Tras un verano de descontento, la India ha entrado en un otoño de crisis política. Durante los abrasadores meses de junio y julio, un movimiento liderado por jóvenes, respaldado por el Partido del Congreso de la oposición, de Rahul Gandhi, salió a las calles para exigir una reforma educativa. El movimiento fue tan potente que el Gobierno central, liderado por el Partido Bharatiya Janata (BJP), se vio obligado a hacer concesiones significativas, incluida la dimisión del ministro de Educación de la Unión, Dharmendra Pradhan. Pero los indios no se dan por vencidos: ahora han puesto su mirada en el sistema electoral.
En el epicentro de la agitación se encuentra la Comisión Electoral de la India. Durante décadas, la ECI, de carácter independiente, fue considerada una de las instituciones democráticas más sólidas de la India. Se ganó el respeto, tanto a nivel nacional como internacional, por llevar a cabo el proceso electoral más grande del mundo, y las democracias emergentes solían recurrir a ella en busca de asesoramiento. Hoy, sin embargo, se enfrenta a acusaciones de parcialidad sistémica, opacidad en los procedimientos y privación del derecho al voto a gran escala.
La polémica estalló en primavera, después de que la ECI llevara a cabo una "revisión especial intensiva" de los censos electorales en cinco estados que se sometieron a las urnas en abril. Por supuesto, es una práctica habitual actualizar periódicamente el censo electoral, eliminando los nombres de las personas fallecidas, que se han trasladado o que han emigrado. Pero este ejercicio "intensivo" fue mucho más exhaustivo de lo habitual: solo en el estado de Bengala se eliminaron 9,1 millones de nombres.
La reacción no se hizo esperar, y la oposición acusó a la ECI de incompetencia, malversación o cosas peores. Además, estaba justificada. Millones de votantes habían sido señalados por sistemas automatizados debido a dudosas "discrepancias lógicas", como inconsistencias en la ortografía de los nombres de los votantes en los distintos formularios. Las eliminaciones no se verificaron adecuadamente y afectaron de manera desproporcionada a las comunidades marginadas, a los trabajadores migrantes rurales procedentes de los estados más pobres y a la clase trabajadora urbana.
Para empeorar las cosas, a quienes fueron eliminados de las listas electorales no se les concedieron recursos procesales suficientes. Aunque 3,4 millones de votantes de Bengala eliminados recurrieron la decisión, la ECI solo tuvo tiempo de tramitar unas 82 000 peticiones antes de las siguientes elecciones —y, de ellas, el 91 % se consideró válido—. En otras palabras, la mayor parte de las eliminaciones masivas de la ECI fueron erróneas, pero no se corrigieron antes de la votación.
Esto sembró dudas sobre los resultados electorales, sobre todo teniendo en cuenta que supusieron un cambio radical con respecto a los resultados anteriores. El partido gobernante, el BJP, arrasó en Bengala Occidental por primera vez, obteniendo la asombrosa cifra de 207 de los 294 escaños de la Asamblea Legislativa. Aunque pocos afirman que las eliminaciones por sí solas determinaran el resultado, el episodio dejó a la oposición india furiosa.
Los partidos de la oposición denunciaron un robo de votos (vote chori) y acusaron al BJP de manipular indebidamente a la ECI. Como han señalado los críticos, los recientes cambios legislativos impulsados por el BJP otorgaron al poder ejecutivo una mayoría decisiva en el comité encargado de seleccionar a los miembros de la ECI. Esto comprometió de manera fundamental la neutralidad institucional y la independencia operativa de la ECI.
Las revelaciones posteriores suscitaron nuevas preocupaciones sobre la gestión de la revisión por parte de la ECI. Se habían realizado modificaciones ilegales en un documento electoral crucial (el formulario 6) y se había presentado de forma masiva un documento en el que se cuestionaba la elegibilidad de los votantes (el formulario 7). Además, un nuevo software gestionado a nivel central había impedido a los funcionarios locales de registro electoral corregir errores, lo que provocó discrepancias que dieron lugar a eliminaciones de las listas electorales. La magnitud de la privación del derecho al voto fue inmensa: en total, se eliminaron más de 130 millones de nombres de las listas electorales.
La controversia se agravó por la opacidad administrativa —la ECI se negó inicialmente a publicar datos desglosados sobre los cambios en los censos electorales— y por las noticias sobre desacuerdos internos en el seno de la ECI. Al parecer, dos comisionados se opusieron a la toma de decisiones unilateral del presidente de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, como por ejemplo al imponer cambios procedimentales controvertidos.
Todo ello proporcionó a la juventud india —ya frustrada por los fallos sistémicos, el desempleo y la corrupción— un nuevo objetivo. Las protestas contra la ECI, encabezadas por el bloque INDIA liderado por el Partido del Congreso, se extendieron por todo el país a lo largo de septiembre y octubre, y las principales ciudades se enfrentaron a manifestaciones continuas, sentadas e intentos de marchar hacia edificios administrativos clave, como el Tribunal Supremo y la sede de la ECI. La demanda de los manifestantes es clara: Kumar debe dimitir.
Las fuerzas del orden han intentado reprimir las protestas con cañones de agua, fuertes barricadas y la prohibición de concentraciones públicas cerca de los lugares habituales de protesta. Han detenido temporalmente a figuras destacadas de la oposición y a líderes estudiantiles prominentes. Sin embargo, a pesar de la presión, los manifestantes se han mantenido pacíficos y decididos. De hecho, lo que comenzó como manifestaciones localizadas se ha convertido en una campaña política nacional sostenida, impulsada por movimientos estudiantiles, partidos de la oposición, sindicatos y grupos de la sociedad civil.
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Las figuras de la oposición, entre ellas Gandhi, también han presentado recursos ante el Tribunal Supremo, al que a su vez se ha acusado de prestar insuficiente atención a las irregularidades reveladas durante el verano. Solicitan la intervención judicial para detener la revisión electoral, ordenar la reincorporación de los votantes eliminados e impedir que Kumar ejerza sus funciones oficiales hasta que se lleve a cabo una investigación independiente.
Mientras tanto, la ECI está tratando de borrar sus huellas: ha detenido las eliminaciones arbitrarias en otros estados, permitiendo que los votantes cuya inclusión ha sido impugnada permanezcan en los censos a la espera de que se resuelvan los recursos. Sin embargo, sigue negándose a rendir cuentas, insistiendo en que las revisiones son medidas rutinarias. Del mismo modo, el Gobierno del BJP ha rechazado todas las acusaciones de manipulación del censo electoral, calificando las manifestaciones de iniciativas con motivaciones políticas destinadas a socavar las instituciones nacionales. Incluso está llevando a cabo campañas en defensa de la ECI.
Pero, al igual que ocurrió con las protestas educativas de este verano, es probable que las concesiones resulten inevitables. Las manifestaciones han encendido los ánimos en la política india, y la convergencia de las protestas impulsadas por los jóvenes con la oposición política formal ha puesto en tela de juicio la confianza pública en el poder del Estado. Es difícil imaginar que esta crisis se resuelva sin la dimisión de Kumar. Con miles de manifestantes reunidos en Nueva Delhi al comenzar noviembre, su posición parece insostenible.
*Shashi Tharoor, exsubsecretario general de la ONU y exministro de Estado de Asuntos Exteriores y de Desarrollo de Recursos Humanos de la India, es diputado por cuarto mandato del Congreso Nacional Indio, partido de la oposición.
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