sostuvo que "es inadmisible que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra. Necesitamos reglas claras e iguales para todos. Trabajamos para hacer un cambio de verdad, no de maquillaje".
Antes, Garavano había remarcado que “en los diarios salen las malas noticias de la justicia, pero es bueno sacar un balance mostrando a los jueces que se esfuerzan para tratar de dar respuestas, muchas veces con medios limitados y con procesos, si se quiere, obsoletos. Éste es un esfuerzo de todos y ése ha sido el mérito de Justicia 2020: apuntamos a una construcción colectiva, a que todos podamos llevar adelante este proceso de cambio”.
Gil Lavedra había abierto el encuentro señalando que Justicia 2020 nació, justamente, para dar respuesta al bajo nivel de confianza que tiene la ciudadanía en la justicia.
“Este programa de reforma judicial es el más serio y más completo que se ha presentado desde el regreso de la democracia”, dijo, para luego enumerar los resultados en materia de acceso a justicia, oralidad, tiempos y cantidades de sentencias, asesoramiento jurídico, avances en lo que refiere a sistema penitenciario y gobierno abierto, entre otras cuestiones. El cambio en la justicia argentina se ha iniciado y vamos por el buen camino”, celebró.
Discurso completo:
1. La justicia enfrenta hoy nuevos desafíos. Desafios que nos exigen estar a la altura de la misión que la Constitución nos ha confiado y, de ese modo, contribuir a realizar una mejor sociedad para todos, en especial para los que están peor. La Corte y el Poder Judicial deben mejorar y lo deben hacer de modo urgente.
2. Como bien indica el Programa Justicia 2020, toda la organización judicial debe ser más transparente, moderna y eficiente.Estas tres dimensiones son cruciales. Y como también lo indica el Programa, los avances en estas tres dimensiones contribuirán a lo que quizás sea el objetivo central que les da sentido: mejorar la cultura judicial en nuestro país.
3. En lo que respecta a transparencia, en el Tribunal que presido estamos estudiando cambios que contribuyan a mejorar nuestra cultura judicial. Así, hemos considerado que es necesario revisar el organigrama de la Corte para que las distintas dependencias aseguren un control adecuado e independiente de la gestión de los recursos que el pueblo de la Nación nos ha confiado.
En lo que respecta a modernización, la Corte ha creado recientemente una Secretaría de Desarrollo Institucional, cuya principal función es generar los protocolos de funcionamiento que garanticen que todas las decisiones que la Corte tome en su gestión sean uniformes y transparentes. Esta secretaría, si hace bien su trabajo, nos ayudará a tomar decisiones correctas y a evitar las erróneas o discrecionales. La Secretaría también vinculará más fluidamente a la Corte con la ciudadanía.
La mayor cooperación es un objetivo de la modernización. Una Corte más moderna es, también, una corte más sensible a la visión de sus distintos miembros acerca de la importancia de los casos que debe decidir. Por ello la facultad del Presidente de fijar la agenda de modo discrecional devino anacrónica. Ya en la audiencia de mi confirmación en el Senado en el año 2016 sugerí, inspirado en el modelo de la Corte estadounidense, adoptar una agenda clara, de modo previo, que fije cuáles son los casos relevantes que la Corte decidirá en el año. Mis colegas y yo hemos avanzado en ese sentido.
En lo que respecta a eficiencia, estamos en un proceso que apunta hacia la digitalización total. La primera etapa será la digitalización del procedimiento ante la Corte Suprema. Ya estamos atrasados respecto de otras jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sabemos que es necesario avanzar más rápidamente.
4. En definitiva, como el Programa de Justicia 2020, mis colegas y yo estamos trabajando en varias iniciativas para mejorar en la transparencia, modernización y eficiencia de la Corte y el Poder Judicial. Entre el Programa Justicia 2020 que hoy se ha presentado y estas iniciativasde la Corte, sin embargo, hay una última conexión, quizás la más significativa de todas.
Todas las medidas que acabo de mencionar apuntan, conjuntamente, a satisfacer un propósito omnicomprensivo que les da sentido. Se trata de renovar nuestra cultura judicial.
La cultura judicial a la que aspiramos es una en la que no existen jueces poderosos sino jueces con autoridad. Autoridad no es lo mismo que poder. Debemos aspirar a que nuestras decisiones se respeten, no porque tenemos el imperium para requerir el auxilio de la fuerza pública, sino porque nuestra comunidad nos reconoce como servidores públicos. Y como bien presupone el Programa Justicia 2020, si no somos transparentes, si no nos modernizamos y si no trabajamos con eficiencia, nunca tendremos autoridad.
5. Hay un aspecto más de la necesidad de renovar nuestra cultura judicial que quiero destacar muy especialmente pues a mi criterio es lo que define a un juez. No tendremos autoridad si no somos servidores públicos, y nadie podrá vernos como verdaderos servidores públicos sino actuamos con independencia.
