En la fiscalía Anticorrupción N°2 se investiga una denuncia penal contra funcionarios de la Secretaría de Planeamiento e Infraestructura de la Municipalidad y las empresas CiarSA yPablo Federico. La presentación señala que existiría un mecanismo desde el municipio para favorecer a esas firmas, beneficiarlas a través de sobreprecios y de procesos de redeterminación de los presupuestos en procesos de aparente legalidad.
Actualmente, el proceso se encuentra en plena investigación y esperando que se concluya con la pericia contable sobre el contenido de los expedientes administrativos, según informaron a este medio fuentes del fuero especial. La denuncia fue presentada por el abogado Pablo Olmos, quien trabaja junto a Gloria Irahola Poppe vocal por la minoría (por el espacio ADN) en el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Córdoba.
En el fondo, sostiene la denuncia, los actos administrativos que permiten las adjudicaciones de las obras “encierran un mecanismo defraudatorio para el erario municipal”. Entre 2013 y 2016 la Municipalidad de Córdoba destinó 474 millones a obras en el área de Infraestructura y de ese total, el 44 por ciento fue para las empresas Ciar SA y Pablo Federico.
Cómo es el proceso cuestionado. La denuncia se basa en la sospecha sobre el mecanismo con que se llevaron adelante esos procesos licitatorios. Lo describe, sintéticamente, del siguiente modo: en un primer momento, cuando se abrían las licitaciones, los pliegos establecían montos inferiores a los que en general las empresas podían ofrecer, desalentando de ese modo su participación. No estaban dispuestas a presentar ofertas resignando sus márgenes de ganancias. Sin embargo, sí ofrecían Ciar SA y Pablo Federico, cotizando por montos superiores que significaban incrementos cercanos al 50 por ciento respecto del presupuesto oficial.
Ante esas ofertas, desde la Secretaría de Planeamiento actualizaban los presupuestos de modo tal que se acercara a lo ofrecido por la firma privada. Un detalle. Esa readecuación se producía sin superar una diferencia del 20 por ciento para que quedara encuadrado en un decreto vigente desde el año 2010.
La norma establece que la Municipalidad tiene la posibilidad de adjudicar con una diferencia de más o menos el 20% de los montos establecidos en el pliego, sin que los oferentes tengan derecho a formular ningún reclamo.
Siempre según la denuncia, la Dirección de Compras y Contrataciones “a los fines de dar un marco de aparente legalidad solicita a Ciar SA una mejora de precios y como respuesta se obtienen mejoras irrisorias con descuentos de, por ejemplo, el 1%, un porcentaje intrascendente o que en la mayoría de los casos no acceden a ninguna”. De ese modo se habrían adjudicado las obras por los montos cotizados por las firmas privadas, al tiempo que se habría dejado fuera de competencia al resto de las empresas.
La denuncia sostiene que “es una maniobra que se repite de manera sistematizada y coordinada”.
En la investigación radicada en la fiscalía Anticorrupción N° 2 se incluyen dos casos a modo de ejemplo. Uno de ellos se refiere al expediente 5.849/16 por la reparación, bacheo y mantenimiento de las calles de la ciudad. La Dirección de Obras Viales fijó el presupuesto oficial inicial en $50,5 millones. Es el área donde están los equipos técnicos capacitados para determinar el costo de material y mano de obra. En base a ese monto se convocó a una licitación pública. Hubo pocas ofertas, entre las cuales se encontraba la de Pablo Augusto Federico por $65,8 millones de pesos; es decir un 30 por ciento por arriba del precio fijado en la convocatoria.
Otro de los casos que se exponen, con acompañamiento de la documentación, está referido al expediente Nº 79.032. También es por bacheo y asfaltado de calles en los años 2015 y 2016. El presupuesto oficial del llamado a licitación fue fijado en 11,2 millones de pesos pero se termina adjudicando por 15, 8 millones de pesos. En el interín, la Municipalidad solicita a la empresa disminuir el costo para acercarse a las cifras iniciales a lo que la firma responde que “es imposible”.
QUE DICEN DESDE LA MUNICIPALIDAD
PERFIL CORDOBA se comunicó con el ingeniero Omar Gastaldi, titular del área de Planeamiento quien derivó la consulta a Asesoría Letrada por tratarse de una denuncia judicial. Fuentes de esa dirección respondieron que los procesos licitatorios contienen una serie de condiciones que los hacen burocráticos y se extienden en el tiempo. Con la inestabilidad cambiaria y los procesos inflacionarios que vive el país es común que se apliquen readecuaciones en los presupuestos.
“El precio de insumos como el alquitrán se va por las nubes en este contexto -explicaron- incluso las redeterminaciones quedan atrasadas”.
También señalaron que los esquemas de ajuste de precios dependen de la Dirección de Presupuesto que los efectúan en base a una fórmula polinómica. La fuente expresó la aspiración a generar procesos informáticos para las licitaciones públicas con el fin de agilizarlos y acortar los plazos que den más previsibilidad y requieran menores correcciones.
