El Gobierno busca evitar que la nueva ruta comercial entre la ciudad chilena de Punta Arenas y las Malvinas se convierta en un conflicto diplomático con Chile, en momentos en que la Argentina aguarda la decisión del Tribunal del Mar sobre su pedido para frenar la explotación petrolera en las islas.
El Danstar, un carguero de medio siglo con bandera chilena, espera en los astilleros de la Armada en la capital de Magallanes el momento de zarpar hacia las Malvinas, previsto a partir del 17 de diciembre, y con él la reapertura de una ruta comercial cerrada desde 2011, un año después de que la Argentina dictara el decreto 256/2010, que obliga a los buques que navegan hacia las islas por aguas argentinas a pedir autorización previa.
En el Palacio San Martín buscan bajarle el tono a la discusión sobre el paso del carguero por las 12 millas bajo jurisdicción argentina una vez que deje el Estrecho de Magallanes, ya que la ruta se trazó por ese corredor y no por el Pasaje de Drake, que bordea por el sur la Isla Grande de Tierra del Fuego. Según supo PERFIL de fuentes de Cancillería, la prioridad es preservar la buena relación entre los gobiernos de Javier Milei y José Antonio Kast, en línea con el comunicado conjunto que difundieron el 3 de septiembre, cuando el Presidente viajó a Santiago para participar del V Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso, y se reunió con su par chileno en La Moneda. En ese texto, Chile reiteró su respaldo a los derechos argentinos sobre las islas y rechazó la exploración británica de hidrocarburos y la pesca en la zona en disputa.
La ruta Punta Arenas-Malvinas tensa la relación con Chile mientras se espera el fallo por Sea Lion
Cancillería y la controversia con Chila
A eso se suma el "diálogo permanente" que mantienen ambas cancillerías, un detalle no menor luego del cruce indirecto en declaraciones a los medios de la semana pasada. En una entrevista con Eduardo Feinmann por A24, el canciller Pablo Quirno había planteado que esperaba que Eastern Naviera, la compañía dueña del buque, "pida la autorización correspondiente" para atravesar aguas argentinas rumbo a Malvinas. Sus dichos hicieron eco en los medios trasandinos, que reflejaron la postura de su par chileno, Francisco Pérez Mackenna, quien aseguró que "los países no piden permiso", e invocó el paso inocente que reconoce la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
En tanto, en el Palacio San Martín sostienen que tanto la Argentina como Chile cuentan con normas que contemplan este tipo de casos, por lo que piden "no generar una controversia donde no existe".
Sin embargo, hace meses que el tema genera ruido entre Buenos Aires y Santiago, una incomodidad que la política de ambos lados intenta contener frente a la presión de los empresarios de Magallanes, que ven en las islas un mercado de abastecimiento, y de sectores militares chilenos de línea más dura hacia la Argentina. El malestar se repitió a lo largo del año en los pasillos diplomáticos, incluida la última cena anual del CARI, donde circuló un reproche del sector privado chileno hacia las objeciones argentinas frente a la conexión que las islas mantienen desde hace años con otros países, como Uruguay.
Por su parte, el embajador de Chile en la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, fue quien con más claridad expuso esa tensión en público en septiembre. Ante el Rotary Club de Buenos Aires, sostuvo que "si los chilenos entendemos que para Argentina Malvinas es importante, hagámoslo propio", aunque pidió lo mismo en el caso de la soberanía chilena sobre el Estracho de Magallanes, tras la polémica generada en torno a las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde. En esa línea, advirtió que "la integración madura no exige relativizar fronteras ni tampoco exacerbar intereses nacionalistas".
La encrucijada chilena: quién debería pedir el permiso
Para la Argentina, en cambio, el punto central es que el Danstar no transporte insumos que puedan abastecer la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, con foco en Sea Lion, el proyecto de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Es una preocupación que va más allá de Hamburgo, donde en las audiencias del 10 y 11 de noviembre la Argentina pidió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para frenar el proyecto mientras se constituye el tribunal arbitral.
En línea con la reciente postura de la cartera conducida por Quirno, el matiz llegó desde La Moneda. Con el carguero ya amarrado en la capital de Magallanes, el vocero del gobierno chileno, Gonzalo Arenas, separó la posición del Estado chileno de las obligaciones de la empresa. "Lo que pasa es que el Estado de Chile no tiene que pedir permiso, el que tiene que pedir permiso es el buque", afirmó según información del canal T13, y agregó que el Danstar deberá cumplir “con todas las obligaciones que correspondan por parte de un barco privado”.
La distinción no es menor, porque coincide con lo que había planteado Quirno, que puso la responsabilidad en "la compañía" y no en el Estado chileno. Según el medio chileno Ex-Ante, era la salida que el gobierno chileno venía estudiando para evitar una crisis diplomática con la Argentina. La fórmula, no obstante, generó rechazo en Chile, donde el exministro de Defensa Jaime Ravinet calificó las palabras de Arenas como "equivocadas", mientras siete exmandos de la Armada advirtieron que aceptar esa tesis equivaldría a instalar una especie de "aduana" a la salida del Estrecho de Magallanes.
El nudo jurídico está en el paso inocente, la figura del derecho del mar que permite a cualquier buque atravesar las 12 millas del mar territorial de otro Estado siempre que lo haga de forma rápida e ininterrumpida y sin poner en riesgo su seguridad. Chile lo invoca junto con los tratados de 1881 y 1984, que garantizan la libre navegación hacia y desde el Estrecho, mientras que la Argentina sostiene la vigencia de su normativa para los buques con destino a Malvinas.
Según trascendió, en Casa Rosada aseguran que la información con la que cuentan descarta que el Danstar transporte insumos para Sea Lion, y esa lectura coincide con la de la naviera, cuyo gerente general, Pablo Pacheco, aseguró que la operación está "total y absolutamente desmarcada" de la explotación petrolera. Sin embargo, hasta ahora no hubo una verificación independiente sobre el destino de toda la mercadería, que según la empresa incluye alimentos, frutas y materiales de construcción.
La frontera entre abastecer a los isleños y dar soporte logístico a las petroleras es la que el Ejecutivo buscó trazar en septiembre con el decreto 868/2026, que endureció las sanciones a quienes participen en la explotación de recursos en los espacios marítimos en disputa y condicionó el acceso al RIGI para las empresas vinculadas a esas actividades.