6. Como he dicho en otras ocasiones, la idea de independencia exige ser independiente de nuestras propias convicciones morales, ideológicas y políticas. Necesitamos jueces independientes de sí mismos porque necesitamos jueces que apliquen el derecho de la comunidad y honren el modo en que la comunidad decidió democráticamente, en su Constitución y sus leyes, resolver sus problemas.
7. El ideal de independencia no es, sin embargo, fácil de lograr. Exige mucho. Exige prescindir de lo que uno cree que es moral, política o ideológicamente deseable para decidir únicamente en base a lo que uno cree que es jurídicamente correcto. Muchos han sostenido que semejante despersonalizaciòn de los jueces no es posible. Yo creo que sí lo es.
Podría presentar muchos ejemplos de decisiones de jueces tomadas en momentos difíciles que muestran que esta despersonalización es posible. Pero dado que la Corte que integro ha tomado hoy una decisión fundamental, y no puedo dejar de referirme a ella, el ejemplo que quiero ofrecerles es auto-biográfico. Espero que no lo encuentren impertinente.
El año pasado, en “Muiña”, la mayoría de la Corte que yo integré decidió que el cómputo de la pena conocido como “dos por uno” era aplicable también a condenados por delitos de lesa humanidad. La decisión produjo una extendida reacción social con muestras de repudio nunca antes vistas.
Esa reacción social fue, a mi criterio, saludable. La presencia de la gente en las calles fue, según lo concibo, el testimonio viviente de que todos creemos en el “Nunca más” a la barbarie de la muerte infringida por quienes tenían la responsabilidad de garantizar la vida. Pero en ese momento creí, y lo sigo creyendo firmemente ahora, que el compromiso expresado en el “Nunca más”, más allá de su importancia en la historia argentina, no puede ser puesto en práctica de cualquier modo ni a cualquier costo porque no cualquier modo de poner en práctica ese compromiso es respetuoso de nuestra Constitución y nuestras leyes.
Como ustedes saben, las reacciones al fallo de “Muiña” no se dieron solo en las calles. El Congreso de la Nación, con una virtual unanimidad, sancionó la ley 27.362 que dispuso que lo establecido por la ley del “dos por uno” no sería aplicable a los delitos de lesa humanidad. Hoy, el resto de mis colegas en la Corte resolvió, aunque por distintas razones, que el “dos por uno” no es aplicable a esos delitos. Yo voté en disidencia. Voté en disidencia porque, a mi entender, la ley es inconstitucional. La ley que después del fallo Muiña aprobó el Congreso violó el principio de la irretroactividad de la ley penal más gravosa.
8. Ni en “Muiña” ni en el caso que se resolvió hoy me ha resultado fácil decidir como lo hice. Trabajé junto a Alfonsín justamente movilizado por su convicción de traer a juicio a los responsables por nuestra tragedia y estuve con él con toda la política de derechos humanos cuando los fusiles todavía humeaban. Me formé con Carlos Nino quien, en mi opinión, debe ser considerado el padre intelectual de los derechos humanos en la Argentina.Pero la independencia que yo creo todo juez debe encarnar me requirió, al decidir estos dos casos, que establezca una diferencia entre mis compromisos y simpatías políticas, por más fuertes que fuesen, y mi rol de Juez. No he jurado por mis compromisos y simpatías sino por las leyes y la Constitución y estoy seguro de que el país no me habría concedido el honor y la enorme responsabilidad de convertirme en juez de nuestro más alto tribunal si hubiera sabido que lo que yo siento, y no las leyes y la Constitución, habrían de determinar el modo en que decido.
9. He contado esta experiencia personal, no porque sea mía ni porque sea particularmente significativa, sino para intentar ilustrar algo que los jueces aquí presentes seguramente entienden con facilidad. El ejercicio de la magistratura nos pone a prueba. La independencia judicial no es fácil de lograr. Lo he hecho también para destacar qué la independencia importa. Importa porque nuestro único deber es ser fiel a las leyes y a la Constitución.
La Constitución es el único camino para lograr los objetivos de progreso, justicia y bienestar que desde la fundación de nuestra identidad nos hemos propuesto. La Constitución es nuestra carta de navegación, por más tormentosas que estén las aguas, y el único contrato social que debe guiarnos.
10. Espero que estas palabras sirvan para que lleguemosa una convicción compartida. Necesitamos una cultura judicial saludable que sea trasparente, moderna y eficiente y que gire alrededor del valor de la independencia.
El cambio de cultura no se hará por decreto. Solo será posible si cada uno de nosotros se compromete con ejercer las virtudes características de los jueces. Esta convicción tiene que ser la columna vertebral de nuestra nueva cultura judicial, y todas las medidas que adoptemos para mejorar el servicio de justicia, no solo para el año 2020 sino para todas las generaciones por venir, debe estar guiada por ese objetivo.
J.D. /
