La causa Propofest, que investiga el presunto desvío de anestésicos del Hospital Italiano de Buenos Aires, sumó un nuevo capítulo judicial. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional anuló el avance hacia el juicio oral contra Hernán Boveri y Delfina “Fini” Lanusse. La decisión responde a que todavía quedan pruebas pendientes que podrían modificar el alcance de la presunta maniobra y la responsabilidad atribuida a cada uno de los acusados.
El expediente deberá regresar al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 para completar una serie de medidas que habían sido solicitadas por la Fiscalía. Entre ellas, el análisis de los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos secuestrados a los imputados, cuyo contenido podría aportar información sobre el circuito de los medicamentos y modificar los hechos incluidos en la acusación.
La resolución, firmada por el camarista Nicolás Grappasonno, respaldó los cuestionamientos del Ministerio Público Fiscal, que se había opuesto a cerrar la investigación sin conocer los resultados de esas pericias. Para Casación, avanzar hacia el juicio en esas condiciones podía comprometer su desarrollo e incluso su validez.
Qué buscan en los celulares de Boveri y Lanusse
Boveri, exmédico de planta del servicio de Anestesiología del Hospital Italiano, y Lanusse, exresidente de tercer año de la misma especialidad, están procesados por defraudación por administración fraudulenta. Según la hipótesis judicial, habrían desviado propofol de la institución para utilizarlo fuera del ámbito hospitalario.
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Los procesamientos fueron dictados en abril y confirmados en junio por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Boveri fue considerado presunto autor de la maniobra, mientras que Lanusse quedó procesada como partícipe secundaria.
Sin embargo, al confirmar esas decisiones, los camaristas también habían señalado que era necesario avanzar con el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos.
El fiscal Lucio Herrera, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°29, solicitó entonces la intervención de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
La importancia de esa medida radica en que los resultados podrían servir para reconstruir aspectos de la presunta maniobra que todavía no fueron esclarecidos. La Fiscalía advirtió que la información obtenida podría modificar tanto los hechos atribuidos a los acusados como el grado de participación de cada uno.
Los registros del Hospital Italiano
La investigación tiene otro punto pendiente. Además de los peritajes informáticos, Herrera había solicitado documentación para determinar en cuántas intervenciones médicas participaron Boveri y Lanusse entre enero de 2025 y febrero de 2026 en las que se hubiera registrado la utilización de propofol.
El objetivo era contrastar los procedimientos realizados dentro del hospital con los registros de utilización del anestésico, en el marco de la investigación sobre su presunto desvío.
La investigación también busca determinar si los acusados utilizaron indebidamente medicamentos del Hospital Italiano y qué perjuicio económico le habrían causado a la institución.
Cuánto propofol habría sido desviado, durante qué período y mediante qué mecanismos son las cuestiones centrales para determinar el alcance de la acusación. Los elementos incorporados hasta ahora permitieron avanzar con los procesamientos, pero la Fiscalía considera que todavía falta completar la reconstrucción.
Por qué la Fiscalía se opuso a que comenzara el juicio
El conflicto judicial comenzó cuando el Juzgado N°47 consideró que las pruebas pendientes podían producirse durante el debate oral y decidió avanzar con el cierre de la investigación.
Herrera se opuso a esa decisión. Entendía que los peritajes no eran secundarios y que sus resultados podían tener consecuencias sobre la acusación.
La discusión continuó cuando el expediente llegó al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17. En agosto, la fiscal María Luz Castany solicitó que la causa regresara a primera instancia.
En su presentación, sostuvo que el análisis de los dispositivos electrónicos “excede lo que razonablemente se puede entender como una medida de prueba secundaria o tangencial” que pudiera quedar pendiente para la etapa de juicio.
La representante del Ministerio Público Fiscal advirtió que esos resultados podían ampliar los hechos investigados, precisar la intervención de los imputados e incluso modificar su encuadre jurídico.
El juez Pablo Vega, del Tribunal Oral N°17, coincidió con ese planteo y consideró prematura la elevación a juicio. Sin embargo, el juzgado de instrucción aceptó parcialmente la devolución y volvió a remitir el tramo correspondiente a Boveri.
La controversia terminó en Casación, donde el fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi respaldó la postura de sus colegas.
Al resolver, Grappasonno consideró que la prueba pendiente era útil y pertinente para la investigación. También señaló que sus posibles consecuencias todavía eran difíciles de delimitar, por lo que no correspondía postergarla hasta el juicio oral.
En consecuencia, anuló la resolución del 17 de julio, mediante la cual el juzgado había rechazado el planteo fiscal, y dejó sin efecto las actuaciones posteriores.
La investigación que se cruza con otros expedientes
La decisión judicial también vuelve a poner el foco en las conexiones entre la causa del Hospital Italiano y otras investigaciones vinculadas con el presunto desvío y consumo de anestésicos.
En su presentación, Castany recordó que el expediente tiene relación con otras tres causas. Una de ellas investiga las circunstancias de la muerte de Alejandro Zalazar, el anestesiólogo encontrado sin vida en febrero de este año en su departamento del barrio porteño de Palermo.
Otra investigación involucra a Chantal “Tati” Leclercq, médica residente del Hospital Rivadavia, imputada en un expediente independiente por la presunta sustracción de medicamentos de ese establecimiento. La tercera tramita en el fuero federal porteño.
En el caso de Leclercq, la investigación también incluyó medidas para reconstruir el circuito de los medicamentos, entre ellas auditorías de stock y el análisis de registros de entrega y utilización de anestésicos.
La muerte de Alejandro Zalazar
El caso cobró notoriedad tras la muerte de Alejandro Zalazar, un anestesiólogo que fue encontrado sin vida el 20 de febrero en su departamento de Palermo.
En la vivienda, los investigadores encontraron elementos para la administración intravenosa de medicamentos. Los estudios toxicológicos posteriores confirmaron que tenía propofol, fentanilo y lidocaína en sangre.
La autopsia había establecido que falleció como consecuencia de un edema pulmonar, mientras que los resultados complementarios permitieron identificar las sustancias presentes en su sangre.
Entre los testimonios incorporados a esa investigación aparece el de Leclercq, quien mantenía una relación de amistad con Zalazar. La médica declaró que en una oportunidad le había pedido ayuda para asistir a Lanusse, a quien había encontrado bajo los efectos del propofol.
Cómo sigue la causa Propofest
Con la decisión de Casación, el expediente vuelve a la etapa de instrucción y deberán completarse las medidas probatorias pendientes antes de que pueda avanzar nuevamente hacia el juicio oral.
Los procesamientos de Boveri y Lanusse continúan vigentes. Una vez incorporados los resultados, la Fiscalía deberá evaluar su impacto sobre los hechos investigados, la participación atribuida a los imputados y la acusación que eventualmente se llevará a juicio.
El caso que comenzó con sospechas sobre el desvío de anestésicos del Hospital Italiano y adquirió notoriedad por las denominadas fiestas Propofest enfrenta ahora una instancia decisiva.
