Supongamos que Cristina Kirchner no puede justificar cómo se enriqueció, teniendo en cuenta que nunca fue una abogada exitosa y toda su carrera laboral la hizo cobrando los moderados sueldos del Estado. Y ahora supongamos que tiene derechos.
El derecho a defenderse, a declararse inocente aunque no lo sea, a no ser víctima de cazas mediáticas (como hizo ella durante su mandato) o a que los jueces no manden presos a sus funcionarios sin antes procesarlos o llamarlos a declarar. El derecho a que sus conversaciones privadas no sean intervenidas sin una causa judicial que lo amerite y, si lo amerita, que esas escuchas no se filtren al público.
Puede que ella, además de culpable, sea mala. Pero la cuestión es que los culpables y malos igual tienen derechos.
Escuchas y escraches. Hace meses que los diálogos telefónicos entre Cristina y Parrilli son reproducidos por todos los medios. Los medios no pincharon los teléfonos y ellos son dos personajes públicos que hablan de temas públicos, de interés público.
El problema no es ése, sino que se use la estructura del Estado para hacer inteligencia sobre dirigentes opositores y luego se utilicen sus resultados para castigarlos políticamente.
Eso es lo que el kirchnerismo hizo durante doce años. Tanto Noticias como PERFIL investigaron y fotografiaron las centrales que usaba la ex SIDE para espiar a los opositores. Carrió lo denunció ante la Justicia, pero no pasó nada. Eran los tiempos de enamoramiento entre la mayoría de los medios y de la sociedad con el kirchnerismo.
Ahora Cristina sospecha que se inventan causas con el solo objetivo de pincharle los teléfonos “legalmente”. Hace bien en sospechar: sus gobiernos hacían lo mismo para espiar a opositores y periodistas díscolos. Esta editorial lo sabe bien: el ex juez Oyarbide espió las comunicaciones de sus periodistas, tras recibir un papel de ocho líneas con una denuncia anónima.
Cristina cree, incluso, que quienes la espían pueden ser los mismos que antes espiaban para ella, como Jaime Stiuso o personas cercanas a él que trabajarían con dos jueces federales.
Anestesia general. Los cruces entre Cristina y Parrilli se transformaron en un espectáculo de buen rating. Pero también sirven para entender que, en privado, detrás de la máscara social, en una charla que considera íntima, una ex presidenta puede sonar parecida a una señora cheta común, confundida, poco sofisticada y lejos de cualquier épica. Probablemente, con la guardia baja del deber ser, pocos puedan atravesar con éxito esa prueba.
Pero lo cierto es que el país se acostumbró a esperar con ansias cada nuevo capítulo de esta ficción verdadera. Una telenovela magníficamente interpretada por una mujer siempre al borde de un ataque de nervios y un fiel secretario que se esfuerza por complacerla y contenerla emocionalmente.
Ella es un poco maltratadora, tanto con su secretario como con la mayoría de los que menciona (aliados o adversarios), pero es hábil en insultos y respuestas rápidas. El es involuntariamente gracioso y parece su esclavo, pero a la vez conoce a la perfección los resortes psicológicos necesarios para que el amo siempre necesite de él.
La audiencia, nosotros, entendemos bien a qué juega cada uno. Nos divertimos y sufrimos con la tensión que se genera entre ellos. Por eso, el momento más festejado de cada episodio es cuando esa tensión explota y ella suelta su latiguillo: “¡Me calienta mucho que seas tan pelotudo, Oscar!” o “¡Soy yo, Cristina, pelotudo!” o algún remate similar que debe incluir, sí o sí, la palabra “pelotudo”. Es como el “Si no me tienen fe” del Manochanta de Olmedo o el
“¿Y ahora me lo venís a decir?”, del Juan Perugia de Gastón Pauls, que se repetían programa tras programa, como el hit del sketch.
