“La edad y la inseguridad no son el centro de este debate”

“No se puede hablar hoy de una reforma sin tener en cuenta todos los principios marcados por los tratados internacionales y la normativa de la infancia. Es un sistema de protección integral. El tema de la edad es solo un aspecto”.

Así comenzó la entrevista de PERFIL CORDOBA a la fiscal Penal Juvenil de 2º turno, Norma Graciela Scaglia, en el marco del debate por la edad de imputabilidad de los menores, contenido en un proyecto de ley para reducirla a los 15 años.

—¿Qué piensa de la decisión del gobierno de modificar el régimen penal juvenil?

—El que está vigente es del año 1980. Es un debate necesario, pero la edad es tan solo uno de sus ingredientes. Con la reforma constitucional de 1994, se incorporó la Convención de los Derechos del Niño (CDN) por lo tanto sus principios integran el bloque de derechos humanos que son de carácter obligatorio. No se puede hablar hoy de una reforma sin tener en cuenta todos los pilares marcados por los tratados internacionales, la normativa de la infancia y los derechos y garantías de las víctimas de delitos.

—¿Por qué debe ser diferente el tratamiento penal de un menor de 18 años?

—Porque el joven debe res ponderpor el delito cometido pero no de igual manera que un adulto por ser un sujeto en crecimiento. Los principios de proporcionalidad, especialidad y mínima intervención rigen en todo procedimiento donde se encuentran involucrados jóvenes.

—¿Hay límites en relación con la edad?

—La opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es invitar a los países a que no bajen la edad de imputabilidad y que, en caso de hacerlo, sea lo menos posible. Tiene que ver con el criterio de madurez que tiene previsto la CDN. En Argentina, con la reforma del Código Civil superamos el concepto numérico para hablar de la madurez, de la capacidad progresiva de los menores.

—¿Bajando la edad de imputabilidad se combate la inseguridad?

—No. Tenemos que plantearnos para qué nos ayudaría bajar la edad de imputabilidad. O, quizás, es más conveniente preguntarnos cómo abordamos la infancia para que no llegue a un régimen punitivo. El sistema es socioeducativo y, solo eventualmente, punitivo. Lo que tenemos que discutir es cómo hacemos para que el joven que transgredió la ley no vuelva a caer en el delito.

—¿Se recuperan los jóvenes privados de libertad?

—No podríamos trabajar en este fuero si eso no fuera posible. Nuestro trabajo consiste en que el joven se responsabilice por el hecho cometido, incorpore valores que lo ayuden a reincorporarse a la sociedad. Además, el adolescente no está solo, tiene una familia y vive en sociedad. Por eso interviene no solo la Justicia, sino también los ministerios de Salud, de Educación, de Desarrollo Social.

—¿Es verdad que los chicos entran por una puerta y salen por la otra, por eso los usan para delinquir?

—No. La internación de un joven en un instituto especializado es la medida más gravosa. También hay intervención judicial cuando está en la casa, con su padre, a través de un programa de control, como la libertad asistida.

—¿Cree, desde su convicción, que si alguien sabe que puede ir a la cárcel no cometerá ningún delito?

—No lo creo. El joven llega al delito por múltiples circunstancias, por carencias, necesidades, falta de contención familiar, entre otras. Lo punitivo no desalienta el delito. Cuando se llega a cometerlo es porque ha fallado la prevención.

 

EL PROYECTO

◆ El Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil tiene 100 artículos, 16 capítulos, y un anexo 
◆ Se aplicará en delitos reprimidos con 15 o más años de prisión (homicidio, violación o abuso sexual agravado, robo con armas de fuego) 
◆ La privación de la libertad será último recurso. Hasta un año, pero prorrogable. 
◆ Habrá un Plan Individualizado para cada adolescente, con aspectos sociales, educativos, recreativos y de salud. 
◆ 15 años de prisión será la pena máxima que se podrá imponer a los adolescentes.

 

OCHO DE CADA 10 MENORES DETENIDOS TIENE 15 AÑOS O MAS

Según las últimas estadísticas desagregadas por delito y edad que difundió el Poder Judicial de Córdoba, ocho de cada 10 menores privados de libertad tienen 15, 16 o 17 años. El dato es de 2016.

La cita resulta relevante porque el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, resistido hasta el momento por la mayoría de partidos con representación en el Congreso, propone un nuevo régimen penal juvenil bajando a 15 años la edad de imputabilidad de los jóvenes. Aquel año fueron 1.132 los adolescentes privados de la libertad, de los cuales el 93% eran varones.

En relación con la edad, los grupos se clasificaron del siguiente modo: de 15 años representó el 19%, de 16 años, el 33% y de 17 años, el 36%. Sumados, los jóvenes de 15 a 17 años representaron el 88% del total de internos en los institutos especializados.

La iniciativa de reducir la edad desde la cual considerarlos penalmente responsable se aplicaría a hechos graves, como homicidio, violación o abuso sexual agravado y robo con armas de fuego. En la estadística se observan los porcentajes de cada tipo de delito. La mayor parte es por robos, aunque no está especificado si lo cometieron con armas, lo que agravaría la responsabilidad.