Cifras, testimonios y postales de un poder judicial “desbordado”

El estado de atraso, enredo burocrático y deficiencia en infraestructura e insumos que exhibe la Justicia de Córdoba, pese a las iniciativas para digitalizar sus procesos, es cada vez más alarmante. Por primera vez, un trabajo estadístico y con criterios metodológicos le pone números a la alarmante situación en que se encuentra la Justicia provincial. 

El Colegio de Abogados de la provincia le encargó a la consultora privada Economics Trends una encuesta sobre la imagen de la Justicia cuyo capítulo estadístico incluye un exhaustivo informe para dar cuenta de las condiciones en que se trabaja, el volumen de causas que ingresan y la evolución en la resolución de esos expedientes. 
 
Todo eso, cruzado con un análisis de las partidas presupuestarias obtenidas a lo largo de los últimos años y la comparación con el trabajo en otras provincias. Si a eso se suman los testimonios de los empleados, funcionarios y abogados litigantes, además de algunas postales de capital y las unidades judiciales en el interior, el diagnóstico es, por lo menos, preocupante.

Resolución de causas, estancada. El trabajo de Economics Trends tiene varios aspectos a analizar. Uno de ellos es el aumento en el ingreso de causas y su acumulación. Según los datos, entre 2006 y 2015 se acumularon en la Justicia provincial 1.934.928 causas irresueltas: ingresaron 3.506.889 causas y se resolvieron 1.571.961 causas (no se incluyen ingresos ni resoluciones de 2010, por falta de datos y aún no se consolidaron todos los datos 2016). “Esta acumulación, equivalente al 55.2% de las causas ingresadas, es mucho mayor que en provincias comparables, como Buenos Aires (36.1%) y Santa Fe (7%) y similar a Mendoza (56.4%). Y es consecuencia de que, entre 2006 y 2015, los ingresos de causas en la Justicia provincial se incrementaron un 24%, mientras que la resolución de causas se redujo un 36.9%”, detalla Gastón Utrera, director de la consultora. 

En ese sentido, se puede observar que la caída en la cantidad de resoluciones no ocurrió en provincias comparables: se incrementaron 85.8% en Buenos Aires, 0.4% en Santa Fe y 3.9% en Mendoza.

Presupuesto en aumento. Una hipótesis sobre la acumulación de causas podría ser que el presupuesto no se vio incrementado en los años analizados. Sin embargo, según los datos recabados, la caída en la resolución de causas en Córdoba no se debe a restricciones presupuestarias: entre 2006 y 2015, el presupuesto provincial ejecutado asignado al Poder Judicial se incrementó, en términos reales (descontando inflación), un 100.9%, muy por encima del crecimiento en el ingreso de causas (+24%). Así, mientras los recursos del Poder Judicial se duplicaron, la resolución de causas cayó 36.9%. 

Finalmente, y comparando con otras provincias similares, se refuerza la hipótesis de que la acumulación de causas en la justicia provincial no es consecuencia de restricciones de recursos, sino de deficiente gestión. El presupuesto del Poder Judicial por causa resuelta es el triple que en Mendoza, casi el triple que en la provincia de Buenos Aires y más del cuádruple que en Santa Fe.

Infraestructura que deprime 
En la jerga judicial, las unidades judiciales son conocidas como “trincheras” y en ese sentido se encuentra un poco de todo. La Unidad Judicial 21°, de barrio Los Naranjos, por ejemplo, funciona en una cochera. En un lugar así se amontonan empleados judiciales, auxiliares, agentes policiales y expedientes. Esa es una de las tantas dependencias judiciales que muestran un panorama desolador y dan forma a las muchas postales lamentables que muestra el Poder Judicial de Córdoba. 

“La situación edilicia y de infraestructura que se puede ver en los edificios del Poder Judicial es desastrosa. En el Palacio de Justicia hay salas de audiencia en los pasillos y en rincones debajo de las escaleras. Pero si uno visita las unidades judiciales que están en los barrios o en el interior, el panorama es peor”, destaca Federico Cortelletti, secretario general de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.  

En 2016 el presupuesto del poder judicial fue de más de $ 5.515 millones. Un 91,98% del total fue para “Personal”, el 3,03% se destinó a “Servicios no personales”, 2,97% en “Trabajos Públicos”, el 1,08% en “Bienes de consumo” y sólo el 0,92% en “Bienes de capital”.

“Las unidades judiciales de Carlos Paz y de Alta Gracia son las peores. Pero en Capital hay de todo: salas de audiencia que funcionan en baños y cocinas. Recién llegamos de relevar a compañeros que trabajan es condiciones insalubres y espacios mínimos tapados por cajas y expedientes. Se trabaja en situación de hacinamiento. En Tribunales hemos tenido desbordes de cloacas, un incendio en la Cámara Laboral IX y un ascensor que se desplomó. Después de eso, se constataron 15 infracciones o irregularidades a la ley de Higiene y Seguridad en lo relativo a las condiciones y medio ambiente de trabajo, como alfombras y espacios de madera sin tratamiento ignifugo, oficinas con mayor cantidad de personal que el permitido, escritorios obstruyendo vías de circulación y evacuación. Y cada dos o tres meses tenemos que fumigar por la cantidad de cucarachas y alacranes”, remarcan desde el gremio. 

El capítulo edilicio de la justicia en Carlos Paz da mucho para contar. En una galería comercial funciona un juzgado civil, notificadores, asesoría y un juez de control. Además, se alquilan otras cuatro casas. “Eso pese a que hace 9 años el TSJ compró un lote en forma directa invocando emergencia judicial e inhabitabilidad de los edificios. Era para tener una sede propia y unificar las dependencias. Pero aún la obra no se hizo y el lote está prestado en comodato al Club Sportivo Bolívar”, remarcan desde el Colegio.

La Policía Judicial, abandonada a su suerte. En el ámbito de la Policía Judicial (que cuenta con direcciones como la Policía Científica, Sumarios y Asuntos Judiciales, la de Investigación Operativa y la de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información) las postales pueden ser peores. A las falencias edilicias se suman otros ingredientes: “para la ciudad de San Francisco, donde hay cuatro fiscalías hay un solo ayudante de fiscal. Acá se ve muchísima vulnerabilidad, falta de recursos y se trabaja en condiciones insalubres, con muchos agentes expuestos al deterioro físico y mental”, comenta Javier Marzari, empleado de la Policía Judicial. 

Otros agentes también recalcan que trabajan atados a una legislación vetusta que los expone día a día: “tenemos que acompañar en procedimientos a los que vamos sin chalecos antibalas. La legislación les sigue dando el mismo tratamiento que a un arma y en lo concreto nos toca trabajar en contextos de muchísima violencia sin ningún tipo de resguardo”, comentó un empleado de la Policía Judicial.

“Yo escribo las sentencias o no salen” 
El calamitoso estado de la burocracia no se limita a un impacto negativo para los empleados. Lo viven a diario los miles de abogados litigantes que recorren los pasillos de Tribunales y sus distintas dependencias y repercute de lleno en los ciudadanos, empresas e instituciones que esperan la resolución de cientos de expedientes para seguir con sus vidas: “Todos los años se acumulan miles de causas porque los juzgados no dan abasto. Los abogados de parte terminamos escribiendo las sentencias, las llevamos escritas, el juez lee y firma. Eso se hace todo el tiempo, sobre todo en el fuero Civil y Comercial. Si no hacemos eso, la causa no sale. Yo viajo mucho, cuando cuento esto en el exterior nadie me cree. Hay 52 juzgados civiles y deberían ser el doble”, destacó un abogado que pidió reserva de su identidad.