No, nadie parece demasiado conmocionado porque no se trate de ficción sino de un espionaje con escrache a la principal opositora del país. No es la primera vez que pasa, ni aquí ni en el mundo, donde el escándalo más célebre en ese sentido se llamó Watergate. Lo que sorprende es el grado de anestesiamiento institucional, que lleva a que todos nos dediquemos a comentar los pormenores de cada nueva escucha en lugar de preguntarnos cómo es que permitimos esto.
La sociedad del espectáculo es capaz de perdonar cualquier cosa, con tal de que sea entretenida.
Investigación. Esto es lo que se pudo saber sobre los responsables de las escuchas y filtraciones:
1) Por lo menos la primera parte de las conversaciones conocidas el año pasado partieron de un pedido del juez Ariel Lijo por una causa contra Parrilli por encubrimiento a un supuesto narcotraficante, cuando él era el jefe de los espías.
2) El pedido fue ejecutado por personal de la Dirección de Escuchas de la Corte Suprema.
3) Solo por esa causa se grabaron cientos de horas que, en soporte físico, entraron en noventa CD’s.
4) Es probable que haya otras pinchaduras provenientes de causas contra Cristina y que se conocerían en las próximas semanas.
5) Tanto en Tribunales como en el Gobierno, se asegura que en este caso, no intervinieron agentes de la Unidad de Información Financiera (UIF) ni de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ni de fuerzas de seguridad. Lo suelen hacer en intervenciones telefó,nicas “en vivo”, como en los secuestros extorsivos, no en causas de largo plazo. Pero en off the record nadie se atreve a afirmar que estas escuchas no hayan pasado por sus manos.
El juez Lijo niega que su juzgado sea el responsable de la filtración y señala que hace un año formalizó una denuncia para averiguar qué sucedió.
Su explicación sobre los procesos de seguridad de las escuchas que solicitó, es ésta: “Es un sistema que tiene muchos mecanismos y protocolos de confidencialidad. Lo que pasa es que, como en cualquier actividad, la responsabilidad tiene que ver con los distintos actores que intervienen en las diferentes etapas”.
La revelación de que la seguridad de las escuchas “tiene que ver con los distintos actores” no cambiará el curso de la historia judicial argentina ni garantizará, de por sí, el efectivo control de esas escuchas.
El juez Javier Leal de Ibarra es el responsable, junto con el camarista Martín Irurzun, de la Dirección que intervino las comunicaciones de Oscar Parrilli. Asegura que hasta el viernes pasado, y a un año de la denuncia que habría hecho el juez Lijo, nadie le pidió informaciones a esa dependencia.
Leal de Ibarra está convencido de que las filtraciones no ocurrieron allí, pero no pone las manos en el fuego sobre el nivel de seguridad de esas escuchas al salir de la Corte. Agrega que el año pasado se presentó en el Senado un proyecto para establecer penas más duras sobre quienes cometan filtraciones de este tipo.
Desde el Ministerio de Justicia toman distancia. Aceptan la gravedad de los hechos, pero reconocen que no presentaron ni presentarán una denuncia. Temen, dicen, que pudiera ser interpretada por los opositores como una sobreactuación. En cambio, anticipan que quieren avanzar en un programa como IRAM para homologar normas que certifiquen la seguridad de estos procesos. Y aceptan que los actuales dejan mucho que desear.
En el Gobierno deslindan responsabilidades y ven “la interna del peronismo llevada a la Justicia”, mencionando supuestas visitas reservadas al juez Bonadio de dirigentes como Massa, Pichetto (que las niegan) y algún gobernador no identificado. Afirman que fue ahí, en Tribunales, desde donde se distribuyeron las escuchas.
Vendettas. Hace más de un año que se conocieron los primeros diálogos entre Cristina y Parrilli y a nadie parece interesarle, de verdad, qué pasó.
Al Gobierno le puede ser funcional que la ex presidenta siga desnudando sus precariedades frente a todos; a los espías y al mundillo judicial, cobrarse viejas deudas; y a la sociedad, saciar su morbo.
Pero después no nos pongamos tristes cuando, quienes nos ven de lejos, piensen que somos poco serios.
